Mediante una resolución del Ministerio de Transporte, publicada hoy en el Boletín Oficial, se oficializó la suma de $ 2.000 a modo de compensación de emergencia para las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia. La decisión gubernamental está enmarcada dentro del Régimen de Compensaciones Tarifarias al Transporte Automotor de Pasajeros de Larga Distancia.
Los beneficiarios de la medida serán las empresas de transporte por automotor de pasajeros por carretera, de carácter interjurisdiccional de jurisdicción nacional. La suma será abonada en cuatro cuotas mensuales de $ 500 millones cada una. Es la tercera oportunidad desde el inicio de la pandemia que este sector recibe una compensación similar, en mayo fue por $ 1.500 millones y en julio por $ 500 millones.
Este tipo de servicio fue una de las primeras actividades suspendidas por el gobierno nacional; lo hizo en marzo, tras la irrupción del coronavirus en el país, con el fin de evitar la rápida propagación de los contagios en todo el país. Por lo que dicha actividad es de las más afectadas en este periodo de crisis.
Las Cámaras que agrupan a las empresas del sector insistían con pedidos de ayuda estatal, los empresarios argumentan que el freno total que tuvieron los servicios de larga distancia durante estos meses generaron “déficits que escapan a cualquier previsión empresaria y por ende resultan imposibles de absorber en forma completa por las empresas”.
El pedido había sido elevado el ministro de Transporte Mario Meoni para que actúe de forma urgente y ejecute las acciones pertinentes para que el sector pueda afrontar los gastos, en un momento en que las restricciones a la circulación en todo el territorio nacional los dejaron sin ingresos. Las cámaras representativas sectoriales consideraron de suma importancia mantener una actividad, en un contexto de emergencia, que conecta a más de 1.800 localidades en todo el país, constituyéndose así en un servicio esencial dentro del transporte de pasajeros.
En la fundamentación de la resolución publicada en el Boletín Oficial, el ministerio de Transporte recoge los reclamos de este sector y afirma que “el marco coyuntural de la pandemia afectó profundamente a toda la cadena de valor vinculada a las empresas de capitales privados que operan como permisionarias del sistema de transporte por automotor interurbano de pasajeros, que adicionalmente, no reciben asistencia del Estado Nacional”. Además, explicita el porqué de su intervención: “la situación descripta amerita la inmediata intervención del Estado con la finalidad de colaborar para obtener la continuidad laboral en las empresas de transporte por automotor interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional”.
El objetivo de la medida es “preservar las condiciones de conectividad en el país, que de no tomarse urgentes medidas se encontrarían seriamente amenazadas”, así como “garantizar la movilidad futura de los ciudadanos nacionales, la conectividad nacional y coadyuvar a la sostenibilidad del sistema de transporte interurbano de pasajeros”. Es por ello que resulta “necesario brindar una asistencia económica a las operadoras de servicios de transporte automotor interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional, en forma transitoria hasta que puedan recuperar los ingresos que han caído súbitamente por la suspensión de los servicios dispuesta por el Estado”.
