Human Rights Watch (HRW), organización que entrega anualmente un informe mundial sobre derechos humanos en distintos países, reprochó que no se hayan realizado más cambios en la forma en que operan las fuerzas policiales en Chile.
En el capítulo dedicado al país, el organismo aseguró que “aún deben implementar cambios fundamentales en el sistema disciplinario y en los protocolos”.
Sin embargo, reconoce la política exterior del gobierno de Gabriel Boric: “Ha defendido de una manera coherente los derechos humanos sin importar la ideología del gobierno involucrado en los abusos”.
En el estudio también se proyecta que “Chile enfrenta desafíos considerables en materia de derechos humanos de migrantes, refugiados, mujeres, niños y niñas, personas indígenas y personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT)”.
Reforma a Carabineros
Desde el año 2019, cuando comenzaron las protestas en distintos puntos del país por mejoras en los derechos sociales –el llamado “estallido social”-, se presentaron cientos de denuncias por uso excesivo de fuerza por parte de Carabineros.
Según cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, 460 personas presentaron pérdida parcial o total de la visión producto de las acciones de Carabineros que dispersaban a los manifestantes utilizando balines de goma.
Entre ellos, Gustavo Gatica -estudiante de Psicología- y Fabiola Campillay –quien logró ser electa senadora- fueron los casos más emblemáticos de víctimas que perdieron completamente la visión por el uso excesivo de fuerza.
Producto de estos hechos, al menos 28 funcionarios fueron dados de baja y 14 fueron condenados por violación a los derechos humanos. La Fiscalía tiene abiertas 8.581 investigaciones sobre presuntos abusos policiales.
El informe reconoce que desde el 2019 Carabineros ha ido actualizando sus protocolos, como es el caso de la prohibición de las escopetas antidisturbios. Pero agrega que “persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos”.
“Aún no se reformaron las leyes que otorgan a Carabineros amplias facultades de detención, las cuales ejercen con muy escasa supervisión. Estudios basados en datos oficiales indican que Carabineros ha usado estas facultades de manera discriminatoria durante años, particularmente contra migrantes, mujeres y personas que viven en la pobreza”, agrega el estudio.
El organismo no gubernamental apuntó a una reforma que comenzó a operar en febrero del 2022 y que permitió mayor supervisión por parte de autoridades civiles, aunque no habría modificado el régimen disciplinario de Carabineros. Esto, según el HRW, “no garantiza investigaciones independientes e imparciales”.
Migrantes, no delincuentes
El informe también hizo relación a la situación de los migrantes en Chile. Al respecto indicó que “las políticas migratorias desde 2019 han hecho que sea cada vez más difícil para muchas personas obtener visados o refugio. Una serie de fallos de la Corte Suprema y de tribunales de apelaciones en el 2021 pusieron de manifiesto violaciones del debido proceso en cientos de expulsiones y ordenaron su cese”.
Luego se refirió a la Ley de Migraciones que se instauró en febrero del año pasado y que establece que ingresar por un paso no habilitado no constituye delito. Acá, el organismo advierte que, “aún así, la ley permite la expulsión inmediata de migrantes que cruzan la frontera o intentan cruzarla, lo que genera preocupaciones sobre el respeto al debido proceso”.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera, se declaró estado de emergencia en cuatro provincias del norte y, al asumir Gabril Boric, se mantuvo la presencia militar, aunque sin este mecanismo.
El estudio también se refiere a la muerte de siete migrantes ocurrida el año pasado mientras intentaban cruzar por Bolivia. “Las protestas en contra de la migración y los ataques xenófobos continuaron durante el 2022, lo cual obligó a algunos migrantes a salir de Chile”, criticó el HRW.
