Mientras transcurría la reunión de Gabinete Económico, ayer, en la Casa Rosada, repentinamente se informó que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que los inspectores "salgan a controlar el cumplimiento de Precios Máximos".

En la cresta de la segunda ola de Covid -19, Cafiero se reunió con los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; el secretario de Política Económica, Fernando Morra y el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale, para buscar alternativas frente a una situación crítica y desafiante: contener a los sectores afectados por las medidas restrictivas, que buscan frenar el pico de contagios, pero sin partida presupuestaria. 

Por eso, según confirmaron fuentes oficiales, en la reunión de gabinete económico que se desarrolló en la Casa Rosada, se trabajó en la definición de medidas para bajar la inflación, se determinó un control más férreo de la aplicación de la ley de abastecimiento y la posibilidad de aumentar las sanciones para aquellos que la infrinjan.

En esa línea, se analizaron las estadísticas del índice de las materias primas, las cuales arrojaron que, para el primer trimestre del año 2021, tuvieron un incremento del 17,1% interanual, lo que representa la mayor variación desde el segundo trimestre de 2009 (17,8), según indicaron desde Jefatura de Gabinete.

Asimismo, al comparar con el mismo trimestre del año anterior, la variación interanual fue de 35,4%, algo que no se observaba desde el segundo trimestre de 2011 (39,9% i.a.). Y, con respecto al mes de marzo, la variación anual del índice fue de 45,3%, la máxima desde julio de 2008 (58,9%).

En adición al control exhaustivo de precios, según pudo saber N&P, el Gobierno está decidido a “aumentar y mejorar la distribución de la carne”, un tema que escaló en la agenda política en los últimos días, luego de las declaraciones de la Secretaria de Comercio, Paula Español, respecto a la posibilidad de cerrar las exportaciones para regular el precio interno.

Las declaraciones de Español, justo sobre el inicio de la gira que encabezó el ministro Guzmán por Europa, donde visita a países compradores de carne argentina, no habrían caído bien en el entorno, menos aún en un contexto delicado donde el gabinete económico se prepara para afrontar un nuevo incremento de precios que, según especialistas, podría superar 4% en abril.

Enseguida Cecilia Todesca, bajó el nivel de las declaraciones y anunció que el Gobierno prepara “medidas específicas” a partir de las mesas de trabajo que se realizan con distintas cadenas productivas.

No caben dudas sobre el peso que ejerce el incremento sistemático de precios en el bolsillo de los sectores más vulnerables y los esfuerzos que viene realizando el Gobierno para alcanzar la, casi ya imposible, meta del 29% anual. 

Se entiende también la urgencia por encontrar un paliativo frente a la crisis sanitaria que vuelve a dejar a un sector de la economía al borde del parate total.

“Hay una inflación autoconstruida que es muy dañina y tiene que ver con la historia del país”, dijo el presidente Alberto Fernández, días atrás, y cuestionó puntualmente los incrementos “incomprensibles” de la carne.

Mientras se espera el dato oficial de inflación, que comunicará hoy el Indec, esta semana, distintas fuentes señalaron a la carne como “central” en la “dinámica inflacionaria en alimentos”. El último informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), marcó que el precio promedio de la carne vacuna en febrero creció 73,1, respecto al mismo mes del 2020, y un 80 por ciento en carnicerías de Capital y GBA. Por encima de ese promedio se movieron el asado de tira (84,2 por ciento), matambre (77,1), cuadrada (75,7) y bola de lomo (75 por ciento).

Señales

Con estos datos sobre la mesa, desde los pasillos de la secretaría de Agricultura confirman que están trabajando en un plan que busca, además de aumentar el control de precios, que se ve afectado en algunos cortes por los precios internacionales, “mejorar la distribución de carne y acercarla al consumidor final”.

Todo indica que se busca incorporar estos productos al Mercado Federal Ambulante que Paula Español negocia con intendentes del conurbano. Ayer también, la funcionaria se reunió con los intendentes Leonardo Nardini, Federico Achával y Lucas Ghi, de Malvinas Argentinas, Pilar y Morón, respectivamente, para coordinar acciones que acerquen alimentos frescos a las y los consumidores de una manera más accesible y a precios mayoristas.

La opción que por el momento abarca a frutas y verduras, le quita protagonismo a los distribuidores que, en la intermediación, encarecen el precio de los alimentos. “Con esta iniciativa acortamos la cadena entre el productor y el consumidor para tener una rápida llegada a los barrios donde se necesitan medidas que contengan el precio de los alimentos. Para que resulte efectiva, toda política nacional requiere de una implementación a nivel territorial, por eso la colaboración de las y los intendentes y referentes municipales es esencial a la hora de pensar cómo operativizar este programa de la mejor manera posible”, dijo Español.

Ruidos

En el marco de una batalla por el control de precios, con endurecimiento de la fiscalización por parte del Gobierno y “picardías” de los empresarios para salir de los esquemas de regulación, este martes el ministro Kulfas, protagonizó un cruce con el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, cuando el dirigente empresario calificó como “anticonstitucional” la Ley de Abastecimiento, durante una reunión virtual con la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Según trascendió, el Ministro le recordó a Funes de Rioja, referente de la industria alimenticia, que la ley se aplica en el marco de un contesto excepcional como la pandemia global que golpea con fuerza la economía local, y criticó la “estrategia” de duplicar productos para ofrecerlos en la góndola a un valor superior al que se fija a través de la política de precios que el Gobierno acordó con las cadenas de productos masivos.

Ese escenario, junto al que protagonizó, Paula Español, que sirvió para agitar a sectores del agro, sumado a la instrucción a la AFIP para que controle el cumplimiento de Precios Máximos, una medida que representa más endurecimiento en el control de precios, que hasta ahora lo realizaba el área de Defensa del Consumidor, que depende de Desarrollo Productivo, reaviva tensiones.

“En un año electoral, buscar enemigos, como el campo, los exportadores, los poderosos, viene bien para el relato, pero hay que cambiar cuestiones de fondo”, analizó Miguel Ponce, ex secretario de Comercio y dirigente histórico del radicalismo.

En ese sentido cuestionó que “en ningún punto del Presupuesta Nacional se prevén fondos para la segunda ola de Covid; no se establecen refuerzos para esta situación que es más grave a la del año pasado”.

El director del Centro de Estudios del Comercio Exterior del Siglo XXI, propuso destinar el 25% de la recaudación del impuesto a la riqueza para palear la nueva crisis sanitaria y apuntó contra los recursos que se destinarán a YPF, a través de un fondo que administrará Enarsa, la empresa estatal de energía. “Se trata de una recaudación piso de 300 mil millones de pesos, lo que iría a YPF son 750 millones de dólares, en medio de una pandemia de la que todavía no conocemos sus alcances, con la situación inflacionaria que vivimos y la falta de dólares, el Gobierno debe replantear claramente el destino de esa partida”, destacó.

Ponce reconoció que el sector de alimentos es partícipe de en una fuerte pulseada por el control de precios, que los mantiene enfrentados en cada una de las medidas de control que realiza la secretaría de Comercio Interior, pero advirtió que se deben buscar “soluciones técnicas-creativas” ya que “tanto las amenazas contra la exportación de la carne como el envío de la Afip nos pueden retrotraer a situaciones que no dieron buenos resultados”, concluyó.

Perseverancia 

El ministro de Economía, Martín Guzmán, que participó del encuentro interministerial de forma virtual, reconoció que “en marzo la inflación va a ser la más alta del año", pero aseguró que se espera  una reducción a partir del mes de abril. "Hay circunstancias coyunturales -agregó-que han estado afectando a los precios, incluyendo la inflación en alimentos, que es un problema en el mundo y en particular, en esta pandemia”.

El titular del Palacio de Hacienda destacó el rol de los sindicatos que "han mostrado un accionar responsable y alineado con los objetivos de la política macroeconómica, que busca una reducción de la inflación gradual y consistente, junto a una recuperación del poder adquisitivo y del salario”, pero asumió que hay comportamientos a corregir.

También se despachó contra las empresas al destacar que "hace falta más cooperación de su parte para alinear expectativas y comportamientos con los objetivos macroeconómicos". 

Y dijo que "en ausencia de un alineamiento de conductas con los objetivos factibles de estabilización macroeconómica, el Estado profundizará las acciones de políticas de precios para favorecer esos objetivos”.

Durante la segunda parte del encuentro, se habló sobre el lanzamiento del “Plan de Desarrollo Productivo Argentina 4.0”, una estrategia de política productiva compuesto por 56 medidas para promover la incorporación de tecnologías 4.0 al entramado productivo. "Su incorporación en los procesos productivos de los sectores tradicionales (como la Industria 4.0), implica una mejora de la competitividad, la generación de empleo de calidad y una mayor salida exportadora", indicaron desde el Gobierno.|