El futuro de la producción de biocombustibles en Argentina, que es el tercer productor mundial de biodiesel en base a aceite de soja, y el quinto productor mundial de este combustible computando todas las materias primas procesadas (aceite de soja, de palma, colza, etc.), gana lugar en la agenda política copada por la pandemia del Covid-19 desde marzo de 2020.

En poco más de dos semanas, el próximo 12 de mayo, vence la ley 26.093, que establece el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, desde 2006 y beneficia a cerca de 50 plantas en todo el país.

Luego de algunos desencuentros entre quienes apoyaron un nuevo proyecto que alcanzó media sanción en el Senado en octubre de 2020 y los promotores de una prórroga para debatir con más tiempo, una nueva propuesta, que se le atribuye a Máximo Kirchener, pero en la práctica todos señalan al rosarino, Marcos Cleri, como ideólogo, ingresó a Diputados.

“Se da respuesta al sector productivo acompañando el modelo de desarrollo nacional”, dijo Cleri en relación a la nueva alternativa que propone un marco regulatorio hasta 2030, con posibilidad de extenderse por 5 años. “Es una propuesta integral, para dar respuesta al sector y acompañar un modelo de desarrollo nacional”, agregó.

Además de “garantiza seguridad jurídica” el proyecto pone acento sobre el rol de las empresas de escalas pequeñas y potencia la capacidad instalada que generaron las leyes 26.093 y 26.344, con herramientas objetivas para elevar o bajar el corte de acuerdo a parámetros precisos establecidos por ley.

El régimen actual fija en 10% el corte de biodiesel y en un 12% el de bioetanol, mientras que la nueva propuesta lleva el corte mínimo de Biodiesel a un 5% y mantiene un 12% para el Bioetanol.

El funcionario explicó que el proyecto “fue construido con mucho diálogo para buscar un consenso entre los legisladores de las distintas provincias productoras de biocombustibles; y para contar con el acompañamiento de las cámaras empresarias y de productores del sector, como las de azúcar a nivel nacional, la de maíz de Córdoba y Carsfe, de nuestra provincia”, y opinó que “es necesario avanzar en una nueva etapa en el marco regulatorio”.

Desde el sector empresario Federico Pucciariello, titular de Rosario Bionergy y referente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) se mostró conforme que señalar que “es una versión mejorada” del Régimen actual.

Acuerdo

“Se contempla un régimen de sustitución de importaciones, se establece una autoridad de aplicación con facultades para poder elevar o bajar el corte, cuidando la macroeconomía, pero también las economías regionales, el trabajo, el empleo y la producción de biocombustibles; y además se crea una comisión especial para planificar hasta el año 2030, donde las provincias productoras son parte”, detalló Cleri.

Pese a los contrapuntos, en el sector y, principalmente, en las provincias productoras existe consenso sobre la necesidad de profundizar los beneficios para las pymes. Pero también el debate de la norma en cuestión, generó pujas.

Por un lado, desde Córdoba el gobernador Juan Schiareti entiende que el proyecto beneficia al sector que produce etanol a base de azúcar, en detrimento de las empresas que utilizan maíz y otros granos, que son las instaladas en su provincia, por eso en reiteradas oportunidades solicitó que se prorrogue la ley vigente hasta lograr unificar criterios en un nuevo texto.

“Los cordobeses defendemos la producción y el empleo con uñas y dientes, porque nos costó mucho lograrlos”, dijo Schiaretti en un twet que fue compartido por el diputado de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez.

Otros sectores de la oposición cuestionan el poder que otorga el nuevo proyecto a la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Economía, como Autoridad de Aplicación. Además de hacer uso de todos los medios que considere necesario para el ejercicio de sus funciones de inspección y fiscalización, dictar normas complementarias y garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles, Energía podrá “establecer y modificar los porcentajes de mezcla mínima obligatoria de los biocombustibles con gasoil y/o nafta y garantizar su cumplimiento”, describe el proyecto.

Luego, el artículo 8, puntualiza que la Autoridad de Aplicación podrá elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio “cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas, o bien reducirlo hasta un porcentaje nominal de TRES POR CIENTO (3%), en volumen”.

“Cuando –continúa- el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último, o bien ante situaciones de escasez de biodiesel por parte de las empresas elaboradoras autorizadas por la Autoridad de Aplicación para el abastecimiento del mercado”.

Al evaluar el proyecto, que cuenta con la firma de 14 diputados, su principal autor, destacó que “el objetivo es preservar y fortalecer las economías regionales y las fuentes laborales, seguir cuidando el ambiente y, a la vez, evitar que un aumento significativo de los commodities impacte en el precio del litro de nafta y de gas oil, resguardando la macroeconomía y el modelo de desarrollo integral de la Argentina que venimos impulsando”.

Junto a Cleri, la iniciativa legislativa cuenta con el aval de los oficialistas Pablo Raúl Yedlin, Mabel Carrizo, Mario Leito, Carlos Cisneros y el diputado de Juntos por el Cambio Domingo Luis Amaya, todos representantes de Tucumán.

Además de Gabriela Beatriz Estévez, Eduardo Fernández y Pablo Carro de Córdoba; Alejandra del Huerto Obeid y Pedro Germán Martínez, de Santa Fe; Omar Chafi, de Mendoza; María Carolina Moises, de Jujuy; Alcira Elsa Figueroa, de Salta y Marcelo Casaretto de Buenos Aires, todos representantes del Frente de Todos.

Los legisladores buscarán la semana que viene comenzar el debate en las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda con el objetivo de avanzar con una nueva ley antes del 12 de mayo. |