A fines del 2022, el presidente Gabriel Boric anunció el indulto a 12 condenados por delitos relacionados con el estallido social y a Jorge Mateluna, ex frentista sentenciado a 16 años de cárcel por el asalto a un banco.

La acción –ya realizada de manera tradicional por otros presidentes en ejercicio- provocó un terremoto político, con la oposición retirándose de la Mesa de Seguridad donde se buscaban acordar varios temas legislativos para combatir la delincuencia.

Algunos días después y desde Brasil, donde participó del cambio de mando de Lula Da Silva, el mandatario señaló “irregularidades” en el juicio contra Jorge Mateluna. “Tengo plena convicción de la inocencia de Jorge”, sostuvo.

Esta frase echó más leña al fuego y provocó incluso la reacción de la Corte Suprema. A través de un comunicado señalaron que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos".

Ese llamado de atención al presidente fue secundado por el Ministerio Público, en una declaración pública que sostuvo: “El señor Jorge Mateluna Rojas fue detenido en flagrancia por estos hechos y en definitiva la investigación demostró su participación en calidad de autor en los mismos”.

Las declaraciones de los voceros del Poder Judicial obligaron a Boric a salir nuevamente a explicar sus declaraciones y asegurar que en ningún momento cuestionaba los procesos judiciales.

Incluso la misma defensa de Mateluna no compartió las declaraciones de Boric. El abogado Davor Harasic dijo respetar los fallos de la justicia. “No soy quien para comentar las declaraciones del Presidente, aunque antes de asumir la defensa quedamos convencidos de que no había prueba acerca de su culpabilidad”.

Agregó que “cuando un tribunal dicta sentencia, los abogados tenemos que acatarla. La Corte lo condenó y ahora se indultó a una persona que el sistema judicial chileno declaró culpable; por lo tanto, es culpable”.

No más indultos

A pesar de que los indultos presidenciales son una tradición republicana y todos los presidentes la han ejercido (Sebastián Piñera indultó a 4.000 personas, entre ellos algunos condenados por delitos de narcotráfico), un grupo de parlamentario de derecha quieren eliminarla.

Diputados de Renovación Nacional presentaron un proyecto para eliminar la facultad presidencial de entregar indultos. Aseguraron que casos como el de Jorge Mateluna “constituye una demostración clara de los excesos que puede ocasionar el ejercicio de esta atribución, su otorgamiento a una persona condenada”.

Pero algunos congresistas quieren ir más allá. La senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, indicó a través de sus redes sociales que “hay motivos para al menos evaluar una acusación constitucional”.

Las acusaciones constitucionales se tramitan vía Congreso Nacional y de aprobarse significaría el fin del período presidencial para Gabriel Boric.

El Partido Republicano, de extrema derecha, informó que comenzarán el estudio de una posible acusación constitucional contra el Presidente de la República. “Encomendamos a nuestros equipos estudiar los antecedentes porque nos surge la duda si, a raíz de lo ocurrido con la Corte Suprema, existirían argumentos para una acusación”, asegura el diputado José Carlos Meza.

En las últimas horas, dos parlamentarios de Renovación Nacional, Miguel Mellado y Frank Sauerbaum, se unieron a la iniciativa de los Republicanos, a pesar de que la oposición en bloque había rechazado en un principio la idea de una acusación constitucional.