Entre las empresas se encuentra Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian. La Secretaría de Comercio Interior las acaba de imputar.
En su batalla para frenar la inflación, el Gobierno de Alberto Fernández apuntó a las grandes empresas, que son justamente las “generadoras de los precios”, según la mirada del oficialismo. La Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Paula Español, las imputó por "retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización".
Las compañías que quedaron en la mira son Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian. La encargada de hacer las investigaciones fue la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores.
Las medidas se dan justo cuando el Gobierno intenta llegar a un acuerdo entre los gremios y las empresas en materia salarial y de precios. La semana pasada, ministros y representantes del Ejecutivo se sentaron en la mesa de discusión con ambas partes por separado. En la Casa Rosada se confía en que el 24 podría florecer el acuerdo.
Ahora las principales empresas “formadoras de precios” se encuentran en medio de un proceso que les podría costar severas multas y sanciones de diferente índole.
Según la subsecretaria de Acciones para la Defensa, se verificó que esas empresas incumplieron la intimación a "incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda", establecida por la resolución 100/2020 durante la emergencia sanitaria establecida en 20 marzo de 2020.
Esa resolución establece el marco legal para la posterior implementación de los Precios Máximos y tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados.
Durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, inspectores identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. A partir de esta evidencia, se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021.
Del análisis de la información remitida por las empresas se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos, señaló Comercio Interior, en un comunicado.
Según la información oficial, en los casos en que se verificó una reducción de la producción o en la distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza que incumplen con lo establecido en la resolución 100 y modificatorias, las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de 5 días hábiles acrediten de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma.
Además, se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas conducentes para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización. |