Martín Guzmán viajará a principios de marzo a los cuarteles generales del Fondo Monetario Internacional (FMI), en la calle 19 y Pennsylvania de Nueva York. Buscará terminar de cerrar las negociaciones de un Acuerdo de Facilidades Extendidas antes del 1 de mayo.
Lo que él quiere —de hecho, ya hay algún grado de acuerdo— es extender los vencimientos durante diez años, con un período de gracia de cuatro años para comenzar con los pagos. No hay mayores detalles, de todos modos, el acuerdo deberá pasar por el Congreso, lo que significa que la letra chica será pública.
Pero hay más. Guzmán se apoyaría en la amistad que mantiene con la titular del tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, para tratar de cerrar el acuerdo con el organismo de crédito y pedir 6.000 millones de dólares para estabilizar la economía hasta las elecciones de medio termino.
Aunque no les fue nada bien, el macrismo también utilizó la billetera del FMI para intentar ganar en las urnas. Ahora el Gobierno del Frente de Todos también quiere beber del organismo de crédito internacional, aunque la situación es diferente.
Los lobistas de Guzmán
El rol de Yellen para que Argentina pueda llegar a un arreglo no es menor. Estados Unidos tiene la mayor participación de poder y voto dentro de FMI, además de aportar un 16,5% de la cuota que sustenta al organismo financiero.
Otra puerta es la de Joseph Stiglitz, Nobel de Economía y mentor de Guzmán. Él y Yellen tienen una larga amistad, además el premio que obtuvo en Estocolmo en 2001 fue compartido junto a George Akerlof, esposo de la actual titular del tesoro de los Estados Unidos.
Guzmán mantiene una excelente relación con Kristalina Georgieva, la actual directora del Fondo. Al menos eso dicen en el Gobierno.
Durante la gestión de Mauricio Macri, quienes estaban en la Casa Rosada y en el Palacio de Hacienda decían lo mismo sobre la sintonía que había entre la entonces titular de FMI, Christine Lagarde, y quien era ministro de Economía en aquel momento, Nicolás Dujovne.
Los analistas financieros dicen que para poder pagar más tarde se deben flexibilizar las normas para alcanzar un acuerdo de facilidades extendidas a mayores plazos que los entre 7 y 10 años habituales. Guzmán quiere usar los estatutos del Fondo para lograr un acuerdo a 20 años, donde la argentina en vez de tener un periodo de gracia de 4 años para empezar a pagar, podría tenerlo a 8 o 10 años.
Aprovechar los errores del FMI
El organismo crediticio, según sus estatutos, tiene prohibido prestarle dinero a países que están en un proceso de fuga de capitales. Pero en su momento lo hizo Lagarde con Macri, así que a nadie podría llamarle la atención si mañana hace lo mismo Georgieva con Alberto Fernández. A fin de cuenta, el FMI quiere prestar y garantizar la devolución del crédito sin importar el color de los gobiernos de turno.
El acuerdo firmado entre el gobierno anterior y el FMI estaría tan flojo de papeles que hasta la Justicia argentina se anima a impugnarlo. La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones investiga el contrato firmado con el Fondo por Macri y el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenneger, por los créditos “stand by” contraídos, uno por 50.000 millones de dólares y su extensión por 7.000 millones de la misma moneda.
Georgieva impulsa una investigación interna sobre lo hecho por Lagarde en el organismo multilateral. La Oficina de Evaluación Independiente (IEO por sus siglas en inglés) describió al crédito argentino como uno de los "casos de acceso excepcional" y "particularmente difícil". La investigación liderada por el economista noruego Odd Perr Brekk tiene como premisa evaluar las decisiones tomadas por el directorio que comandaba Lagarde así como también el rol desempeñado en negociaciones con la Argentina.
El informe del IEO es lapidario con Lagarde. Hay tres casos en que el Fondo pone la lupa y agrega “Desde 2016, ha habido tres casos de acceso excepcional: el Acuerdo Stand-By (SBA) de 2018 con Argentina, así como los acuerdos con Ecuador y Egipto". Todos datos que Guzmán usará a su favor para convencer a Georgieva y Yellen.
Volver a pedir en épocas de campaña
En pleno año electoral, el Gobierno está muy interesado en los 6.000 millones de dólares para estabilizar la economía. La estrategia del Gobierno es el "ancla cambiaria", como ya anunció Guzmán: con un dólar oficial que no se devalúe más del 25% y que este en torno a los 102 pesos.
Eso ocurrirá, dicen en los pasillos del Palacio de Hacienda, si el déficit primario ronda el -4% en el año, por lo que la brecha de financiamiento en el mercado cambiario presente un rojo de 2.500 millones de dólares, de manera el Banco Central pueda ser comprador neto de divisas y no permita que la moneda estadounidense se escape.
Para eso, en Economía saben que necesitan el acuerdo con el FMI incluya fondos frescos. La idea no es pedir todo lo que faltaba desembolsar del FMI por el acuerdo con Macri —que pidió 57.000 millones de dólares pero que Alberto Fernández cortó en u$s45.000 millones— sino que con los 6.000 millones se alcanzaría un ingreso neto de divisas de 500 millones de dólares, fortaleciendo las reservas internacionales y calmando la sed de dólares.
Tranquilidad cambiaria que por estas horas desvela al ala política que sabe, aunque no lo diga, que siempre, detrás de un voto, se esconde un dólar. |
