El proceso oral debió haber comenzado el 12 de enero. Se postergó para este miércoles por inconsistencias en la acusación. Pero cuando debía arrancar, resultó que el encargado de la acusación estaba veraneando. Enríquez Ominami denuncia que se trata de un caso flagrante de lawfare y pide que se acelere el proceso.
Lleva más de ocho años la causa. Es la última sobreviviente de las ocho investigaciones a las que fue sometido Marco Enríquez Ominami, líder de la centroizquierda chilena y varias veces candidato presidencial. Llega bastante "floja de papeles", con severas irregularidades durante su instrucción. Ya sufrió una postergación a fines de 2022 porque estaba mal escrita la acusación. Los jueces querían patearla nuevamente y la defensa se opuso.
Cuando finalmente estaba por comenzar el juicio más paradigmático del lawfare en Chile, nuevamente se terminó postergando. ¿El motivo? El juez que tenía que presentar el "auto de apertura" se encontraba de vacaciones. Por ese motivo, la primera audiencia finalizó tan rápido como comenzó, y se decidió postergar para los primeros días de marzo.
Se trata de la causa conocida como SQM, en la que supuestamente se investigó el financiamiento ilegal de campañas políticas de diversos dirigentes de todo el arco ideológico chileno. Sin embargo, sólo llegó a juicio Enríquez Ominami, uno de los fundadores del Grupo de Puebla. Los delitos que se investigan en ambos casos son sobornos, cohecho, delitos tributarios, entre otros, en un caso que quedó al descubierto en el año 2015.
En noviembre de este año, Negocios & Política publicó un informe que causaría gran impacto del otro lado de la cordillera, cuando se brindaron detalles de filtraciones de comunicaciones entre los fiscales que instruyeron la causa. Tales filtraciones demostraron de manera palmaria de qué manera las investigaciones habían sido direccionadas de forma explícita para intentar acabar con la carrera política de Enríquez Ominami, mientras se ponía a resguardo a dirigentes cercanos a Piñeira y a Bachelet.
La situación se asemejaba bastante a lo sucedido en Brasil con el fiscal Deltan Dallagnol, quien coordinaba el grupo de fiscales del caso Lavajato contra Lula. Los chats de Telegram fueron develados en junio de 2019 por el portal The Intercept, logrando poner de manifiesto las serias irregularidades y el direccionamiento de la investigación en contra de Luis Inácio Lula da Silva, que terminaron con su encarcelamiento y proscripción electoral, y que permitió que Jair Bolsonaro se convirtiera en presidente de Brasil por un período.
Causa tapón
En el caso chileno, la conformación de la llamada Causa SQM resultó de suma utilidad para derrumbar la imagen pública y buena parte de la carrera política de Enríquez Ominami, a quien se lo llegó a proscribir de las últimas elecciones justamente como consecuencia de estar acusado en una causa. Una aplicación de la famosa "ficha limpia", que en la práctica es una forma muy sencilla de quitarse de encima oponentes políticos.
“Esperé ocho años por esto. En otra arista de este mismo juicio que se me inventó, lo gané por unanimidad. Ahora, va a pasar lo mismo”, respondió este miércoles Enríquez Ominami al llegar al Centro de Justicia donde se debían iniciar las audiencias. “Son ocho años pidiendo este juicio que tiene elementos que son del todo injustos. Ahora corresponde que hable la Justicia”, cerró.
Quien no anduvo con rodeos a la hora de calificar el proceso judicial chileno fue Rafael Correa, expresidente de Ecuador, actualmente asilado en Bélgica y también proscripto en su país. "Un caso brutal de lawfare aunque poco conocido es contra el excandidato presidencial chileno, Marco Enríquez Ominami. Trece causas penales, una más ridícula que otra. Ha vencido en doce. Solo falta una… ¡por hechos del año 2009!", escribió en su cuenta de Twitter.