El ministro de Economía, Martín Guzmán, pasó por la comisión de Presupuesto del Senado y dejó algunas afirmaciones respecto del proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que obtendrá media sanción la semana entrante.

La norma propone que el endeudamiento público nacional en moneda extranjera y bajo jurisdicción externa deba tener previamente la aprobación del Congreso, así como también los programas que se negocien con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es decir, no se puede emitir deuda ni pedirle plata al Fondo si no hay un acuerdo parlamentario. Se vuelve a imponer la idea de Guzmán respecto a que la responsabilidad sea compartida por los legisladores en Diputados y por los gobernadores en el Senado.

En su exposición Guzmán recibió preguntas de la oposición que apuntaban a que brindará más detalle respecto del plan plurianual, por lo que el ministro respondió que había que ser "prolijos" y que habría más detalles cuando mande el proyecto. Y, además, les tiró la pelota respecto del costo de oponerse. "El Fondo tomó con mucho agrado este proyecto de ley, lo mismo que los países del G20. Yo hablo con los ministros de Economía del G20 y tomaron con beneplácito esta iniciativa". Por si no les quedaba claro, les dijo que el FMI quiere esto.

"Los programas con el FMI tienen consecuencias que trascienden a un período de gobierno. Por eso, es fundamental que no se actúe solo como una política de gobierno sino en el contexto de una construcción y debate más amplios en los que el Congreso tenga un rol central", dijo el ministro.

Con esta norma Guzmán le pone un cepo a las posibilidades de endeudarse. Corre con la ventaja que él no necesitará hacerlo porque tiene despejado el pago de deuda en 2021 y que, además, sabe que es muy poco probable que alguien le preste a la Argentina a una tasa razonable. El problema será de los que vengan después de él. 

Pero no sólo Guzmán le puso un cepo a las posibilidades de endeudarse bajo ley extranjera. Los senadores del oficialismo avanzaron un poco más y, en este caso, algunos vieron la mano de Cristina Fernández de Kirchner en eso, En el plenario de comisión, la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti anunció que se iba a modificar el proyecto original agregándole un artículo.

"Paso a leerle al resto de los senadores cómo quedará el artículo 3 del proyecto de ley", dijo la senadora mendocina frente a la atenta mirada de sus colegas de la oposición que se estaban anoticiando en ese instante. Al punto que cuando comenzó a leer, el senador Martín Lousteau de la Unión Cívica Radical la interrumpió para pedir "si pueden hacer circular el texto".

El nuevo artículo señala que “Se modifica el art 56 de la ley de administración financiera, agregándole un párrafo en donde dice que la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación extranjera así como los programas de financiamiento y de títulos públicos realizados con el Fondo Monetario internacional, y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones no podrán tener como destino el financiamiento de gastos corrientes, considerándose a esta clasificación aquellas definidas en la nomenclatura de gastos”. 

Es decir, el cristinismo estableció que los acuerdos con el FMI, el único que hoy le podría llegar a prestar fondos a la Argentina, no podrán financiar el gasto del Estado, cerrando totalmente el cepo sobre los acuerdo con el organismo de crédito internacional