Es un documento de 14 páginas que contiene parte del debate generado en la mesa de seguridad convocada por el gobierno de Gabriel Boric para abordar la crisis de seguridad que vive el país.
Entre las medidas que se anuncian está el aumento de la pena para quienes porten armas en lugares altamente concurridos, y fortalecer su trazabilidad.
También se presentará un proyecto de ley para sancionar el porte de sustancias combustibles utilizadas para la fabricación de bombas molotov, en el contexto de desórdenes públicos.
Se creará un Servicio de Atención a Víctimas, que tendrá los mismos estándares que la Defensoría Penal Pública.
Se impulsará una mayor presencia del Estado en barrios vulnerables expuestos al control territorial de organizaciones criminales. Esto se realizará a través de más operativos de control y la reactivación de la comunidad con dos programas piloto que se llevarán a cabo este año.
Para combatir el narcotráfico además se presentará un proyecto que permita levantar el secreto bancario cuando hay sospecha de algún ilícito y el análisis con inteligencia artificial de movimientos bancarios que detecten flujos sospechosos.
Sobre los delitos de mayor connotación social, se aumentará la pena por secuestro y se ampliará el tipo general de extorsión, además de la sanción de los actos preparatorios del sicariato. Todas estas medidas tendrán urgencia en el Congreso para su rápido despacho.
“Ya tenemos un acuerdo que firmaremos con gobiernos regionales y municipalidades en marzo. Creemos que es un documento maduro, suficiente, pero estamos abiertos a que en el mes de febrero puedan llegar complementos, aportes de las distintas fuerzas”, explicó la ministra del interior, Carolina Tohá.
Retail y fronteras
En los últimos años, el asalto a tiendas de retail aumentó considerablemente, siendo los locales de venta de teléfonos celulares los principales objetivos. En el documento se incluye la presentación de un proyecto de ley para que este tipo de robos sea menos factible.
Además, se enviará una normativa para regular las motos eléctricas y otros vehículos motorizados y se ampliará el plan de fiscalización de motos sin patente. También se creará un registro de repartidores para empresas de delivery.
En relación a las fronteras, se capacitará a las policías y Fuerzas Armadas para el control de estos territorios de manera especializada. Se simplificará la ley que permite la expulsión administrativa de migrantes ilegales y se habilitará a las fuerzas de orden público para que realicen controles de identidad a quienes se ubiquen en zonas fronterizas.
Se espera que a principios de marzo el Presidente Gabriel Boric firme este compromiso para comenzar a trabajar en parlamento.
La ausencia de la derecha
Hasta última hora, la ministra del Interior, Carolina Tohá, intentó convencer a los parlamentarios de la oposición a que se sumaran a este acuerdo.
Pero todos los puentes entre el Gobierno y la derecha chilena se quemaron hace algunas semanas cuando Boric anunció el indulto de condenados por delitos relacionados al estallido social y a Jorge Mateluna, un ex frentista.
La mesa de seguridad se había establecido el año pasado para que el Gobierno y parlamentarios de todas las fuerzas políticas se reunieran a debatir las mejores medidas para combatir la crisis de seguridad que vive actualmente el país.
A pesar de los constantes llamados de políticos oficialistas y de los ministros involucrados en el tema, el conglomerado Chile Vamos (que incluye a los partidos de derecha más grandes, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente) decidió no participar de este acuerdo.
“Las soluciones no van a llegar a través de una mesa, llegan a través de un diálogo democrático y de la aprobación de proyectos de ley acá en el Congreso”, aseguró Andrés Longton, jefe de bancada de Renovación Nacional.
El diputado UDI Henry Leal coincide. “En 11 meses no ha ingresado ningún proyecto de ley con urgencia a la Comisión de Seguridad de la Cámara. No estoy disponible para eso”, indicó.
