Finalmente avanzará el impuesto a la riqueza. Luego de muchas idas y vueltas y un poroteo incesante respecto de los votos, el oficialismo logró sumar voluntades y comenzará a transitar el proceso del tratamiento del proyecto de ley que propone un tributo a los poseedores de grandes fortunas.

Para poder lograr los votos que necesitaba el Ejecutivo negoció un nuevo Pacto Fiscal como continuidad del que quedó congelado a principios de este año y la moneda de cambio fue eso, una moneda. El Gobierno nacional le propuso a los gobernadores mantener congelado el proceso a la baja del Impuesto a los Ingresos Brutos.

Según las cartas que mostró el ministro de Interior Wado de Pedro a los gobernadores, el acuerdo es bastante sencillo: Los legisladores provinciales se comprometen a aprobar antes del 31 de diciembre de este año el proyecto de ley 'Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia', que ya tiene despacho de la Comisión de Presupuesto de Diputados (lo tiene desde el pasado 25 de septiembre. La contracara de esto es que no se baja el impuesto de Ingresos Brutos, un tributo que cobran y que queda en cada una de las provincias.

Con el impuesto ideado por el diputado Máximo Kirchner y que fue redactado por su compañero de banca, el legislador Carlos Heller, el impuesto alcanzaría a poco menos de 10.000 personas que cuentan con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos. Con esto, el Gobierno espera recaudar $307.000 millones (1,1% del PBI del 2020) y, para que no haya duda que no será coparticipable, el monto ya tiene la afectación necesaria.

La polémica norma no cuenta con el apoyo del bloque de Juntos por el Cambio porque dicen que es un impuesto y la califican como un manotazo de ahogado. Del lado del bloque oficialista los chicanean diciendo que después de cuatro años de "tecnócratas, gerentes y lluvia de inversiones" sólo hay 9.298 sobre un total de 45 millones de personas que cuentan con un patrimonio de ese tenor.

Pero el Pacto Fiscal versión 2020 trae un artículo que genera una fuerte discusión y que, al igual que en las versiones anteriores, podría generar que algún distrito no lo firme.

Los pactos fiscales de Macri no fueron suscriptos por San Luis y por La Pampa. Estas provincias decidieron no participar del documento que establecía reglas fiscales y que buscaba igualar, en el caso de Ingresos Brutos, el nivel impositivo en todo el país para que no haya competencia desleal. Pero en esta ocasión, la que podría no firmar es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Uno de los artículos que se redactó en el despacho de Wado apunta directamente a las oficinas de Uspallata 3100, el moderno edificio de la Jefatura de Gobierno porteño, ya que establece que las provincias firmantes se abstienen de iniciar juicios contra el Estado nacional por coparticipación de impuestos. La veda sería de dos años, pero incluirá el compromiso de desistir de los ya iniciados, y eso apunta a Horacio Rodríguez Larreta.

Rodríguez Larreta presentó el pasado 18 de setiembre un amparo ante la Corte Suprema por el recorte de coparticipación que el presidente Alberto Fernández le aplicó a través de un Decreto en donde le quita unos 36.000 millones de pesos.