La discusión por las tarifas para el 2021 tomó vuelo rápidamente. Mientras los titulares de los organismos reguladores avisan a las empresas que bajen las expectativas respecto de los ajustes ahora se sumó un dato que va a ser usado en la discusión.

Sin previo aviso, las empresas se enteraron a través de sus estudios de abogados que la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó este lunes ser querellante en la causa que se sigue a las distribuidoras eléctricas Edenor, Edelap y Edea, y promover una investigación por lavado de activos con el fin de indagar sobre supuestas evasiones tributarias y fondos no declarados. 

Según publicó la agencia Télam, el organismo encargado del control del lavado de activos y delitos complejos informó que solicitó sumarse como "querellante en una causa donde se analiza la responsabilidad de empresas eléctricas en maniobras con facturas apócrifas y por montos abultados", y que busca "profundizar la búsqueda respecto de bienes adquiridos con dinero ilícitamente obtenido". 

La AFIP, a partir de una denuncia realizada en 2017 por Miriam Carignano -usuaria de una de las compañías eléctricas-, comenzó a evaluar la responsabilidad de tres grandes distribuidoras de energía en la emisión de facturas con sobreprecios. 

Las empresas relacionadas a la denuncia son Edelap, Edea y Edenor, las que "habrían realizado maniobras espurias con el objeto de evadir o desviar ingresos entre 2015 y 2018", consideró la UIF al brindar esta tarde detalles a Télam sobre las razones del pedido de ser querellante. 

Las compañías son investigadas por haber contratado a un grupo de pymes para que brindarán servicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas y ejecución de obras, las cuales "habrían emitido facturas sobre abultadas o apócrifas, con supuestos fines de evasión o desvío de dinero ilegal". 

Según las estimaciones de la AFIP, la trama investigada ascendería a un total de ventas netas de $1.553.163.035, correspondientes a 2015 y 2016, respecto de la utilización de facturación electrónica aunque el perjuicio fiscal específico se encuentra aún indeterminado. 

La UIF llegó a la conclusión de que "son muchos los datos obtenidos que permitirían acreditar una importante evasión tributaria, el requerimiento de facturas apócrifas y el blanqueo de dinero". 

Todas estas operaciones "facilitarían a las empresas usuarias, la evasión de los tributos correspondientes y la justificación contable de un egreso de fondos cuyo destino aún debe determinarse". 

Por esa razón, en su presentación como parte querellante, el organismo solicitó iniciar una investigación por lavado de activos y que se formen los legajos patrimoniales de las personas investigadas a fin de que se pesquise la exteriorización de bienes relacionados con el dinero ilícitamente obtenido. 

Las actuaciones judiciales se tramitan en el expediente "G., V. E. y otros s/ defraudación e infracción a la ley 24.769" a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín Nº1 a cargo del Dr. Emiliano Canicoba.