Esta semana, la tapa de The Economist, puso al trigo en el centro de la escena mundial y advirtió que se avecina una “catástrofe alimentaria” no sólo por el alza en el precio mundial a partir de los bombardeos que inició Rusia en Ucrania, sino también por la interrupción de exportación de cereal, por parte de estos dos países al resto de Europa, África y Asia. 

Junto con buscar mercados complementarios, como Argentina o Brasil que son productores, la guerra modificó el escenario global de producción y distribución de alimentos acelerando los precios más de 50%, lo que impacta en las canastas de alimentos básicos y pone en riesgo el abastecimiento en distintas regiones del mundo. 

El artículo especifica que Rusia y Ucrania aportan el 12% de las calorías que consume el mundo. En efecto, la situación se agravó esta semana cuando India anunció una restricción a sus exportaciones para garantizar el abastecimiento interno y el precio se disparó otro 6%, con un valor que superó los US$ 450 por tonelada.

Con una mirada liberal y aprovechando la ocasión para golpear el líder ruso Vladimír Putin, el artículo refleja certezas como la crisis alimentaria que hace más vulnerable aún la situación de más de 250 millones de personas que se encuentran al borde la hambruna a nivel global.

El tema fue recogido por el presidente Alberto Fernández, en una extensa nota que brindó al periodista Ernesto Tenembaum, luego de su gira por Europa donde, según indicó, buscó posicionar a la Argentina como proveedor de alimento y energía.

Luego de describir el escenario mundial, la vulnerabilidad del mercado interno local quedó expuesta y con ella la disputa que existe al interior del Gobierno por la ineficiencia que mostraron hasta ahora las medidas para controlar la inflación: control de precios, canastas de alimentos a precios bajos y un “fideicomiso del trigo” que aún no se concretó. 

Los columnistas de Tenembaum ahondaron en preguntas que buscaron dimensionar una situación que parece agravarse mes a mes, con una inflación que ronda el 6% mensual, y acumula 23 puntos en el primer cuatrimestre del año pero que, además, en abril marcó un récord para los últimos 30 años con un 58% interanual.

Acorralado, el presidente se defendió y expuso que también fue inédita la pandemia como lo es, ahora, la guerra que disparó los pecios. Sin embargo, al calor del debate, los planteos lo enceraron y Fernández reconoció: “Tenemos que hacer algo para que los alimentos en Argentina recuperen su precio interno”, y en ese punto señaló que “claramente” la fórmula para que “los precios internos se desacoplen de los internacionales" son las retenciones, “aunque la gente del campo interpreta que es una medida contra ellos”, aclaró.

Las declaraciones, no sólo comenzaron a rebotar por todos los medios, despertaron un torbellino de preguntas entre los funcionarios que lideran las carteras vinculadas a la economía: Martín Guzmán, al frente de Hacienda; Matías Kulfas, titular de Desarrollo Productivo y su par de Agroindustria, Julián Domínguez, que fue el primero en salir a negar la posibilidad de subir las retenciones.

“Antes de presentar el Plan GanAr en Córdoba, hablé con @alferdez, @JuanManzurOK y @gabicerru. Desde que asumí, la preocupación del Presidente es el aumento de los alimentos para las y los argentinos. De ninguna manera se van a aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley”, escribió el ministro de Agricultura en Twitter.

El Gobierno enfrió –por ahora– el debate con un anuncio de “reorganización de funciones económicas” que buscan “fortalecer la reactivación productiva y el abordaje de la problemática de la inflación”; lo que se traduce, básicamente, en el traspaso de la Secretaria de Comercio que lidera Feletti, un aliado de la vicepresidenta y que viene proponiendo incrementar retenciones a los commodities desde que inició el conflicto en Ucrania, a la órbita de la cartera de dirige Guzmán.

Luego de las declaraciones del presidente, la primera lectura que marcaba el triunfo de Feletti y con él del ala cristinista, frente a la resistencia que muestran Guzmán y Domínguez por incrementar los Derechos de Exportación, perdió peso con los anuncios oficiales. Sin embargo, la mecha que lleva inevitablemente al “deja vu” de la 125 que marcó un antes y un después en la política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se encendió.

Del otro lado y en el más extremo opuesto, incluso en disenso con decisiones proteccionistas que están tomado países del primer mundo para contener el aumento del costo de vida por la alta inflación, la oposición sacó a relucir proyectos que buscan reducir progresivamente las retenciones a cero; medidas, como la reducción de carga impositiva, que paradójicamente, los que las pregonan no pudieron aplicar al ocupar el sillón de Rivadavia. 

Los especialistas que defienden este tributo explican que, en épocas de crisis, permite obtener Recursos Fiscales en forma rápida y efectiva, además, se utiliza como un instrumento que limita los aumentos de precios internos de algunos productos que se generan por la devaluación del peso. 

Pero también, un sector dentro de los técnicos en la materia, apuntan a las retenciones como generadoras de distorsiones y aseguran que reducen la competitividad; además, plantean que sin el impuesto se incrementaría la recaudación por mayores incentivos para la producción. 

En fin, la Argentina necesita de forma urgente implementar medidas que frenen la pérdida del poder adquisitivo que acumula 20 puntos de atraso, desde 2015; una situación que, a diferencia de las industrias que lograron recomponer su rentabilidad –como la alimenticia, la textil y la de turismo– con asistencia del Estado, no pudo revertirse por la pandemia, primero. Y, luego, aunque el país se recuperó de forma impensada de la crisis que produjo el Covid, con un crecimiento de 10% de su PBI en 2021, y mientras sectores monopólicos administran exportaciones récord, los asalariados continúan afrontando el costo de la irrupción de la guerra. 

Por ahora, el Gobierno cuenta con el aval del FMI que aplicó el “siga, siga” en su primera revisión del acuerdo de facilidades extendidas, lo que habilita cierto margen de acción hasta el próximo encuentro donde se espera mayor exigencia, y una fuerte concentración, principalmente, sobre el dato que más preocupa a los técnicos del organismo internacional: la emisión monetaria, que ya representa el 50% de lo permitido para el 2022.

Frente a una inflación que no cederá por la presión mundial, cómo mejorar la posición de los “trabajadores empobrecidos” –que cuestionó la vicepresidenta–, y ejercer “justicia social” sin aumentar la emisión ni gravar la renta inesperada o tocar los derechos de exportación, es la gran ecuación que debe resolver el ministro Guzmán.     |