Siguen las consecuencias del indulto presidencial que Gabriel Boric a 12 condenados por la justicia por delitos relacionados con el estallido social, y a Jorge Mateluna, frentista condenado por el asalto a un banco.
En medio de las críticas por su decisión, el pasado fin de semana el mandatario chileno reconoció que hubo “desprolijidades” en la elaboración de la lista y aceptó la renuncia de la Ministra de Justicia, Marcela Ríos y de su Jefe de Gabinete, Matías Meza.
Este lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, entregó más antecedentes. “El Presidente estableció dos criterios para aplicar los indultos: uno era indultar a personas que en estallido social hubiesen cometido delitos y producto de ellos estuviesen condenados; el segundo era que en la carpeta de las personas que estuviesen en esa condición, se excluyeran a aquéllos que tuviesen antecedentes complejos previos al estallido”, explicó.
Sin embargo, uno de los indultados, Luis Castillo, tenía cinco condenas por delitos comunes entre 2005 y 2007, además de las causas judiciales ocurridas dentro del contexto del estallido social. Este condenado fue quien realizó polémicas declaraciones al salir de la cárcel.
“Efectivamente, si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”, reconoció la vocera de Gobierno.
Las “desprolijidades” a las que se refiere el Gobierno recayeron en la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, cuyo equipo reunió los antecedentes de cada caso, y en el Jefe de Gabinete del Gobierno, Matías Meza, quien como funcionario de confianza del presidente era el “último filtro” en la revisión de la información.
Nuevos nombramientos
En el caso de la vacancia en el Ministerio de Justicia, se informó que el abogado Luis Cordero sería el nuevo jefe de la cartera, mientras que en la jefatura de gabinete aún no hay un nombramiento.
Sin embargo, antes de asumir su cargo, el nuevo ministro ya enfrenta su primera polémica, luego de que se conociera que tres profesores de Derecho de la Universidad de Chile acusaron a Cordero de copiar y pegar textualmente una serie de párrafos en dos de sus libros en el año 2015, sin citar a los autores como corresponde.
Esta denuncia fue formalizada dentro de la universidad, y según la resolución, se habría determinado la suspensión del empleo por dos meses, con goce del 50% de las remuneraciones.
El fallo acreditó la responsabilidad administrativa de Cordero y lo calificó como “infracciones al deber de probidad administrativa”. El ahora ministro apeló a la resolución, pero fue rechazada.
Revocación de indultos
Las medidas tomadas por Boric no dejaron satisfecha a la oposición, que ahora pide la revocación de los indultos, situación de la que no se tiene precedente en el país.
“Si el Presidente cree que sacando a su Jefe de Gabinete y a la Ministra de Justicia el tema está zanjado, está profundamente equivocado. Lo que debe ocurrir es que impere la racionalidad y el Presidente retire esos indultos”, expresa el presidente del partido de derecha Renovación Nacional, Francisco Chahuán.
Javier Macaya, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), otro de los partidos de la oposición, informó que planean ir al Tribunal Constitucional y a la Contraloría General de la República para revertir la decisión presidencial.
“Las acciones administrativas se deshacen como se hacen, y acá hay un acto administrativo y debiera ser el Presidente de la República el que tome esa decisión”, apuntó Macaya.
Sin embargo, para el Gobierno no es posible revocar los indultos. “Los indultos no tienen ningún vicio legal y no es posible revocarlos por una serie de criterios que tienen que ver con el derecho que se crea en el acto administrativo”, explicó la vocera Camila Vallejo.
