Malversación de fondos, fraude al Fisco y cohecho. Tres delitos que se repiten en las causas judiciales donde alcaldes de distintas comunas de Chile han sido investigados, formalizados y hasta condenados.
Hace algunos años, Chile se enorgullecía por sus bajas tasas de corrupción dentro del sistema público, las policías y las fuerzas militares. Sin embargo, recientemente se han conocido una serie de denuncias de desfalco a los municipios que se llevan perpetrando desde hace más de una década.
Los protagonistas son jefes comunales de distintos partidos, aunque en la mayoría de los casos que ha visto en la justicia se trata de dirigentes de agrupaciones de la derecha chilena.
Pero en la izquierda también existen irregularidades. Esta semana, el Partido Socialista suspendió la militancia del alcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy, quien fue denunciado por realizar compras de trato directo por 316 millones de pesos (U$388 mil dólares) a la empresa del hermano de uno de sus asesores más cercanos.
También se dio cuenta de la compra un inmueble pese a que se encontraba con orden de embargo, y la adjudicación de un contrato para pintar las fachadas de varios colegios a una empresa que no tenía experiencia en la materia y cuyos trabajadores no contaban con implementos de seguridad.
El pasado 15 de enero el Tribunal de Puerto Montt declaró culpable al ex alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger por fraude al Fisco y obtención fraudulenta de prestaciones fiscales.
Berger fue militante del Partido Socialista, pero renunció justo cuando se estaba analizando su suspensión por otro hecho irregular. En el caso judicial, se comprobó que el ex alcalde junto a una comitiva viajó en el 2015 a Bariloche para firmar un convenio con esa ciudad, el cual nunca se concretó. El viaje le costó al municipio 5 millones de pesos (U$6.150 dólares).
Dentro de los próximos días, la justicia debería informar su condena. Berger se arriesga a pagar con cinco años de cárcel.
UDI y RN protagonistas de casos de corrupción
Pero analizando las causas actuales y las que ya tienen condena, la mayoría de los investigados pertenecen o pertenecieron a los mayores partidos políticos de la derecha: Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).
En febrero comenzará el juicio contra el ex alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat (RN), por negociación ilícita. Según lo que indica la Fiscalía, entre los años 2013 y 2015 cuando estaba frente al municipio, Sabat firmó contratos con un tercero, que era socio de su hijo, quien ganó 15 millones de pesos (U$18.450 dólares).
También en ese mes será formalizado Raúl Torrealba, ex alcalde de Vitacura –una de las comunas más ricas del país- quien montó una maquinaria a través de distintos departamentos a través de una figura jurídica que impedía su fiscalización.
Durante años desvió dineros públicos destinados a esos departamentos y los habría depositado en sus cuentas bancarias.
Otro de los casos emblemáticos, pero que ha tenido pocos resultados, son las investigaciones judiciales y de organismos públicos contra Virginia Reginato (UDI), quien fuera alcaldesa de Viña del Mar por cuatro períodos consecutivos.
Luego de que dejó su cargo, la Contraloría General de la República descubrió un déficit por 17 mil millones de pesos (U$20 millones de dólares) y que no había sido informado. Los dineros habrían sido destinados a “sobresueldos”, pagos de horas extra y contratos privados.
Reginato había postulado y ganado como concejala, pero no pudo seguir en el cargo después de que el Tribunal Calificador de Elecciones fallara en su contra por notable abandono de deberes.
Además, se inició un proceso judicial en paralelo, donde funcionarios de confianza de la alcaldesa fueron condenados por fraude al fisco. Sin embargo, Virginia Reginato no fue formalizada, ya que el Ministerio Público decidió no perseverar en su contra.
La investigación continúa y con el tiempo se descubrió que el déficit municipal era mucho mayor: 100.000 millones de pesos (U$123 millones de dólares).
