La renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional por una deuda de casi 45 mil millones de dólares pueden quedar trabadas hasta después de las elecciones legislativas, a menos que el ministro de Economía Martín Guzmán pueda convencer a la vicepresidente Cristina Kirchner y al presidente Alberto Fernández de reducir el gasto y bajar el déficit, cómo pide el FMI, y que por estas horas parece una tarea imposible.
A eso se le suma el freno a los ajustes de tarifas que le puso CFK al titular del Palacio de Hacienda y que impidió la corrección en los valores de los servicios públicos que todos en el equipo económico saben necesaria.
Pero el problema más grande qué tiene por estas horas Guzmán para acordar con Kristalina Georgieva un acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo, pasa más por el Senado que por los posibles escenarios electorales.
Así las cosas, con la carta de senadores del bloque del FDT, -conducidos por Cristina Kirchner-, que fue enviada el lunes a la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional que dirige Charles Collyns, el nebuloso acuerdo con el Fondo sumó un nuevo escollo.
Collyns es el funcionario que el 19 de enero se comprometió a evaluar la flexible política crediticia que la ex directora del organismo, la francesa Christine Lagarde, había usado para otorgarle durante el gobierno de Mauricio Macri un préstamo stand by a la Argentina.
Entre otras cosas, los senadores piden saber si hubo estimaciones del diseño del Programa y evaluaciones de sostenibilidad de la deuda, el cumplimiento de los criterios establecidos por el FMI para que el país haya obtenido el Acceso Extraordinario (PAE), y de esa manera comprobar si se vulneró el Art 6° del Estatuto, que impide la fuga de capitales con fondos del FMI.
Pero muchos sospechan que ese pedido en realidad encubre una estrategia para empezar a pagar dentro de 8 años la deuda al Fondo.
La cuestión es central, ya que si el organismo multilateral de crédito rompió sus propios estatutos, la Argentina puede exigir un programa de facilidades extendidas a 10 años con 4 años de gracia, pero negociar hasta 8 años de gracia debido a que el préstamo estaba "flojo de papeles". Un acuerdo a casi 20 años, que es lo que reclama Cristina Fernández y que Martín Guzmán conoce muy bien. |
