Antes de que se conozcan los resultados de la evolución de precios de marzo, que incluirán en términos reales los efectos de las dos guerras: la que tiene como escenario Ucrania, a partir de los bombardeos rusos, pero también la que anunció Alberto Fernández aquel 18 de marzo cuando anunció que comenzaría una “guerra contra la inflación”.

El anticipo del embate no hizo más que agravar, aun más, una situación por demás compleja: 7,5% de inflación en alimentos en un mes. A la inestabilidad importada, por el alza del precio de los commodities –trigo, maíz y soja– que la Argentina exporta que elevó el precio de los insumos para producir alimentos básicos como harina y aceite, y la disparada del precio del petróleo y el gas, se agregó la “amenaza” local. El presidente Alberto Fernández avisó a quienes luego llamaría “diablos” que todo su gabinete trabajaría en instrumentar medidas para contener los aumentos sin justificación y, antes de que al menos una medida sea anunciada, algunos alimentos treparon más de 20%.

Luego, llegaron los anuncios: 2 puntos más de retenciones al aceite de soja; un fideicomiso para contener el precio de la harina en el mercado interno y más canastas con Precios Cuidados a la cabeza.   

Medidas que no cubren la pérdida del poder adquisitivo que no discrimina por sexo, edad ni escala social, cuando de asalariados, registrados, informales o autónomos se trata. Claro que, los 20 gremios que podrán abrir su paritaria corren con ventaja sobre los 7 millones de trabajadores que no están alcanzados por los Convenios Colectivos de Trabajo. 

Mientras tanto el Índice de Equilibrio Fiscal que mide el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano registró en febrero una recuperación de 11,9% respecto del mes anterior y de 7,6% con relación al nivel que había registrado en igual mes del año pasado.

Según explica Víctor Beker, director del CENE el avance respecto del año anterior se explica por un crecimiento más acelerado de los ingresos, del 61,5%, con relación a los gastos, del 50,1%. Los mayores avances se registraron en los ingresos vinculados con el nivel de la actividad económica: el IVA, el impuesto a los débitos y créditos bancarios y los derechos de importación. Fueron acompañados por las contribuciones para la seguridad social, como reflejo de la recuperación verificada en los niveles salariales y del empleo. 

En materia de gastos, las remuneraciones registraron una variación de 74,1%, producto de los incrementos otorgados de acuerdo con la paritaria salarial vigente, lo cual fue compensado con un aumento inferior a la inflación en bienes y servicios. “Se trata de una de las escasas partidas en la que se practicó el ajuste que posibilitó que los egresos crecieran menos que los ingresos”, destaca el economista.

Este dato, que resultó central en la hoja de ruta que se negoció con el Fondo Monetario Internacional, es uno de los puntos que mira el establishment en busca de una economía “más ordenada” y “equilibrada”. Sin embargo, es también la otra cara del ajuste necesario para alcanzar las metas pautadas. 

Este resultado, que surge de contrastar recaudación y gastos del Estado paradójicamente se presenta como necesario para “sanear” la economía es el que está poniendo en jaque las relaciones en la esfera política. Y parece ser un callejón sin salida. 

Al establishment parece no disgustarle Alberto Fernández, y no escatiman en gestos de apoyo a su ministro de Economía, quien evitó que muchas grandes empresas que viven del comercio exterior pierdan crédito internacional; hasta se muestran escépticos políticamente, no deslizan “chicanas” ni arremeten en contra de… sólo defienden sus propios intereses al borde de lo legal. Si incrementan precios es para no perder, para cubrir sus propios costos. Necesitan stockearse, por eso llevan al limite el ingreso de insumos del exterior hasta que el Banco Central vuelve a cargar con restricciones porque los dólares de la cosecha no alcanzan. 

En el medio, entre supermercadistas con góndolas vacías de “precios cuidados” que apuntan a los distribuidores que se justifican en la faltante de insumos o -ahora- de gasoil, los consumidores que asumen indiscutiblemente el 21% de IVA en cada operación.

En otro plano las pymes, que generan la mayor cantidad de empleo y Producto Bruto Interno, que pagan el mismo 40% de cargas sociales que afrontan las grandes compañías. 

En febrero, la producción industrial y la construcción recuperaron casi 9% de forma interanual. Se trata de datos positivos que reflejan una tendencia hacia el crecimiento genuino de la economía y no de un mero rebote del 2021, como se especuló.  Es momento de buscar el equilibrio y quizás no se trata de apuntar al “gasto social”, quizás parte de los 40 puntos estructurales de inflación estén del otro lado de la ecuación. |