El Comité Nacional del Paro (CNP), que organiza las protestas que sacuden a Colombia desde hace más de un mes, y el gobierno del presidente Iván Duque intercambiaron acusaciones y agregaron obstáculos a la negociación que debían reanudar hoy con el fin de superar la crisis.

El CNP afirmó en un comunicado divulgado esta tarde que el gobierno “a la fecha no ha querido establecer un proceso de negociación con los sectores sociales que aglutinan parte de las peticiones que se gritan en las calles”.

Agregó que “dilata de manera inconsecuente la firma de un acuerdo básico de garantías que abra el camino para instalar mesas de negociación, como forma razonable de abrir espacio a escuchar y resolver las justas razones de las movilizaciones”.

Asimismo, sostuvo que las autoridades privilegiaron “los discursos de odio y declaraciones estigmatizantes”, así como “el tratamiento militar” contra quienes ejercen “el legítimo derecho a la protesta”.

“Igualmente, el presidente de la república y el gobierno siguen guardando un silencio cómplice con el uso de la fuerza por parte de la Policía, el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), al igual que el ataque de grupos civiles que actúan al lado de agentes estatales en contra de quienes ejercemos el derecho a la protesta”, señaló la nota.

El gobierno había dicho antes en otro comunicado que "lo único" que pidió como condición para negociar fue el levantamiento de los bloqueos de rutas y avenidas. “Lo único que le pedimos al comité del paro para sentarnos a construir acuerdos es el levantamiento de los bloqueos; levantar los bloqueos es lo mínimo para quien tenga sentido del dolor ajeno”, indicó el texto oficial.

“Para nuestra sorpresa, el Comité Nacional del Paro (CNP), en lugar de solidarizarse con los colombianos, ha insistido en su apoyo a los bloqueos; esperamos que los que se sienten líderes de las comunidades acojan nuestra invitación a desbloquear y a dialogar pero sin paro, ni bloqueos”, añadió el documento, según la RCN.

El texto sostiene que “la obstrucción o restricción de las vías, ríos, puertos, aeropuertos o cualquiera otra facilidad de desplazamiento y movilización, afecta los derechos de la vida, la salud, la integridad física, el medio ambiente, la alimentación, el trabajo y la movilidad de las personas y son absolutamente inadmisibles”.

La situación pareció complicarse ayer, cuando un vocero del CNP, Fabio Arias, advirtió que ese grupo insistiría en que “los bloqueos o cortes de vías deben ser resueltos de manera dialogada y negociada”, y anunció nuevas marchas y movilizaciones “pacíficas” para el miércoles próximo en todo el país.

En ese contexto, miles de personas salieron hoy a las calles de las principales ciudades de Colombia para marchar vestidas de blanco contra el paro y la violencia que estremecen al país desde el 28 de abril, convocadas a través de redes sociales por legisladores del Centro Democrático, el partido de Duque.

Esas marchas fueron reseñadas por dirigentes y ciudadanos en las redes sociales bajo el hashtag #YoProtejoMiPaís. En Bogotá y Medellín se corearon consignas tales como “Sin violencia, así se marcha”, “No más protestas” y “Policía, amigo, el pueblo está contigo”, según un diario local.

En la capital, cuando los manifestantes llegaron al Parque Nacional intercambiaron arengas y cánticos con partidarios del paro, sin que se registraran incidentes. Paralelamente, quienes apoyan el paro nacional iniciado el 28 de abril realizaron nuevos “plantones” y manifestaciones en todo el país.

Aumentan los números de fallecidos

Duque ordenó el viernes la asistencia militar y el toque de queda a gobernadores de siete departamentos y alcaldes de ocho municipios para coordinar la Fuerza Pública con el objetivo de levantar los bloqueos en las rutas. La medida fue tomada un día después de que una fuerte represión de la Fuerza Pública en Cali, la ciudad más afectada por la violencia, dejara cuatro muertos y varios heridos de gravedad.

El alcalde de Cali, Iván Ospina, confirmó que en las 24 horas previas fallecieron 13 personas de forma violenta en la ciudad. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por lo ocurrido en Cali y pidió diálogo y una investigación independiente.

“Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley”, dijo Bachelet en un comunicado, según la agencia de noticias AFP.

Duque, además, acusó a los grupos disidentes de la disolución de las FARC de estar financiando los piquetes en las rutas. Al respecto, la radio Caracol afirmó que la Fiscalía General documentó a través de audios, videos y fotografías que esos grupos promovieron ataques a comercios, bancos y sedes gubernamentales, así como agresiones a policías y bloqueos de avenidas y rutas en Cali y el sudoeste del país.

Por otra parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, afirmó que son “totalmente falsas” las denuncias sobre “decenas de muertos y desaparecidos” como consecuencia de las protestas y su represión. “Lo que he podido leer es que muchos muertos no son consecuencia del paro, sino que son hechos aislados por riñas y por intentos de hurto”, dijo.

“Fue una situación muy bien orquestada, yo la siento así; fue una situación que organizaron a nivel internacional para desprestigiar al país”, agregó Ruiz, según el diario El Espectador, que juzgó “desafortunadas” las declaraciones del funcionario.

El periódico resaltó que si bien organismos oficiales como la Fiscalía y la Defensoría suministraron “cifras distintas” sobre muertos y desaparecidos en comparación con las que manejan organizaciones humanitarias, “aun así, ambas entidades hablan de decenas de muertos y desaparecidos”.|