La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un "excesivo uso de la fuerza" durante la ola de protestas que vive el país, con al menos 19 muertos y 800 heridos, y pidió calma de cara a la convocatoria de manifestaciones para este 5 de mayo.

Responsables de la misión de esa agencia de Naciones Unidas en Cali, una de las ciudades donde se han producido más incidentes violentos, "han sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía", destacó en rueda de prensa la portavoz de la oficina Marta Hurtado.

Las fuerzas de seguridad "utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos", añadió la portavoz de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.

"Ante la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados, pedimos calma y recordamos a las autoridades su responsabilidad de proteger los derechos humanos", subrayó la portavoz, de cara al llamamiento general a nuevas manifestaciones este miércoles 5 de mayo.

Los detalles…

La oficina se mostró "profundamente alarmada" por los acontecimientos ocurridos la pasada noche en la ciudad de Cali, "en los que la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban por las reformas fiscales, causando varios muertos y heridos".

El alto comisionado indicó que desde que los incidentes comenzaran el pasado 28 de abril ha recibido noticias de al menos 14 muertes, sin contar con los de la pasada noche en Cali, mientras que la Defensoría del Pueblo colombiana eleva la cifra a 19 fallecidos.

Aunque la mayoría de las muertes se han producido en Cali, la oficina de Naciones Unidas ha recibido también noticias de decesos en Yumbo, otra localidad del departamento del Valle del Cauca, así como en otras zonas del país tales como Ibagué, Tolima, Pereira, Risaralda, Soacha o Cundinamarca.

"Los agentes de seguridad pública deben cumplir los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de controlar las manifestaciones, y las armas de fuego deben ser usadas sólo como último recurso contra una amenaza inminente a la vida o peligro de ser herido gravemente", recordó la portavoz.

Las protestas, surgidas en medio de una pandemia con graves consecuencias económicas para una buena parte de las familias colombianas, tuvieron como detonante una propuesta de reforma tributaria que ya ha sido retirada por el Gobierno, en el que ha renunciado el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. La reforma fiscal contemplaba la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19 % a los servicios públicos, lo que perjudicaba especialmente a las clases media y baja del país.

Sin embargo, para sindicalistas, congresistas y organizaciones sociales el país está pagando a un costo muy alto por la persistencia del Gobierno en su reforma fiscal que no contaba ni siquiera con el apoyo de los partidos afines a la administración.

Las centrales obreras recibieron el retiro de la reforma como un primer triunfo de las protestas, pero exigen que las autoridades aclaren la muerte de otros jóvenes, como Nicolás Guerrero, un artista de 22 años asesinado con un disparo en la cabeza en la madrugada de este lunes en Cali (suroeste).

Su muerte fue vista en directo por miles de personas que seguían una transmisión en vivo en redes sociales. En los hechos, todavía confusos, varias personas acuden a auxiliarlo cuando cae al piso con una hemorragia en la cabeza. Los testigos del ataque señalan al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía por la muerte de Guerrero, lo que elevó la tensión en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

La muerte enlutó a la familia del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, que reveló hoy que la víctima era hijo de un primo suyo y aseguró que ni él ni en los consejos de seguridad en los que ha participado se ha dado la orden de usar armas de fuego para reprimir la protesta.|