Finalmente, el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la resolución 129/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, que lleva la firma del Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en su carácter de responsable interino del área, confirmó la prolongación del contrato de concesión con Hidrovía S.A. una sociedad conformada por la empresa de origen belga Jan de Nul y la argentina Emepa, en las condiciones del Decreto N° 253/95, que dio inicio a la prestación de servicios.
La empresa que opera principalmente en el sector Infraestructura, tomó la concesionado en 1999, bajo el Gobierno de Carlos Menem, que le encargó las tareas que permiten que la vía se mantenga en condiciones navegables, a cambio del cobro de peaje de las embarcaciones que utilizan el Sistema.

El vencimiento de la concesión, a fines de abril de 2021, abrió expectativas en diversos sectores, cruzó opiniones respecto a la continuidad del sistema de peajes y las posibilidades de que el Estado y las provincias con costa en el Paraná adquieran un rol activo en la administración del canal fluvial, por donde se realizan cerca del 80 por ciento de las operaciones de comercio exterior.

Sobre “tiempo cumplido” el Gobierno tuvo que definir sobre el futuro de la obra y, por el momento, definió extender por un plazo de 90 días las mismas condiciones mientras se avanza con los nuevos pliegos para la licitación nacional e internacional.

En este sentido, desde Transporte informaron que se seguirá llevando adelante la agenda de trabajo en conjunto para desarrollar la confección de los pliegos para la próxima licitación pública de la obra de la Vía Navegable Troncal Paraguay – Paraná junto con el Gobierno Nacional a través del equipo técnico del Ministerio, y con el asesoramiento de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de San Martín, entre otros organismos, entes universitarios, gremios y sindicatos.

Por el momento, a través de la resolución 129, Katopodis dio instrucción al actual concesionario de garantizar la continuidad de la operación en el marco del decreto 949, en un plazo de 90 días. “Esta medida se da ante una bajante histórica del río y la necesidad de garantizar el comercio exterior a través de nuestros puertos”, aclararon desde Transporte. 

Además, la norma señala que, durante el plazo que se extienda esta situación, el operador deberá prestar el servicio y demás obligaciones de la concesión, incluyendo el mantenimiento de la vigencia de las garantías correspondientes y las tarifas vigentes. “El servicio deberá prestarse en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad y obligatoriedad, bajo el control y fiscalización de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante”, describe el texto oficial.

Novedad

En línea con los planteos que se realizaron en el marco del Consejo Hidrovía Federal, la cartera de Transporte elevó al Poder Ejecutivo un proyecto, que “ya se encuentra a disposición”, para crear un ente de control, encabezado por el Gobierno Nacional y las provincias, entre otras autoridades, que fiscalice el correcto funcionamiento del servicio y mantenimiento de la operatividad de la vía navegable.

Las obras de dragado y balizamiento para garantizar la navegabilidad de los ríos comenzaron en la década de los 90` y, desde ahí, la liquidación de divisas del principal complejo agroexportador del país, no dejó de crecer. Quienes han seguido la evolución de los puertos de Gran Rosario, encuentran un paralelismo con el desarrollo de la hidrovía en las últimas casi tres décadas. 

Lejos de las variaciones que caracterizan a las actividades económicos de la Argentina, el sector agroindustrial ha sostenido un crecimiento en torno al 6,5% anual. 

Además del esfuerzo del agro en innovación y tecnología, sin una salida estratégica al mar el desarrollo del agro no habría sido posible, apuntan desde organismos internacionales como la CEPAL. En 1994 la producción de trigo, maíz y soja crecía a una tasa anual inferior al 2%; desde 2006, cuando se profundizó, aumentó a un 5% anual para finalmente promediar un incremento del 6,5%. 

Con el fin de extender este modelo exitoso, el Gobierno busca mayor protagonismo en el control y administración de la vía. Lo anterior quedó expresado en la resolución que señala que “dichas vías navegables constituyen la opción de transporte más relevante de nuestra producción agrícola, tanto de graneles sólidos como líquidos; por ella circula más del noventa por ciento (90 %) de la mercadería transportada en contenedores; la carga de nuestra industria automotriz; de la industria metalúrgica, en particular su producción siderúrgica; la gran mayoría del transporte de pasajeros en la modalidad de cruceros; un gran porcentaje de las operaciones de cabotaje y transbordo de cargas; así como también constituye una de las vías centrales de transporte de gas natural, petróleo crudo y productos refinados, revistiendo una importancia vital para el abastecimiento energético de nuestro país”.

Para llevar tranquilidad al sector, desde la cartera de Transporte remarcaron que el equipo técnico abocado “exclusivamente” a la Vía Navegable Troncal Paraguay - Paraná “continuará trabajando intensamente, con cada gremio, sindicato, sector empresarial, organismos públicos, organismos no gubernamentales, universidades, e interesados en la materia”.

“Con el principal objetivo –continúa- de confeccionar los pliegos para la licitación pública de la obra de la vía troncal, para conformar una hidrovía eficaz y eficiente, que reduzca los costos logísticos, que permita el aumento de las exportaciones, y que signifique una herramienta de producción y generación de nuevos puestos de trabajo para todo el país”.  |