El Gobierno estudia ofrecer a partir de enero un plan de datos por internet a precio popular, que oscilaría entre los $350 y los $500.

El plan del Enacom, que aún no es oficial, se encuentra bajo aprobación del Presidente, Alberto Fernández. Está pensado para cuando en 15 dias se termine el congelamiento de tarifas de celulares, internet y TV paga, que podrían subir hasta el 9%.

Por estas horas se encuentra a la firma de la Jefatura de Gabinete, e involucra al Estado mucho más que antes, ya que desde que estas actividades fueron determinadas como "servicio público", por decreto en agosto último, la definición de tarifas de la telefonía fija y móvil, de internet al hogar y móvil, y de la TV paga son regulados por el Estado. 

La suba de las tarifas, que partiría de un piso del 5%, intenta resolver una disputa con los proveedores de telefonia, internet y TV que se remonta a mayo de este año, cuando el Ente Nacional de Comunicaciones informó que habían llegado a un acuerdo con las empresas para que no hubiera aumentos hasta el 31 de agosto. 

Pero cuando las compañías ya habían anunciado  ajustes del 11% a partir de septiembre, Fernández anunció el 21 de agosto que congelaba hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, de los servicios de acceso a Internet y de la la TV paga. Además, los declaró servicios públicos esenciales.

Hace unas semanas, las dos proveedores más grandes de servicios de TV paga, Cablevision Fibertel y Telecentro, mandaron cartas a sus clientes anunciando que "con el fin de poder mantener la calidad de los servicios y en virtud de que la última actualización de precios fue realizada en marzo de este año, informamos que el 1 de enero de 2021 modificaremos los mismos hasta un 20%”, como informó en la factura de diciembre Cablevisión Fibertel. TeleCentro también adelantó con sus facturas de noviembre que los precios se actualizarán hasta 20% a partir de enero.

Sin embargo, estos aumentos quedan desarmados ya que, de acuerdo con ese decreto de agosto, el Gobierno puede frenar y decidir los ajustes de tarifas. Como señaló Fernandez, “el derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”.