Las consecuencias del default económico declarado durante el breve gobierno de Adolfo Rodríguez Saá en 2001 siguen impactando en la actualidad.

Esta vez, el abogado Dennis Hranitzky, que ya fue protagonista en el embargo de la Fragata Libertad y que representa a fondos de inversión que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, pidió el embargo de recursos por unos 230 millones de dólares que el país puede tener depositados en la Reserva Federal de Nueva York.

Se trata de Attestor Master Value, Trinity Investments y Bainbridge Capital, ninguno de los cuales aceptó las sucesivas propuestas de Argentina, que suponían quitas en la deuda.

En consecuencia, los fondos piden una compensación por los años en default sin abonar los intereses y montos correspondientes, demanda que incluye la confiscación de los activos del Estado argentino en la Reserva Federal de Nueva York, un monto cercano a los 230 millones de dólares.

Es que, tras los juicios con los holdouts -llamados fondos buitre- que no ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 y que terminaron con el acuerdo en 2016 tras el fallo del juez Thomas Griesa y la llegada al poder de Mauricio Macri, se firmó en el primer trimestre de ese año un acuerdo con la mayoría de los inversores.

Sin embargo, algunos fondos quedaron afuera del arreglo y, a día de hoy, siguen sin cobrar. Por ello, en febrero de este año, estos fondos de inversión, liderados por Attestor, dijeron que comenzaba un período de descubrimiento de activos argentinos, para detectar recursos para cobrar lo que reclaman.

La semana pasada, hubo una presentación pedida al Departamento de Justicia de Estados Unidos por activos argentinos en la Reserva Federal de Nueva York. Si allí no encuentran nada, o siguen buscando activos en otros lados, o pedirán medidas cautelares para trabar el pago de intereses de la deuda argentina.

Más buitres

Por otro lado, el fondo Titan Consortium reclama una compensación millonaria por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.

El mismo grupo ya había demandado al país y había logrado un fallo en 2017 que condenaba a pagar 327 millones de dólares, estipulado por el tribunal arbitral del Banco Mundial, a causa de la expropiación de dichas empresas durante la gestión kirchnerista. Además, este fondo es el mismo que había denunciado al Estado argentino a causa de la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Titan Consortium había comprado los derechos para demandar a Argentina a Burford, un fondo de inversión de origen inglés.

De esta forma, en total, Argentina enfrenta reclamos por 557 millones de la moneda norteamericana, que ponen en jaque a sus activos en el exterior.|