Con una inflación de enero que ya bordea el 4% y que en alimentos duplica esa cifra, el gobierno se reúne este miércoles con sus interlocutores frente al campo, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), para ver como logran no trasladar la suba de los commodities en el exterior a la mesa de los argentinos. Es que la "Inflación importada" como la denomina el ministro Martin Guzmán está haciendo que el gobierno busque asegurarse la oferta de los bienes de primera necesidad y desdolarizarlos para que puedan ser consumidos en el mercado interno.

En este contexto, Guzmán celebra la medida ratificada hoy en el Boletín Oficial que asegura el alcance del acta firmada el 30 de diciembre pasado entre el Gobierno y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y Centro de Exportadores de Cereales (CEC), donde los distintos actores del sector se comprometieron a implementar un mecanismo de financiamiento, con la finalidad de que los consumidores del mercado interno pudieran contar con un precio accesible de aceites, bajo pautas de previsibilidad y seguridad jurídica.

Se trata de la creación de la figura de un fideicomiso privado que de acuerdo a lo publicado hoy se conformará "con el objetivo de sostener en el mercado interno un precio accesible de los aceites envasados para los consumidores, así como su pleno abastecimiento".

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, lo confirmó al señalar que este fideicomiso "es para subsidiar el precio y va a implicar 29 millones de litros por mes, alrededor del 75% del consumo nacional de las marcas líderes a precio subsidiado". En los hechos, el abastecimiento de aceite parece más simple que el de maíz y trigo. Especialmente porque en esos dos sectores aún tiene mucha fuerza política la Mesa de Enlace y sobre todo la Sociedad Rural, de muy mala relación con el gobierno.

Así las cosas, los dos actores más duros en la discusión por la renta agraria, -el kirchnerismo y la Sociedad Rural- no discuten por la conformación de los fideicomisos, sino por las retenciones. El "albertismo" - salvo Martin Guzmán- ensaya salidas "intermedias" como los fideicomisos, saben que a mediano plazo la disputa se dará por los derechos de exportación. Es que en el actual nivel de precios, una suba de tres puntos en las retenciones de trigo y maíz –el tope establecido en la Ley de Solidaridad Social- el Estado podría recaudar 304 millones de dólares adicionales.

Desde la llegada del Frente de Todos al gobierno, los derechos de exportación pasaron del esquema de 3 a 4 pesos por dólar exportado -pensado por Cambiemos para que la devaluación licuara las retenciones- a porcentajes fijos. Con la ley de Solidaridad Social, el impuesto para la soja quedó en 30% con la posibilidad de adicionar 3 puntos, opción que el Ministerio de Agricultura utilizó en marzo de 2020 y generó un fuerte cruce con el sector agropecuario, liderado por una Mesa de Enlace que no pudo alcanzar una postura unificada.

Pero lo que más preocupa al campo es lo dicho por la Vice jefa de Gabinete, Cecilia Todesca, acaso una de las personas que más escucha el presidente Fernández. Todesca sostuvo que no descartaba una suba de retenciones para controlar el precio de los alimentos y eso encendió todas las alarmas. Por sus voceros, desde la Mesa de Enlace le advirtieron al gobierno que si esto ocurre volverían a las rutas, y que a raíz de la suba de los granos en Chicago aumentó el ingreso de divisas, sin necesidad de modificar el actual sistema tributario para el comercio exterior.

La verdadera pelea es por la soja

La oleaginosa estrella del campo argentino se mantiene hace semanas por arriba de los 500 dólares la tonelada y eso determina otro round entre los grandes exportadores y el gobierno en los próximos meses. Con el actual nivel de precios y aún pese a la caída en las estimaciones de cosecha, solo por efecto de la suba de precios en granos y subproductos, el ingreso de divisas este año aumentaría en 3.240 millones de dólares y –sin tocar las retenciones- entrarían a las arcas del cerca de 150 millones de dólares adicionales por retenciones.

Las retenciones a la soja están a tope y quedaron en 33% (con un reintegro a pequeños y medianos productores que empezó a pagarse a finales del año pasado), mientras que maíz y trigo se establecieron en 12%. Pero la Ley de Solidaridad Social dejó abierta la puerta para un incremento de 3% en este impuesto. En tanto la carne vacuna se mantuvo en 9% y no son pocos en el gobierno que piensan que si la carne sigue aumentando, se podría llevar a 11%. Todos números que deberán ser puestos en contexto con el que más le importa al equipo económico: el de la inflación.|