La combinación de estancamiento e inflación que sacude a Chile, otrora considerado el "oasis latinoamericano", aleja los anhelos de igualdad que surgieron de las protestas de 2019 y pone piedras en el camino a la agenda de profundas reformas que ha prometido el nuevo presidente, Gabriel Boric.

El país enfrenta una acuciante subida de precios, que está llevando al Banco Central a tomar medidas inéditas en más de 20 años, como subir la tasa de interés referencial en del 2,75 % al 7,5 % en menos de seis meses.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló en febrero un 7,8 % en 12 meses y el emisor espera que alcanzará un 8,2 % este año, muy por encima del rango de tolerancia.

A esto se suma que la economía chilena dio en febrero sus primeras señales de desaceleración, una "tormenta perfecta" para que cunda el pánico entre expertos.

El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a febrero, que se considera un adelanto del PIB mensual, decepcionó a los mercados con una caída del 0,7 % con respecto a enero y registrando el menor crecimiento interanual en casi un año (6,8 %).

Inflación, algo coyuntural

Manuel Agosín, economista de la Universidad de Chile, señaló a Efe que la subida del IPC en Chile va en la línea con el resto de países del mundo y se debe a causas "coyunturales" como la guerra en Ucrania, el aumento de precios de las materias primas y las ayudas sociales y los retiros anticipados de los fondos de pensiones, que en 2021 que dispararon el consumo.

"Lo realmente preocupante no es el alza de precios, sino que ya tenemos indicadores tempranos de una crisis económica que se viene, una crisis no por inflación sino por recesión", dijo días después de que el ente emisor redujera las proyecciones de crecimiento para 2022 de un máximo de 2,5 % a un 2 %.

En la misma línea opina Hernán Díaz, economista de la Universidad de Talca, quien apuntó además que la situación chilena "está muy lejos de la argentina o la venezolana, cuya inflación tiene un origen político o estructural".

Díaz añadió que "teniendo en cuenta que el crecimiento para los próximos años va a ser bajo, se producirá un enfriamiento de la economía y una menor inflación".

Según el banco, el estancamiento de la economía "está ocurriendo a una velocidad algo más rápida de lo previsto" y continuará en 2023, cuando el PIB solo crecerá entre el 0,25 % y el 0,75 %.

Reescribiendo las reglas de juego

Uno de los aspectos que Díaz considera "clave" es la caída de la inversión, provocada en gran medida por la "incertidumbre" que genera el proceso constituyente que está en marcha desde 2021, y que tiene a los inversores a la espera de que se "reescriban las reglas del juego".

La convención que redacta el nuevo texto, en su mayoría de tendencia progresista, propone cambios estructurales como la nacionalización de las empresas que explotan el litio o la modificación de aspectos regulatorios económicos y ambientales.

El empresariado también mira con recelo las promesas del nuevo gobierno de Boric, que, según Agosín, "llegan en un mal momento" y "no son realistas", dado el panorama económico actual.

Para Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Boric ha conformado un Gobierno "interesantísimo con una mirada hacia el bienestar" y cuyo fin es ofrecerle al pueblo "mejores oportunidades e igualdad", pero llega en un contexto "muy difícil".

"La pandemia, que provocó una caída del 6,8 % en la economía regional, podría debilitar la parte social que proponen estos nuevos gobiernos de izquierda", dijo aEfeBárcena.

"Una doble crisis"

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) anunció el pasado mayo que Chile sería el único país suramericano que recuperaría su renta per cápita precrisis en 2021.

Los indicadores del año pasado evidenciaron una rápida recuperación -la economía creció un 11,7 %- y, mientras las monedas de otros países latinoamericanos se depreciaron, el peso chileno se mantuvo estable respecto al dólar gracias a las exportaciones de cobre, del que Chile es el mayor productor mundial.

Sin embargo, la desigualdad y la precariedad derivadas del sistema chileno -basado en una agresiva privatización de servicios básicos como el agua, la educación o las pensiones- sigue vigente o incluso ha empeorado desde la pandemia, según expertos.

El modelo chileno, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y abrazado por posteriores gobiernos democráticos, llevó al país a triplicar su renta per cápita entre 1990 y 2015 y a situarse a la cabeza de Latinoamérica, pero también lo dejó como el país más desigual de la región, según la base de datos independiente World Inequality Database (WID).

Para Marco Kremmerman, de la Fundación Sol, Chile atraviesa una "doble crisis". Por un lado, explicó a Efe, está la económica, "que ha provocado un aumento de la pobreza medida en ingresos del 29,4 % al 39,9 %".

Y, por otro, la política, que se está tratando de solucionar "con la creación de una nueva Constitución y un gobierno que propongan nuevas agendas que busquen la igualdad y que no lo van a tener sencillo", agregó el economista.

"Chile atraviesa una situación compleja -concluyó- y requerirá de cambios urgentes para no quedar entrampada".|

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