Las empresas denunciadas por el Gobierno coinciden al señalar que se enteraron de la imputación por infracción a la resolución 100/2020 (Precios Máximos) que conforma un incumplimiento a la Ley de Abastecimiento, esta mañana, “por los diarios”. Desde la cartera de Producción explicaron que la comunicación se realizó a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

“El objetivo, de todos modos, no es sancionar, sino que vuelvan a producir para poder abastecer de mercadería los puntos de venta”, informaron desde el área que coordina Paula Español y afirmaron que las sanciones previstas van desde los $500 a $10.000.000.

Negocios & Política contactó a los voceros de las principales compañías de la industria de alimentos que fueron denunciadas por razones diversas por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), y se mostraron sorprendidos porque el tema no se abordó en las reuniones de trabajo que el sector mantiene con la cartera de Desarrollo Productivo en mesas sectoriales.

“Nos enteramos por los diarios”, repitieron desde las empresas de consumo masivo y aseguraron que “no existió ninguna advertencia o preaviso” a la sanción dispuesta.

La denuncia, que se realizó en el marco de Precios Cuidados, el programa que busca proteger a los consumidores de los aumentos de precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados, tiene diversos argumentos. En el caso de Mastellone, que fue denunciada por no aportar información con el detalle requerido, al igual que la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini, informaron que recibieron el pedido el primero de febrero y lo respondieron el día ocho de este mes.

“No se puede acusar de desabastecimiento cuando la industria láctea transita por uno de los mejores momentos de producción”, dijo una fuente reservada a N&P.

El proceso administrativo que incluyó también a Fargo, AGD. Danone, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever y, P&G, implica la apertura de un expediente de oficio en el cual se registran las actuaciones de la Secretaría, la información que se recolectó y el motivo de la imputación. Una vez notificada la empresa a través del Trámite A Distancia (TAD) y debe responder en el plazo de 5 días o modificar la actitud que causó la imputación.

Desde la Secretaria a cargo de Paula Español explicaron que si la información que remite la empresa da cuenta que retomó el normal abastecimiento, se termina el proceso administrativo. Pero, si la información es insuficiente o si no la presentan, se avanza en el proceso de multa, a pedido de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores. 

Asimismo, las empresas pueden apelar en la Justicia y a partir de ahí el proceso se ajusta a los plazos judiciales.

Desde otra compañía del rubro alimentos dijeron que la medida resulta “injusta” y aseguraron que “el sector en general ha realizado los mayores esfuerzos para mantener el nivel de producción en el contexto atípico de la pandemia, cumplir con el acuerdo de respetar los precios máximos y producir a los niveles máximos de capacidad instalada, sin reducir personal”.

Respecto al proceso de investigación que derivo en las imputaciones, desde el Gobierno comunicaron que los inspectores de la Secretaría de Comercio Interior identificaron faltantes en góndolas, luego fiscalizaron los centros de distribución y constataron que desde las empresas proveedoras hubo inconvenientes en la entrega de mercadería.

El proceso continuó con requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021 a las empresas proveedoras. “Se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos”, afirmaron.

Al mismo tiempo señalaron que las compañías tienen un plazo de 5 días hábiles para retomar la producción y comercialización en los niveles de capacidad máxima

Mientras se aguarda una respuesta de las empresas a través de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios y Bebidas (Copal), entidad que las representa, la noticia encontró distintas interpretaciones en el arco político y económico.

En clave electoral

“Todo lo que hagan el Gobierno, la oposición y los distintos actores de poder debe ser mirado en clave electoral”, plantea Miguel Ponce, coordinador de la Comisión de Economía de la Convención Nacional UCR, y señala que el tema precios ha escalado en la agenda porque “no se ha podido domar la inflación”.  

El analista económico explica que en enero se mantuvo la misma inflación de diciembre (+4%) pero el rubro alimentos llegó a 4.9%, y de mantenerse esta tendencia no se cumplirá con la pauta de inflación oficial de 29%. "Todo indica que febrero vendrá con la misma inercia y el Gobierno, como uno de los principales responsables, por venir devaluando, está buscando alternativas".

Para Ponce el tema que ahora tensiona la relación entre las principales empresas de consumo masivo con el Gobierno, es la necesidad de controla el precio del dólar. Por eso, explica que, así como se ralentizó el proceso de devaluación del dólar oficial en torno a 2.5 en lugar del 4%, "se va a ir frenando la salida de divisas; eso genera restricción a las importaciones y desabastecimiento de insumos para la industria alimentaria".

Desde otro ángulo, Hernán Letcher, director Centro de Economía Política Argentina (CEPA) apunta al “poder de fuego” que ejercen las grandes empresas “para desabastecer y presionar sobre el precio se lo da su posición oligopólica en el mercado”.

En su cuenta de twitter mostró el caso de las harinas, donde la firma Molinos Cañuelas tiene el 59% del mercado con la representación de tres marcas. “Por ejemplo, Molinos Río de la Plata tiene 6 marcas de fideos, con las que ostenta el 79,4% del mercado de dicho rubro. Con Matarazzo vende el 33,2% del total de ventas, con Luchetti, el 25,2%, con Don Vicente, el 11,3% y con Favorita, Lucchettinis y Manera suma 9,7% del total”, describió el economista.

La sanción vuelve a poner en agenda la ley de góndolas que se sancionó a comienzo del año pasado, pero recién se reglamentó en diciembre de 2020. Desde que se puso en agenda, el proyecto fue rechazado públicamente por los principales empresarios del sector.

Los popes del sector productor de alimentos de la industria local, se muestran comprometidos con la problemática de pobreza en Argentina, pero no asumen responsabilidad frente a la “formación de precios”. En todo caso, apuntan a la necesidad de bajar la “presión tributaria”, por eso, desde su gestación, descartaron que la renovada ley de abastecimiento genere efectos positivos en el precio de los alimentos.

En relación a la carga impositiva Letcher señaló que se debe analizar con detalle la composición de costos de cada sector para saber qué es lo que afecta en cada cadena y, en ese sentido, cuestionó el aumento de inflación que persistió en 2020 pese a que “las tarifas se congelaron, los salarios igualaron la inflación y, además, se ofrecieron distintos beneficios para reducir las cargas laborales”.|