Las nuevas pautas reemplazan las reglas provisionales emitidas en febrero y bloqueadas por un juez federal en agosto como parte de una demanda presentada por Texas y Louisiana. Rompen con un enfoque más agresivo de la aplicación de la ley de inmigración bajo el ex presidente Donald Trump, quien al principio de su presidencia ordenó a las autoridades que arrestaran a cualquiera que estuviera en el país ilegalmente.

El comunicado se produce cuando el presidente Joe Biden ha sido criticado por los aliados por su confianza en una autoridad de salud pública de la era Trump para expulsar rápidamente a los migrantes que se encuentran en la frontera entre Estados Unidos y México, mientras que también enfrenta las críticas republicanas de que no ha hecho lo suficiente para contrarrestar una fuerte aumento de migrantes que buscan ingresar al país. Su administración ha expulsado al menos a 5.000 haitianos que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México en Del Rio, Texas, en las últimas semanas.

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo a los periodistas que la nueva política se basaba en la realidad de que Estados Unidos no puede perseguir a todas las personas en el país sin estatus legal y no debería intentarlo porque muchos “han sido miembros contribuyentes de nuestras comunidades desde hace mucho tiempo, años."

Se ordenará a las autoridades que se concentren en los no ciudadanos que hayan cruzado recientemente, definido como después del 1 de noviembre de 2020, o que determinaron que son una amenaza debido a una "actividad criminal grave". El Departamento de Seguridad Nacional incluye el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Y la Patrulla Fronteriza.

A diferencia de las reglas provisionales, la actividad delictiva no se limita a la categoría conocida en términos legales como delito grave agravado, sino que dependerá de la “totalidad de los hechos y circunstancias”, dijo Mayorkas. “Estamos exigiendo y empoderando francamente a nuestra fuerza laboral, empoderando críticamente a nuestra fuerza laboral, para que ejerza su juicio, su juicio de aplicación de la ley”, dijo el secretario.

Los defensores de la aplicación estricta de la inmigración han criticado las pautas provisionales, que tenían una intención similar a las reglas recién publicadas, porque se las consideraba un enfoque de arriba hacia abajo y que excluía los arrestos de bajo nivel que podrían generar pistas de investigación en casos más grandes o ayudar y servir como elemento disuasorio de la inmigración ilegal.

Mayorkas dijo que tiene poco sentido perseguir a los 11 millones de personas que se estima que hay en el país sin estatus legal, incluso si Estados Unidos tuviera la capacidad de hacer cumplir la ley para hacerlo. “Contribuyen al bienestar de nuestro país y la justicia requiere que ejerzamos nuestra discreción en consecuencia”, dijo. "El hecho de que un individuo sea un no ciudadano expulsado no debería ser el único motivo de una acción de ejecución en su contra".

La administración de Trump tomó cientos de medidas para restringir la inmigración legal e ilegal, incluida una política de tolerancia cero en los cruces fronterizos que resultó en la separación forzosa de miles de familias y requirió que los solicitantes de asilo esperaran el procesamiento de sus casos en México.

Al final, el total de deportaciones fue mayor bajo el primer mandato del presidente Barack Obama, quien promulgó prioridades de aplicación similares a las de Biden, que bajo Trump. Eso se debió en parte a la falta de cooperación de muchas ciudades y estados cuyos líderes se opusieron a las políticas de inmigración de Trump.|