Los subsidios energéticos demostraron ser uno de los principales disparadores del gasto público en el primer cuatrimestre del año según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En lo que va del año el Gobierno ya lleva devengados gastos en subsidios energéticos por $420.000 millones, una cifra que es 174 por ciento más alta que la del año pasado en términos nominales y el 78 por ciento en términos reales.

La suba del gasto en subsidios energéticos es una de las principales preocupaciones del ministro de Economía, Martín Guzmán y representa una cuota importante en el compromiso que se asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda de US$ 45.000 millones. Entre las metas, la Argentina se comprometió a reducir este año en 0,6 por ciento del PBI las transferencias destinadas a subsidiar las tarifas en gas y luz.

En contra de lo acordado, la OPC destaca en su informe que los gastos primarios, que sumaron $1.023.084 millones, crecieron un 11 por ciento en términos reales respecto de los primeros cuatro meses del año pasado. Esta suba obedeció, principalmente, a los subsidios energéticos, a la inversión real directa (infraestructura), a las transferencias a provincias y las prestaciones sociales.

Solo en abril, los subsidios energéticos aumentaron un 53,4 por ciento respecto del mismo mes de 2021 y explican gran parte del creciente déficit primario. Según el informe de la OPC, durante el mes pasado el rojo fiscal subió un 143,8 por ciento interanual el cual se explica, también, por la fuerte suba en la inversión real directa (+36.4 por ciento), por las transferencias a las provincias (28,4 por ciento) y las prestaciones sociales (+8,6 por ciento).

Las tarifas en debate

La semana pasada se concretó una nueva rueda de audiencias públicas para avanzar en un cuadro tarifario con nuevas subas en los servicios de gas y de luz que se aplicarán a partir del mes próximo.

El gobierno tiene un plazo de 10 días para emitir los informes finales antes de la actualización. “Uno se pregunta en qué país del mundo ha funcionado, para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social, tener subsidios energéticos por 3 o 4 puntos del Producto”, cuestionó el ministro Guzmán luego de recibir críticas de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

El Ejecutivo ya anticipó que busca aplicar una suba del 6% para los usuarios de la tarifa social, y de entre 17% y 20% en promedio para la gran mayoría de los usuarios residenciales del AMBA.

El reporte técnico describe que para el mes de abril ya se  ejecutó el 38,6% del presupuesto de todo el año, lo que representa 10,8 puntos porcentuales por encima del año pasado. Además, indica que las asignaciones familiares ya llevan comprometidas el 49,9% del crédito autorizado para todo el año, mientras que los subsidios energéticos el 42,2%.

En materia de gasto social la oficina del Congreso detectó una acelerada ejecución de su presupuesto en estos primeros cuatro meses del año. La OPC advirtió que, si el Gobierno pretende sostener el actual ritmo de ejecución, estas partidas necesitarán refuerzos presupuestarios.

Por su parte, los subsidios al transporte, sobre todo los colectivos de las líneas urbanas del área metropolitana, se llevaron $83.278 millones, con un incremento del 74 por ciento nominal y 13 por ciento real, mientras que el rubro Otros Subsidios, registró $36.510 millones, en este caso, con un recorte real del 28 por ciento.

Además, según el informe, en apenas cuatro meses del año las prestaciones sociales evidenciaron una ejecución del 41,8 por ciento, un porcentaje superior al promedio. Dentro de este rubro, las jubilaciones y pensiones ya erogaron el 41,4 por ciento de su partida, mientras que las asignaciones familiares consumieron casi el 50 por ciento de sus recursos asignados.

Al interior de los programas sociales se observa que las becas Progresar y el plan Potenciar Trabajo registraron una elevada utilización de su crédito, con el 84,3 por ciento y el 51 por ciento respectivamente.