Uruguay inició ayer el cierre de sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres así como la entrada en vigencia de la ley que limitará, y en casos de desobediencia, multará el derecho de reunión por el aumento de casos de la covid-19 en ese país en las últimas semanas.
Así lo explicaron en conferencia de prensa los ministros de Defensa, Javier García, e Interior, Jorge Larrañaga, quienes coincidieron en el llamamiento a la población de ese país a acatar las normas y evitar aglomeraciones.
García detalló que a partir de mañana se desplegarán por todas las zonas limítrofes con Argentina y Brasil más de 500 integrantes del Ejército y la Armada con 25 puestos de control en los que se permitirá el ingreso para las excepciones de transporte de carga y ayuda humanitaria.
“Queremos decir que esta disposición nadie la adopta con alegría, en ninguna circunstancia. Pero están determinadas porque hay que preservar derechos muy importantes y diría que sagrados como el derecho a la vida y la salud”, expresó.
Brasil una frontera peligrosa
García también agregó que en la frontera con Brasil, especialmente, se da el “fenómeno” de la “vida binacional”, en la que ciudadanos uruguayos se trasladan a Brasil a trabajar y viceversa, por lo que señaló que en esos casos se solicitará, como medida de comprobación, los documentos de identidad y se revisarán los movimientos migratorios.
“Vamos a ser muy estrictos con el cumplimiento de la ley, así que tanto en los 25 puestos de control en todo el perímetro del país como en lo que significa los puentes van a estar cerrados y al tiempo recordamos que están prohibidos los vuelos particulares y todo medio de transporte terrestre y marítimo”, apuntó.
Con respecto a la limitación de las reuniones y aglomeraciones de personas, Larrañaga explicó que las fiscalizaciones estarán a cargo de los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales que estarán constituidos por los Ministerios del Interior y Defensa, Fiscalía, presididos por los 19 intendentes del país.
Asimsimo, remarcó que las multas por el desacato de esta ley oscilará entre 30 y 1.000 Unidades Reajustables (de unos 922 a 30.700 dólares).
“Esto implica la responsabilidad de cada uno de los uruguayos. La ley que acaba de aprobarse es para cuidar a la gente a la salud y la vida y por eso hay que asumir una decisión frente a los intereses en juego aun a costa de poder limitar algún tipo de derecho“, afirmó.
Añadió que cuando se tome de decisión de intervenir sobre reuniones y aglomeraciones se tendrá en cuenta el número de integrantes en cada situación que generen un “notorio riesgo a la salud” que será el criterio aplicado por el Ministerio de Salud Pública y las autoridades policiales intervinientes.
“Aquí está en juego la salud de la gente y no es posible que gente irresponsable y que actúe con indolencia ponga en riesgo la salud de todos”, concluyó.
Tras nueve meses de emergencia sanitaria, Uruguay vive su “primera ola”. Desde el 13 de marzo, cuando aparecieron los cuatro primeros positivos de covid-19, Uruguay registra 13.048 personas contagiadas (4.602 de ellas activas) y 119 fallecidas.
