Los empresarios más poderosos del país están enojados con el Gobierno. Creen que la administración de Alberto Fernández les hará pagar los costos de la pandemia. También suponen que quienes hayan estado cerca de Mauricio Macri tendrán que poner más dinero que quienes se mantuvieron al margen de los beneficios que daba estar cerca de la mesa chica de gobierno de Cambiemos.
Así lo dicen los hombres de negocios más importantes de Argentina que integran con sus empresas las 46 entidades del Foro de Convergencia Empresarial (FCE), el espacio de representación empresaria más importante del país. Pero saben que no todos los sectores pagarán por igual la cercanía con la administración Macri.
“La repetida intervención del Estado en las actividades del sector privado de la economía, a través de medidas similares a las tomadas en el pasado que tuvieron efectos adversos”, se lee en el último comunicado que el Foro dio a conocer.
El FCE criticó con fuerza las regulaciones del Estado que "afecta el crecimiento económico y el proceso de inversión privada, que ya está en mínimos históricos". También cargó contra “la intervención del mercado de Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones a través del DNU 690/20” y “la prohibición de las exportaciones agropecuarias, el congelamiento de precios de alimentos y servicios y de las tarifas de electricidad y gas”, “la anulación del aumento otorgado a la medicina prepaga el mismo día en que el mismo había sido aprobado”.
También alertaron que “las intervenciones estatales provocaron anteriormente la disminución del área sembrada de los cultivos cuya exportación está prohibida o limitada, pérdida de cabezas de ganado en los rodeos, pérdida de mercados de exportación que luego son muy difíciles de recuperar, disminución de la producción de gas y petróleo que trae como consecuencia la necesidad de importar combustibles". Un rosario de quejas y reclamos.
Sin dar ningún nombre, el Foro dio todas las coordenadas para que el Gobierno supiera hacia dónde se dirigirá la batalla con las empresas en el segundo trimestre del año. Así, aunque no las enumera, en el mercado todos saben cuáles son algunas de las empresas que están hablando: Techint, Edenor y Edesur, Clarín, Coto, La Anónima, BBVA, Santander, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina, la Sociedad Rural, Swiss Medical y Osde.
La razón es simple: a muchas empresas, algunas expresamente y a otras tácitamente, el Gobierno les ha dicho que no podrán mantener sus actuales márgenes de ganancia. "Por eso Marcelo Mindlin se despidió de su parte en Edenor o que Telefónica. Quiera desprenderse lo más rápido posible de parte de su negocio en Argentina. En un país con un dólar a 150 pesos y tarifas pisadas, a nadie le sirve quedarse. Sos una operación intrascendente para una multinacional o un problema para una gran compañía local que tiene inversores extranjeros", confiesó un ejecutivo del Citibank que se especializa en fusiones y adquisiciones y que tiene el mandato de vender parte de los activos de Telefónica en el país.
El factor CFK y el temor a los "pasamanos"
En los hechos, muchos de los empresarios nucleados en el FCE buscan en Alberto un "negociador" frente a lo que ellos creen que es la estrategia que impulsa Cristina Fernández de Kirchner, que es la de mejorar los balances de los trabajadores empeorando sus balances.
Temen incluso un avance de inversores chinos y rusos en el país que compren muy barato las acciones de empresas locales que, por estas horas, producto de la pandemia, la caída del PBI de la era Macri y el primer año de Alberto y la devaluación, están a precio de remate. La paranoia es tal, que muchos de ellos temen que grandes empresarios locales hagan un "pasamanos" con las empresas que adquieren para luego vendérsela a inversores chinos o incluso de la UE.
El leading case de esta clase de adquisiciones se puede ver en lo ocurrido con la venta del paquete accionario de Mindlin a manos de José Luis Manzano y sus socios. Los abogados de Mindlin introdujeron “un pago contingente” en caso de cambio de control de la compradora durante el primer año luego del cierre de la transacción o mientras se mantenga adeudado el saldo de precio por el 50% de la ganancia generada. Un ejemplo claro que la desconfianza es grande.
Despedir para negociar
En este contexto, muchas multinacionales han decidido golpear para negociar. Se sabe: después de lo sanitario, lo que más desestabiliza a un gobierno que está en medio de una pandemia son los despidos. Así, en el último trimestre del año pasado el desempleo fue del 11,7% en el tercero, pero muchos sostienen que ese número es falso y que el desempleo en Argentina sería del 25%, si se toma en cuenta las personas que no pueden buscar trabajo por la cuarentena.
Es por esta razón que los anuncios de los bancos Santander y BBVA tenían la intención de cerrar más de 50 sucursales (lo que llevó a un paro de La Bancaria, la asociación gremial de los bancarios) fue leída como un apriete por la Casa Rosada. Pero no son solo los bancos.
Esta semana, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) denunció que las empresas Danone Argentina S.A. y Logística Serenísima S.A. por ofrecer retiros voluntarios y hacer despidos encubiertos. Dicen que la reducción de personal en plena pandemia de Covid-19 está violando el decreto presidencial, pero que en realidad lo que busca es que el Estado le dé más subsidios al sector.
Los despidos en pandemia no son nuevos. Techint, Ledesma y Coto, por caso, lo hicieron sin ninguna clase de restricciones. En ese momento, el Gobierno leyó los despidos como una negociación para que se reabriera la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por la que se hacía cargo de parte de los salarios que pagan las compañías sin condicionamientos.
Pero ahora la situación cambió: los empresarios avizoran el fin de la pandemia en el segundo semestre y quieren recomponer ingresos como sea. Aún si eso conlleva a una disputa con Alberto Fernández, su última esperanza antes de Cristina.