En un contexto crítico para las pymes, con tasas para el endeudamiento que llegaron a superar el 80 por ciento anual, según la Afip, entre 2015 y 2019 cerraron más de 24.500 empresas. La situación puso a las Sociedades de Garantía Recíproca, que buscan mitigar las restricciones que enfrentan las empresas de menor tamaño para poder acceder al financiamiento, en un lugar estratégico.

Básicamente, funcionan como un tanque de oxígeno para los pequeños sectores productivos que generan cerca del 70% del empleo y en momentos críticos necesitan crédito para subsistir, reconstruirse o no quebrar.

El sistema de garantía del crédito (SGC), una de las formas que los Gobiernos utilizan habitualmente para subsanar las fallas de mercado, en Argentina funciona desde 1994 bajo un esquema mixto, ya que conviven dos tipos de entidades garantizadoras: unas de capital privado o mixto (Sociedades de Garantía Recíproca o SGR) y otras de capital público o mixto con participación mayoritaria del sector público (Fondos de Garantía Públicos o FGP).

A noviembre 2019 operaban en Argentina 45 SGR con un fondo de riesgo de 25,681 millones de pesos y 6 FGP con un fondo de riesgo de 2,442 millones de pesos, según datos de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Riesgo (Casfog).

En 2020, en el marco de la crisis sanitaria, según Casfog, el fondeo alcanzó a 45.604 millones de pesos y $97.925, en garantías vigentes. Actualmente las SGR brindan asistencia a más de 21 mil pymes de todos los sectores de la economía, en todo el país y “en los últimos 18 meses el onboarding digital facilitó mucho la vinculación de nuevas pymes en línea con resoluciones regulatorias que permitieron que esto se produzca”, explica Rafael Galante gerente General de Crecer SGR.

Desde la mayoría de los sectores productivos reconocen que el acceso a respaldo de garantías es una de las “dificultades históricas” que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas para poder solicitar financiamiento bancario ya que constituye un requisito para acceder a un crédito formal. La falta de inclusión financiera es una problemática que también reconoce el sector público, por eso, en el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Desarrollo Productivo multiplicó 86 veces el presupuesto del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), en 2020, lo que permitió otorgar garantías a 57.000 pymes y 564.000 monotributistas y autónomos para que pudieran acceder a créditos.

Con la nueva ola de Covid encima, que vuelve a poner en jaque el sistema productivo en el país, la cartera que dirige Matías Kulfas busca ampliar exponencialmente la asistencia que brindan en la actualidad las Sociedades de Garantías Recíprocas y redireccionarla “para garantizar un acceso federal al financiamiento, así como también incorporar a sectores productivos que se encontraban excluidos de los créditos bancarios”, explicaron en un comunicado. 

“Todos los cambios regulatorios apuntan a lograr una mayor penetración del sistema SGR en el entramado pyme en particular las micro y las pequeñas que son las que menos acceden a líneas de crédito, puntualmente las de largo plazo”, agrega Galante y describe que la relación de las SGR con el organismo regulador se concentra a través de la Casfog que mantiene “diálogo permanente” con la secretaria PYME.

La nueva normativa eleva el mínimo de MiPyMES que las SGR deberán incorporar a su cartera de avales cada año e incorpora la exigencia de cumplir con un cupo destinado a MIPyMES lideradas por mujeres dentro de este universo. Asimismo, las Sociedades de Garantías Recíprocas solo serán autorizadas a ampliar sus Fondos de Riesgo en la medida en que incorporen nuevas MiPyMEs a su cartera de avales.

En ese sentido Galante se muestra optimista al señalar que esperan “poder seguir trabajando juntos –con el Gobierno- y con el objetivo de duplicar la cantidad de pymes que operan en el sistema SGR”.

Además, destaca el funcionamiento del modelo de garantías sindicadas a través de la Casfog, orientadas cien por ciento a monetizar avales para las micro y pequeñas que presentan sus proyectos a la línea del FONDEP.

La reglamentación fue establecida por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa a través de la resolución 21/2021 que se publicó el viernes en el Boletín Oficial e incorpora también regulaciones en torno a la emisión de avales en moneda extranjera con el objetivo de reducir el impacto de las variaciones del tipo de cambio, garantizar la sustentabilidad del Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas y disminuir los riesgos en los que se vio sumergido a partir de la última crisis devaluatoria de 2019.

En una economía de crisis cíclicas, que ahora se ha visto agravada por la pandemia del Covid-19, los especialistas reconocen que los avales que otorgan que SGR, y la posibilidad de asumir el riesgo para que las pymes continúen en funcionamiento o se reconviertan, mantengan o recompongan las cadenas de pagos y el nivel de empleo, ha sido clave.

El último estudio de la Cámara que nuclea a las SGR, revela que el sector origina un monto de avales a empresas pyme equivalentes al 16% del financiamiento bancario más el financiamiento a través del mercado de capitales al mismo grupo. “Muchas empresas desconocen la existencia de estas herramientas que facilitan el financiamiento, por eso es elemental que se conozcan las alternativas que hoy en día, se han dinamizado más con la digitalización; el número de SGR que existe en Argentina es bueno, lo que debe crecer es la utilización de estos fondos por parte de pequeñas y medianas empresas”, resumió Galante.  |