En las provincias, el 2020 no solo estuvo marcado en la pelea contra el coronavirus, sino que un lote de distritos tuvo que dar batalla contra las deudas, un mal que las persigue desde el momento que el gobierno anterior les dio luz verde para tomar deuda en dólares. 

Los reperfilamientos de las deudas provinciales, prorrogados mes tras mes se complicaron en las últimas semanas, es que los acreedores presionan por mejores condiciones y el hecho de que el Gobierno nacional coloque bonos al 16% les hace difícil a los negociadores convencer a los bonistas de aceptar una tasa del 6%, que es el promedio de las últimas propuestas. Las últimas que cerraron acuerdos lo hicieron en tasas por encima de las “recomendadas” por Nación.

La situación de las deudas en cada una de las provincias:

Esta semana Río Negro alcanzó un acuerdo por los US$300 millones colocado en 2017; la adhesión fue del 95% a la propuesta que estipula una tasa del 5,57% (la original era de 7,75%). Este año de los US$24,3 millones de intereses no pagados, se cancelarán US$3 millones y la próxima cuota será en el segundo semestre del 2021. Ese año la tasa será de 2,75% y desde 2022 hasta el vencimiento en 2028, será creciente hasta alcanzar 6,875%. Fue la única que cerró sin caer en default.

En el caso de Neuquén fue la anterior en reestructurar US$700 millones; extendió los vencimientos de 2024 y 2028 a 2030. En los títulos en que la tasa original era de 7,5% pasó a 2,5% en el primer tramo para llegar a 6,875% al final del período. En los otros (Ticade, con garantía hidrocarburíferas) la tasa de 8,625% cae a 5,17% en 2021 y sube hasta llegar a la original en 2030.

Chubut -un distrito muy complicado en lo económico y financiero- fue la última en acordar con los tenedores de bonos por US$650 millones garantizados con regalías petroleras. El vencimiento de 2026 se corre al 2030 con una tasa anual de 7,5% hasta el 26 de octubre de 2021 y, en adelante, a 7,75% anual.

De la decena de distritos que sigue negociando, Buenos Aires concentra la mayor parte de la deuda, con US$7148 millones (prorrogó por décima vez la negociación ahora hasta el 4 de enero).

En Córdoba, los acreedores rechazaron cuatro propuestas para la reestructuración de US$1700 millones; la semana pasada la Provincia no pagó US$25 millones de intereses y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos (representan a la mitad del total) advirtió que es “la primera vez que la Provincia incumple sus obligaciones financieras internacionales”. La administración tiene hasta el 10 de enero por los 30 días de gracia para negociar y evitar que se consolide el default.

En el caso de esta provincia, los bonistas plantearon que es “evidente” que la decisión de no realizar el pago del bono internacional es “una cuestión de elección y no de necesidad”. En el comunicado indican que el presupuesto provincial 2021, publicado recientemente, “deja en claro que la Provincia tiene una amplia capacidad para pagar a todos sus acreedores, incluyendo los tenedores de bonos internacionales, sin dejar de tener un superávit saludable”.

Mendoza, por ejemplo, que firmó hace dos meses el acuerdo, cerró con una tasa promedio de 5,75% y había empezado a negociar con 2,75%. Logró una aceptación del 95%. De todos modos, advierten que la Argentina post canje “no fue la que esperábamos nosotros y tampoco los bonistas, así que eso condiciona a los que siguen negociando”.

Por otra parte, la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas (CBPA) insiste en que los incumplimientos y reestructuraciones imponen costos de largo plazo y consecuencias negativas para las provincias y sus economías, y solo deberían ocurrir en casos extremos y, en un texto, subrayan que las reestructuraciones “oportunistas de deudas sostenibles son inaceptables y deberían ser rechazadas por todas las partes”.

Por ejemplo, el comité de tenedores de bonos de Entre Ríos -reperfila US$500 millones- le propuso al Gobierno que el interés devengado de los títulos durante un período de alivio provisorio deberá pagarse en efectivo a una tasa no menor del 5% para, después, retornar a la tasa contractual de 8,75% “a menos que la provincia esté en condiciones de ofrecer una garantía que mejore el perfil crediticio de los títulos”.