La decisión del Estado brasileño de rescindir a partir de 2022 el acuerdo sobre Transportes Marítimos entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil, que se reconoce como un “hito” en la fundación del Mercosur, causó alarma en el empresariado local.

Pero no sólo preocupa el anuncio que llegó a principio de enero a la Cancillería Argentina, los empresarios alertan sobre una “doble omisión” de las autoridades y depositan sus expectativas en la reunión que el presidente Alberto Fernández mantendrá con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, el próximo 26 de marzo en la cumbre del Mercosur.

El tratado bilateral antecede la creación del Mercosur y es reconocido como un paso fundamental en su creación ya que fue contemplado en el Tratado de Asunción, firmado en marzo de 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, luego fue ratificado por los Estados Parte del Mercosur y subsumido por el Protocolo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur (ley N°25.623).

“En clara oposición a los compromisos asumidos en el ámbito para la integración del Mercosur y los acuerdos arribados con la Unión Europea, se suma un hecho sumamente negativo para el sector: Brasil, sin mediar razón o explicación alguna, decide dar de baja el acuerdo bilateral sobre transporte marítimo a partir del 5 de febrero del año 2022”, denunciaron en un comunicado conjunto la sede Buenos Aires de Servicio de Transporte Marítimo Argentina-Brasil (Semarbra-SBA), la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) y la Cámara Naviera Argentina (CNA).

“El acuerdo vigente data del año 1985 (ley N° 23.557) y es continuador del anterior del año 1968”, explica el texto que lleva la firma de sus autoridades, Gustavo Roca, José Pablo Elverdin y Jorge Alvarez, respectivamente, y describe que “tiene por objeto desarrollar el intercambio comercial por vía marítima entre la Argentina y Brasil, así como el mejor y más racional aprovechamiento de la capacidad de los buques que operan los armadores de ambos países”.

En el ámbito del Mercosur, el mercado de fletes entre Argentina y Brasil es el más importante aseguran desde Semarbra y advierten que a partir de la no renovación del acuerdo por Brasil, “la omisión de las autoridades argentinas es doble”.

En el comunicado reclaman, que “por un lado, la Cancillería no le exige a Brasil el cumplimiento de los mecanismos dispuestos por el Mercosur para estos casos; y por el otro el Ministerio de Transporte no impulsa el marco jurídico que en tiempo record (seis meses) debería permitir a la Marina Mercante Argentina operar competitivamente, es decir a los mismos niveles de fletes que ofrecerán los armadores extranjeros y que exigen los cargadores”.

“La suma de esa falta de respuesta –expresan- provocará el golpe final contra el sector y la consecuente extinción de la Marina Mercante Argentina, sus empresarios, tripulantes, trabajadores en tierra y actividades conexas”.

En opinión de los armadores argentinos nucleados en la Sede Buenos Aires de Semarbra, Fena y CNA, la acción estatal debería estar centrada en “idear, desarrollar y concretar” por un lado “un estratégico posicionamiento geopolítico en esta región del Atlántico Sur” por parte de la Cancillería argentina y por otro, un plan logístico integral para el comercio exterior de bienes y servicios por parte del Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.

“Para ambos fines, la marina mercante argentina es un eslabón inescindible y ya es tiempo de ponerla en valor”, dice el texto que lleva la firma de Roca, Elverdin y Álvarez. Y agrega que “desde hace aproximadamente 30 años, los transportistas por agua argentinos carecen de políticas navieras proactivas orientadas a participar competitivamente en el tráfico marítimo Argentina-Brasil”.

“A pesar de ello –indican-, a los armadores nacionales se les exige que operen sus buques de bandera argentina bajo condiciones de competitividad internacional; igual que las que disponen los buques extranjeros, que se encuentran altamente subsidiados; ya que sus países de bandera han definido políticas navieras agresivas y orientadas a participar fuertemente en el codiciado mercado de fletes internacional”.

Intereses cruzados

En promedio, el intercambio comercial con Brasil alcanza los 20.000 millones de dólares al año, lo que se traduce en 2.000 millones de dólares en servicios marítimos de comercio exterior para la Argentina. La actividad es neurálgica para la supervivencia de las empresas de bandera nacional.

Desde la Cancillería Argentina señalaron que la decisión de Brasil, que acelera los plazos para poner en marcha el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea “ya está tomada y es indeclinable; vamos a enfocarnos en cómo morigerar el impacto sobre todo en puestos de trabajo”, indicaron desde el área de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Para dar cuenta que la situación podría haberse tratado con antelación, las entidades empresarias describen una situación paradójica que se registró en 2016 cuando el entonces Senador Pino Solanas propiciaba una ley para el Desarrollo de la Marina Mercante, que contemplaba un capítulo de promoción en materia tributaria focalizado en dotar de competitividad a los buques nacionales mientras, en simultáneo, la Cancillería argentina ofrecía a la Unión Europea y a sus armadores, altamente subsidiados, la apertura de este tráfico bilateral y su proyección natural al Mercosur. 

Finalmente, en 2017 el Congreso sancionó la ley N° 27.419, de Desarrollo de la marina mercante nacional y la integración fluvial regional, pero vetó los artículos que preveían un fondo de financiamiento, cuyo objetivo apuntaba a la “la consolidación y el incremento de la participación de la flota mercante argentina en los fletes generados…por los tráficos bilaterales ... comprendidos en acuerdos suscriptos por la República Argentina…”, como es el caso del bilateral Argentina-Brasil”.

En la misma época, cuando se conocieron los alcances del acuerdo Unión Europea – Mercosur, que se negoció a puertas cerradas, se informó que los armadores europeos ingresarían a estos tráficos en un plazo de 10 años. “Como resultado de una lectura positiva del tema, consideramos que los poderes políticos de nuestro país tendrían tiempo para poner el tema en agenda, dotar de competitividad al sector, y evitar así un claro caso de competencia desleal, dado que los navieros europeos trabajan con buques registrados en bandera de conveniencia y ofrecen fletes subsidiados”, sintetiza el texto de los empresarios navieros. |