Cuando el capítulo Carne comenzaba a encaminarse, un nuevo producto del agro entró en la escena de conflicto, que tiene como principales protagonistas al Gobierno y a los sectores rurales, representados principalmente por la Mesa de Enlace, la misma que frenó el país en 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchnerintentó retornar hacia un sistema móvil para las retenciones impositivas a las exportaciones de soja, el trigo y el maíz.

La relación, que expresa conflictos políticos e ideológicos más profundos de lo que puede significar una Resolución en el Boletín Oficial, nunca se recompuso y así, transcurren el tiempo, entre congelamiento de precios; retención para evitar el incremento de precios de las materias primas; regulación a la importación, con el fin de controlar o “no contribuir a…” que aumente la inflación.

En sintonía con la gran oferta total de grano, en lo que va del año, la campaña de maíz 2020/21 tocó una cifra máxima en relación a las anteriores, con una producción récord de 60,5 millones de toneladas, de las cuales 38,5 millones se vendieron al exterior. El récord se esperaba, pero sorprendió en enero cuando de un solo saque se anotaron operaciones por 3,7 millones. En adelante todo fue éxito, pero octubre llegó con nuevas reglas.

La cartera que conduce Julián Domínguez decidió priorizar las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) fehacientemente respaldadas por compras físicas y con barcos nominados con fecha cierta. “Las exportaciones están abiertas”, aseguró en un comunicado y agregó que “esta decisión no tiene ninguna implicancia en los mercados de futuros, ya que sólo rige para la presente campaña comercial”.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su titular, Nicolás Pino expresó su preocupación por el “intervencionismo” en los mercados granarios, “mientras el Gobierno dice que el registro de exportaciones está abierto las operaciones no se anotan”. En la misma línea, opinó vía Twitter que “el intervencionismo en los mercados y los controles de precios en los alimentos son medidas que dañan la economía limitando el crecimiento. No deben existir como herramienta de política pública y menos, cuando ya se comprobó que no sirven”.

Desde otro rincón, Eduardo Buzzi, productor agropecuario y ex presidente de la Federación Agraria Argentina destaca que el decreto que regula las exportaciones de maíz, se emite sobre finales del 2020/2021; cuando ya “hay una cantidad muy grande de maíz exportado”. El dirigente agrega que salieron con carga de maíz 1.300 barcos y explica que “el Gobierno, en particular la cartera de Julián Domínguez, está monitoreando que el maíz no se transforme en un factor que genere incremento de precios de los alimentos”.

“Esta disposición, que no es un cepo, o un cierre sino un ordenamiento del comercio del maíz, apunta justamente a racionalizar cuánto es el volumen que irá saliendo de los puertos argentinos y cuánto se necesita para cubrir las demandas de la industria molinera o de alimentos balanceados”. Entre la variedad de granos que exporta la Argentina, el maíz es el principal insumo de alimento para vacas de tambo que dan leche, para las gallinas que ponen huevo y para la producción de carnes, cerdo, pollo, entre otros por eso tanto su valor como disponibilidad se vuelve un recurso estratégico.

“Si se dejara actuar al libre mercado y a los operadores, anotando operaciones que ni siquiera todavía tienen definidas, concretadas, libremente, hay un momento, en pocos meses, donde entran en tensión los demandantes de esas anotaciones hacia el comercio internacional y los que necesitan maíz para fabricar alimento balanceado para toda la fauna animal que tiene que ver con la alimentación de 44 millones de argentinos, en un contexto inflacionario”, agregó Buzzi.

Un circuito virulento

Representantes de más de 20 entidades, cámaras y bolsas que conforman la Mesa Sectorial del Maíz analizaron, ayer, los últimos requisitos del Gobierno para permitir la exportación del cereal y coincidieron al señalar que “afectan la previsibilidad para los próximos meses, hasta tanto se produzca el empalme de campaña”.

Teniendo en cuenta que aún falta implantar aproximadamente el 77% del área para la campaña 2021/22, durante el encuentro virtual, que contó con la participación de funcionarios nacionales de segunda línea, los empresarios expresaron que “cualquier medida intervencionista” genera “impacto negativo” en las operaciones comerciales. 

Miguel Zonnaras, titular de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC), explicó que las retenciones “son un tema complejo”. Por un lado, por el impacto “muy grande” en la recaudación del Estado y “claramente en todos los compromisos de erogaciones” las convierten en “un ingreso difícil de prescindir”. Y, por el lado productivo, indica que “toda la extracción que se le haga a un bien, tiene un impacto negativo para la producción eficaz y eficiente”. El dirigente agregó que “muchas zonas que tienen que lidiar con problemas de competitividad y productividad, si encima, el efecto de la retención le extrae más recursos, genera más dificultad a la hora de competir”.

El ex titular de la FAA, reconoció que “el maíz no es el responsable de la inflación en la Argentina”, pero aclaró que “si aumentan los precios de alimentos y aumenta la leche, la carne, los huevos, y sus derivados, se está contribuyendo a incrementar más ese proceso inflacionario”.

En ese sentido opinó que la última medida que cae sobre la comercialización del maíz, es “estabilizadora” ya que busca “regular el comercio por una vía razonable, como medir los negocios, efectivamente concretados, que tienen las exportadoras y los barcos que están llegando a cargar esos volúmenes”. “Quien pueda demostrar que ha hecho el negocio de exportación y que ya está todo listo para cargar el barco no va a tener problema, quien anote operaciones especulativamente a partir de ahora no lo podrá hacer”, agregó.

Actualmente cerca del 70% de la producción del maíz se exporta, y sólo el 30% se transforma en alimento, por eso, incluso al interior del sector agrario asumen que “falta una discusión” que trace los lineamientos para aumentar el nivel de industrialización con valor agregado para los granos. “Estados Unidos es el mayor productor de maíz del mundo y no vende el 70% a los mercados internacionales, lo transforma en carnes, combustibles y productos con valor agregado”, planteó Buzzi y sugirió salir de la tensión de “cuanto se puede exportar”, sino “ir mucho más a fondo”, para potenciar un sector que genera empleo local e ingresos en moneda internacional.

Del mismo modo se pronunció el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, al explicar que “de 55 millones de toneladas de maíz que se producen, el 65% se exporta como grano entero, entonces esa transformación del maíz en alimentos, en molienda húmeda, en etanol, se realiza en otros lugares, es decir, la generación de empleo, de arraigo y de valor agregado se da en otros países y solo el 35% de esa total queda acá". “Yo creo que el gran desafío para crear empleo es dar vuelta esa ecuación y que el 65% del maíz se transforme en la Argentina”, dijo Costamagnaa Ecos 365.

Argentina es el tercer productor agropecuario de cereales y oleaginosas del mundo y tiene un cluster muy competitivo a nivel global que ha logrado superar los vaivenes de la economía en cada etapa de crisis. Pero también, a lo largo de su extenso territorio, convive distintas realidades.  “Hay productos o cultivos que, por sus características productivas, regionales, pueden soportar alguna dilación en tiempos y otros no, eso hay que trabajarlo para ir destrabando”, indicó Zonnaras.

“Como toda situación contrapuesta –añadió- la solución tienen que surgir del consenso y la previsibilidad para que en el tiempo se puedan ir resolviendo y encontrando soluciones intermedias que sean sustentables para ambos sectores”.

En ese sentido, fuentes de la Cartera de Agroindustria, reconocieron el lugar estratégico del agro, “de los productores”, precisamente, y aseguraron que la voluntad del ministro Domínguez es “estar cerca, acompañar y dialogar con todos” porque “el productor no sólo produce, tiene capital y puede generar valor agregado”. Según indicaron a N&P, el Gobierno se apoyará en todas las instituciones de la cadena de valor del agro para cumplir su vocación de diálogo y búsqueda de consensos, pero pondrá el foco especialmente en las universidades y el Instituto Nacional de Tecnología Agroindustrial (INTA) ya que pueden brindar asistencia en el proceso de agregar valor.

Cerrar la grieta

Aunque hasta ahora no ha surtido mayor efecto, un espacio de concertación que se delineó al inicio de la gestión de Fernández, y reúne a cerca de 60 entidades, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), puede ocupar un rol preponderante en el diseño de políticas públicas para el sector.  “Es interesante generar toda atmósfera de diálogo y espacio de construcción público-privada para trabajar sobre una agenda de soluciones que hagan bien al sector”, dijo el dirigente cordobés.

En relación al CAA, que trabaja sobre la “Estrategia de Reactivación Agroindustrial, Exportadora, Sustentable y Federal”, y propone alcanzar los 100 mil millones de dólares anuales de exportación del sector y generar cerca de 700 mil empleos adicionales, tanto en las ciudades como en el interior de nuestro país, Zonnaras agregó que “los espacios que se generan con ese ánimo hay que potenciarlos y darle protagonismo siempre teniendo en cuenta que es muy importante reforzar el rol de las instituciones, de representación de los sectores involucrados”.

“El CAA debe aportar una propuesta de industrialización, debe aportar al consenso, al acuerdo, de la misma manera que lo debe hacer la Mesa e Enlace”, opinó Buzzi y agregó que “en un contexto de pandemia, inflación, estancamiento de la economía, no son momentos de especulación y de egoísmo sino de propuestas, creatividad”.

Desde el sector aceitero, reconocen el aporte del Consejo como un “paso auspicioso” y una “esperanzadora vía para incrementar las ventas externas y así contribuir rápidamente a solventar las restricciones en el ingreso de divisas y los cíclicos ahogos fiscales”. Además, destacan que el proyecto de ley agroindustrial, que estima inversiones por US$15.000 millones y fue desarrollado en ese ámbito, “propuso un modelo de crecimiento mediante un estímulo al valor agregado, evitando pérdida de ingresos fiscales”.

“Trabajamos en la configuración de metas, en la construcción de una visión compartida. Los productores argentinos tienen todos los atributos para estar en el lote de los líderes del mundo y sin dudas el único instrumento que dispara el crecimiento y el desarrollo es el diálogo", dijo Julián Domínguez, durante el primer Plenario Presencial del CAA que se llevó adelante el 13 de octubre, en el salón de operaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). Y le pidió a la cúpula del sector reconstruir “un lenguaje común”, para lograr “un mensaje país".

En el mismo encuentro, José Martins, titular de la BCBA y del Consejo, resaltó la presencia de Domínguez como "un paso importante para la generación de confianza, porque en el diálogo, en las propuestas y en el consenso está el camino a futuro de la Argentina. Estamos para trabajar y para hacer de nuestro país una sociedad más madura", expresó.

No pasa desapercibido, con los antecedentes de conflicto entre el gobierno kirchnerista y el campo, el reconocimiento que recibe Domínguez por su “clara disposición a la concertación y a la búsqueda de consensos”, coinciden, los mismos dirigentes que en el conflicto por la regulación a la exportación de carne criticaban el “poco protagonismo” del titular de la cartera y cuestionaban que sea Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo el que manejaba las negociaciones.

En su última jugada, luego de la derrota en las PASO, el Gobierno apostó a Domínguez, una cabeza más “dialoguista” que carga con la inconmensurable tarea de alcanzar “posiciones intermedias”, que pongan en marcha “un modelo de más producción, industrialización, exportación con más valor agregado para generar trabajo y traer divisas al país”, describe un dirigente octogenario que ya vio todos los capítulos de esta novela. El rumbo de las negociaciones con el maíz, y -más aún- el debate de la ley de agroindustria en el Congreso, pueden ser una señal para comenzar a cerrar la grieta con el campo.   |