El 27 de febrero del 2010 un terremoto de 8,8° en la escala Richter sacudió el sur y centro de Chile. 25 personas murieron y más de dos millones de resultaron damnificadas.

Los residentes del condominio Puerto de Palos en Hualpén, ubicado a pocos kilómetros del epicentro tuvieron que evacuar rápidamente, pero nunca pudieron volver a sus hogares debido al colapso de la estructura que quedó inhabitable.

“Éramos 78 familias y en pocos minutos perdimos nuestros departamentos. Hoy todavía hay personas que están arrendando, muchos estaban comenzando, con hijos pequeños o adultos mayores que invirtieron sus ahorros”, cuenta Juan Lozano, uno de los propietarios.

Trece años después de que perdieran su hogar, la Corte Suprema condenó a la Municipalidad de Talcahuano por lo ocurrido con el edificio Puerto de Palos. Esto fue así porque se constató que la Dirección de Obras no fiscalizó el cumplimiento de las normas de construcción.

Según el fallo, “era su obligación revisar y verificar que el titular del proyecto, al conceder el permiso de edificación y luego al recepcionar la obra, cumpliera con las normativas urbanísticas, en especial, como se reitera, la sísmica, elemento que de haberse cumplido por la autoridad administrativa, hubiera permitido tener una posibilidad de evitar los graves daños del edificio, que impidieron que pudiese seguir siendo habitado, a diferencia de lo ocurrió en gran parte de las zonas que fueron afectadas por el terremoto y en donde la mayoría de sus edificios, resistieron”.

Efectivamente, la mayoría de los edificios en el sector logró resistir el movimiento sísmico ya que la ley chilena es bastante estricta en este punto.

Compensaciones

El fallo del máximo tribunal de la Justicia chilena también ordenó a la Municipalidad de Talcahuano indemnizar a los actuales 59 demandantes, cifra menor a la cantidad original de propietarios debido a que muchos fallecieron esperando una reparación.

“Lo que viene ahora es un procedimiento para determinar los perjuicios, donde entendemos que la base del perjuicio es el valor de cada propiedad”, explica Marcelo Valenzuela, abogado de las víctimas.

El Primer Juzgado Civil deberá determinar la compensación, pero se estima que podría alcanzar los 6 mil millones de pesos chilenos, ya que cada departamento tenía un valor de 100 millones de pesos (114 mil dólares). A eso se le debe sumar el daño moral que los demandantes puedan acreditar.

El edificio Puerto de Palos se encuentra actualmente en la comuna de Hualpén, aunque pertenecía a Talcahuano cuando fue construido. Desde la Municipalidad aseguraron que están analizando la resolución judicial, pero existe voluntad para cumplirla.

Demolición

Luego de ser abandonado por sus propietarios, la torre de 10 pisos lleva más de una década siendo utilizada por personas en situación de calle y, según sus vecinos, siendo un foco de delincuencia.

En el año 2017 una persona se precipitó desde el piso 7 en un aparente suicidio y hace pocas semanas se originó un incendio al interior de la estructura.

No ha podido ser demolido debido al alto valor de este operativo (entre 150 y 200 millones de pesos).

Sin embargo, a principios de noviembre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que los recursos para la demolición de este edificio serían incluidos dentro del Presupuesto 2023 de su cartera.

Pero antes tiene que obtener el visto bueno de la Contraloría General de la República, que debe visar la legalidad de estos recursos. El organismo ya está analizando esta situación y se espera que dentro de las próximas semanas se pronuncie y finalmente el edificio Puerto de Palos pueda ser demolido.