Mientras los ojos del país se centraban en la reforma al impuesto a las Ganancia, en una sesión especial que reunió a los legisladores un sábado, el diputado nacional José Luis Ramón, que preside el interbloque Unidad Federal en la Cámara Baja, hizo uso de una mención de privilegio para denunciar que “la marca Fiat viene comercializando la camioneta Fiat Toro que en sus versiones naftera de caja manual, para decirlo sencillamente, es un verdadero peligro”, dijo y explicó que “tiene un sistema de quema de residuos que está mal explicado , es poco práctico y que, en pocas palabras, hace correr el riesgo a los conductores de que la camioneta se prenda fuego en medio de su uso”.

“Ha habido cantidad de casos ya en nuestro país y afuera”, aseguró y contó que recientemente esto le sucedió a un patrullero de la policía de Córdoba. La dependencia de seguridad, según indicó el legislador del partido Protectora, compró varias unidades de la pickup y “no pudo lograr lo que los consumidores le piden a la empresa: el cambio de las unidades”.

Además del daño económico, Ramón apuntó que se está poniendo en riesgo la vida e integridad física de las personas. “La presencia activa del Estado, sigue brillando por su ausencia”, dijo luego de señalar que desde la dirección Nacional de Defensa al Consumidor “poco y nada” han hecho. 

Con redoblada indignación, Ramón denunció que “la empresa que siempre está sentada en la mesa de discusión de cualquier gobierno”, inició acciones legales contra el abogado Ezequiel Vergara, representante de la asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU). “En lugar de ayudar a resolver el caso, brindar la prueba y cooperar con la justicia – todo lo que la ley ordena- se dedicó a hacer todo lo contrario”.

En ese contexto, el diputado mendocino recordó que desde hace años realiza denuncias sobre directivos de la firma italiana, “por la estafa que realizan en todo el país mediante los círculos de ahorro”. “Se inflan los precios de venta de los autos en los círculos de ahorro, para cobrar cualquier monto. No hablamos de una diferencia de precios cualquiera, hablamos de autos que se venden a más del 50% arriba del valor de mercado. Y la empresa no solo no hizo nada, sino que la justicia no movió un dedo”, agregó Ramón.

En una denuncia elevada a la Justicia federal en 2018 , el diputado Secretario de la Comisión de Defensa del Consumidor y la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación, solicita que se investigue a Cristiano Rattazzi, en su calidad de Presidente y a Julián Ignacio Burgo en su carácter de director titular de FCA S.A. ya que, según explica el texto, “en el transcurso del año 2018, muchos de los precios de los automotores comercializados por medio de los planes de ahorro previo, han sufrido un incremento de más del 100%”.

“El caso más claro es el del modelo Fiat Palio Attractive 1.4 5Ptas. (85cv), que tenía un valor móvil informado por la administradora en las facturas de diciembre de 2017, de $ 312.090,21 y en octubre de 2018, de $614.041,63: un aumento del 96% en tan solo 10 meses”, reveló Ramón y agregó que “la situación es todavía más irregular si vemos que en los mismos periodos, el valor del automotor al público general era mucho más bajo. Según los precios que pública ACARA de los mismos meses, el mismo modelo tenía un precio de $225.000 en diciembre de 2017 y de $419.500 en octubre de 2018: un 1/3 más barato que el precio exigido a los suscriptores de planes de ahorro por el mismo bien”.

Mientras espera que la justicia investigue, el legislador señaló que “se necesita una ley de acciones colectivas para que la justicia avance en proteger lo que la ley mande; que se defiendan activamente los derechos de los consumidores y no que la justicia tramite denuncias penales contra los abogados que protegen a los consumidores”.

Sueño eterno

La ilusión del auto propio que condensa particularmente en el imaginario de la sociedad argentina sensaciones ligadas al triunfo, la autonomía y refuerza la idea de movilidad social ascendente, con las devaluaciones cíclicas más que sueño, en ocasiones, se vuelve una pesadilla.

El esquema de autoahorro, que permite abonar un vehículo en cuotas variables durante siete años, resulta eficiente en una economía estable y con cierta previsibilidad. Paradójicamente, en situaciones de mayor inestabilidad es cuando proliferan herramientas financieras que parecen tentadoras si no se tiene en cuenta la letra chica o se observa con detenimiento las listas de precios oficiales que las automotrices publican ante la Inspección General de Justicia.

Por lo general se reúnen grupos de 168 compradores que van recibiendo los vehículos a razón de dos por mes, uno por sorteo y otro por licitación. Tanto los que reciben el vehículo en la cuota 2 como los que continúan en espera, afrontan los mismos incrementos, con la diferencia de que unos cuentan con la unidad y los otros, muchas veces, no llegan a completar el plan.

Las cuotas variables se calculan cada mes dividiendo por 84 el valor actualizado del 0 km, más cargos varios que pueden elevar la suma un 14%.

En 2018, cuando el dólar aumentó su valor un 100 por ciento en pesos, los fabricantes de vehículos que al mismo tiempo gestionan sus planes de financiación ante los concesionarios, trasladaron el impacto de los insumos importados a la cuota, lo que volvió imposible de pagar para muchas familias de la Argentina.

Esta situación llevó a un pico de denuncias ante Defensa al Consumidor en 2019, “por los aumentos de cuotas indiscriminado en los planes de ahorro”, contó Gabriela Abad, abogada de Usuarios y Consumidores Unidos de la ciudad de Buenos Aires.

“Recibimos ciento de denuncias diarias por los incumplimientos de este tipo de empresas, prácticamente están en el puesto número uno de los rubros más denunciados en nuestra Asociación”, dijo Abad.

Como consecuencia de la devaluación, en 2019, en el Informe anual de la Secretaría de Defensa al Consumidor, el rubro Rodados, con 8.271 denuncias, representó el 8% del total. Mientras que, en 2020, con un incremento generalizado de reclamos, se recibieron 9.439 denuncias, lo que significó el 4% del total.

Hecha la ley…

Adrian Bengolea, Director Ejecutivo de UCU, explicó que las imputaciones que recayeron hoy contra las terminales automotrices Nissan, Toyota, Chevrolet, Renault, Ford, Volkswagen, Peugeot y FIAT-Chrysler tiene que ver con un trabajo de control de cláusulas abusivas en los contratos predispuestos de distintas empresas que viene realizando la Secretaria de Defensa al Consumidor, pero no tiene relación directa con las denuncias que viene realizando desde UCU contra los planes de ahorro. “Vieron que en la web no se estaban publicando los contratos como dispone la normativa y a su vez detectaron algunas cláusulas abusivas”, marcó.

En el marco de los derechos de los consumidores se entiende como “práctica abusiva”, a esas acciones que realizan de forma repetitiva, constante, sistemática las empresas y tienden a afectar a una gran cantidad de consumidores. “Es una cuestión muy grave que la ley de defensa al consumidor castiga fuertemente a través de daño punitivo, multas, sanciones, pero pocas veces el consumidor sabe que está siendo afectado”, planteó Bengolea.

“El derecho de la información es la columna vertebral de los derechos de los consumidores. Aquí la secretaría de Comercio, como autoridad de aplicación de la Ley 24.240 -Defensa de consumidor-, tiene facultades suficientes para sancionar a las empresas ante la violación a las normas consumeriles”, opinó Abad.

Además destacó que también se imputó a algunas sociedades por incluir en los contratos de adhesión presuntas "cláusulas de prórroga de jurisdicción" que resultan “sumamente abusivas y contrarias a las normas consumeriles”, ya que por ejemplo, según Abad, se obliga a los ahorristas que en caso de controversia, deban litigar en CABA, donde la gran mayoría de las empresas tienen domicilio,  y si el consumidor reside en otra provincia, representa un grave “entorpecimiento” para que el reclamo avance.

Para dar cuenta de los abusos, Bengolea contó que “existen empresas que cobran el derecho de adjudicación de un plan de autoahorro, que es similar al valor de una cuota; es como que cuando vayas a la carnicería a comprar un pedazo de lomo, te cobren el acceso al lomo”, dijo. “Tan simple como eso”, remató y explicó que la autoridad que debe regular estas situaciones abusivas, la Inspección General de Justicia (IGJ) a través de la Dirección de Control de Planes de Ahorro, “hace años   viene permitiendo el cobro de un cargo que desde la defensa del derecho del consumidor sería más que cuestionable”.

A modo de antecedente, el directivo de UCU, toma el caso de las entidades bancarias que “históricamente” cobraban un cargo por otorgamiento de crédito; “hace varios años el Banco Central lo suspendió, ahora está en debate judicial si lo que cobraron lo tienen que devolver, pero la lógica es la misma, la ganancia está en los intereses que se cobran en las cuotas”, afirmó.

“Son cláusulas que si no las tumba la justicia no las va a tumbar el poder administrativo porque mucho de lo que se debate está sometido a interpretación”, opinó Bengolea y expresó que desde la UCU proponen que, en los casos de fuerte variación del costo de la cuota, ya sea por inflación, precio del dólar, entre otras causas externas al consumidor, exista la posibilidad de que los ahorristas puedan retirarse en condiciones justas, “porque sino quedan sometidos a un ahorro forzoso”, apuntó.

Desde Justicia Colectiva, su presidente, Alejandro Pérez Hazaña, señaló que los planes de autoahorro hoy en día “son una trampa mortal”, dijo y explicó que “las personas encuentran en esta herramienta la única forma de acceder a un auto, pero nunca saben qué monto abonarán”.

Según indicó el abogado, esta modalidad “no existe en ninguna parte del mundo; deben buscarse otras alternativas a este decreto que data de la década del 60`”. En ese sentido, la asociación presentó un proyecto de ley que propone, básicamente que se prohíba el desarrollo de las actividades bajo la modalidad de planes de ahorro previo por círculos o grupos cerrados (artículo 174 de la Ley 11.672 y el artículo 9 de la Ley 22.315) y busca controlar y responder por los actos de sus concesionarios, agentes o intermediarios.

Para los abogados que defienden los derechos de los consumidores y llevan años cuestionando los “mecanismos de financiamiento abusivos” de algunas automotrices, la iniciativa de Comercio es buena, pero coinciden al analizar que “el debate sobre las condiciones de financiamiento se deben dar en otro ámbito, porque es un problema cíclico que afecta a una mayoría de consumidores que financian la adquisición de un auto”.

“El Código Civil, cuando se le da poder a alguien para que actúe en su nombre, dice específicamente que cuando el que va a cumplir las órdenes encuentra condiciones excepcionales que pueden hacer cambiar las bases del contrato tiene que pedir nuevas instrucciones a su mandante”, agregó Bengolea.

Por último, enfatizó sobre un punto que también mencionó Ramón en su discurso en el Congreso de la Nación que tiene que ver con la mayor eficiencia que muestran los reclamos colectivos frente a causas individuales. “Los consumidores no tuvieron otra que iniciar juicios individuales y la justicia, lenta y perezosa, va despachando casos aislados, en algunos casos ordenando la devolución”, apuntó el diputado.

En la misma línea el Director Ejecutivo de UCU, describió que “para un consumidor aislado en su casa a veces es muy difícil darse cuenta que está siendo objeto de una práctica abusiva porque no está en contacto con otros afectados”. Por eso desde las uniones de consumidores aconsejan como primer paso buscar en internet, para detectar si alguna empresa “se está portando mal”, y sumarse a foros o grupos de damnificados para realizar denuncias colectivas.

Además, se pueden consultar estadísticas y pedir informes a través de los organismos oficiales de defensa al consumidor para comprender si se trata de un hecho particular o una proactiva abusiva. “En las estadísticas oficiales hay empresas que son multidenunciadas”, explicó Bengolea y remarcó que “es importante mostrar que la empresa realizó una práctica abusiva porque la sanción es totalmente distinta si se trata de un incumplimiento aislado o si se comprueba que ha habido una conducta de arrasar con los derechos de los consumidores”.

A partir de la resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la secretaria de Comercio, las empresas cuentan con 5 días hábiles para hacer el descargo correspondiente y dar las explicaciones del caso. Posteriormente, continúa el proceso administrativo dentro de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo, autoridad de aplicación de la Ley 24.240, para determinar si corresponden sanciones en los casos enunciados.

Desde la cartera que conduce Paula Español comunicaron también que los consumidores que hayan detectado inconvenientes con un producto o servicio, si la empresa no brinda una solución adecuada, pueden ingresar su reclamo en: https://www.argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-de-las-y-los-consumidores. Además, pueden obtener información adicional, comunicándose teléfono gratuito 0800 666 1518, al correo electrónico: consultas@consumidor.gob.ar y el Twitter @DNDConsumidor.|