Finalmente comenzó un nuevo proceso para escribir una Carta Magna chilena. Esta vez fueron los partidos políticos los que intervinieron, definiendo límites en lo que se puede reformar y eligiendo a dedo a quienes trabajarán en las bases.
La Comisión Experta, órgano cuyos integrantes fueron definidos por las fuerzas políticas que están presentes en el Congreso, deberá redactar un anteproyecto en tres meses.
Véronica Undurraga, representante del PPD, fue electa presidenta, mientras que Sebastián Soto del partido de derecha Evópoli, será su vicepresidente.
El oficialismo se quedó con una subcomisión más que la oposición, por lo que el conglomerado que apoya al gobierno de Gabriel Boric tendrá la mayoría en la toma de decisiones.
“Estamos aquí para servir con obras y no con palabras…Se nos eligió como expertos y con sentido porque llevamos años trabajando temas constitucionales. Sin embargo, no perdamos de vista que éste es solo una parte de lo que hay que traer a este proceso”, dijo Undurraga al asumir su cargo.
“Nuestra idea es ser un liderazgo convocante, que proponga un anteproyecto constitucional que no va a ser perfecto, pero espero que sea el mejor posible para que los chilenos y chilenas se sientan identificados con él”, expresó Sebastián Soto, vicepresidente.
Durante la jornada comenzó a funcionar también el Comité Técnico de Admisibilidad, encargado de asegurar que se resguarden las 12 bases institucionales que fueron establecidas en el acuerdo político firmado el año pasado y en el que no participaron los partidos de extrema derecha.
Sin embargo, la instalación de la Comisión Experta no estuvo exenta de manifestaciones. Varias organizaciones sociales convocaron a una protesta en las afueras del ex Congreso.
Un centenar de personas llegaron para mostrar su rechazo a un nuevo proceso constituyente y la forma en que se gestó.
Avanzar entre los “bordes”
La Comisión Experta trabajará en la sede del ex Congreso Nacional en Santiago, mismo lugar donde operó a fallida Convención Constitucional.
Son 24 personas -12 designadas por la Cámara y 12 por el Senado- quienes deberán trabajar sobre los denominados “bordes”.
Entre ellos están que “Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo”, “El Estado de Chile es unitario y descentralizado”, “La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes”.
Las bases acordadas por las fuerzas políticas también mencionan que “la Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los Derechos Humanos”, “la Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible”.
Estas bases fueron de gran debate político en el proceso de formar un nuevo acuerdo constitucional, ya que para la oposición el intento anterior con la Convención Constitucional reformaba muchos de estos conceptos.
Recordemos que el año pasado, 150 personas fueron elegidas para participar de la creación de una nueva Carta Magna para Chile. Sin embargo, fue un proceso lleno de polémicas, con convencionales renunciando a su cargo por estar acusados de fraude y con temas polémicos que se debatieron, como la soberanía de los pueblos indígenas.
Todo esto creó incertidumbre en la ciudadanía, quien finalmente decidió rechazar la Nueva Constitución el 4 de septiembre del 2022, dejando todo en punto cero.
Sin embargo, el Presidente Boric anunció en ese momento que su gobierno insistiría en una Nueva Constitución, lo que llevó finalmente a crearse un segundo proceso que se inició en este mes de marzo.
En mayo, la ciudadanía deberá elegir a los 50 integrantes del Consejo Constitucional, quienes tendrán 5 meses para aprobar la propuesta de la Comisión Experta.
En diciembre se llevará a cabo un plebiscito de salida, con voto obligatorio, donde las personas deberán decidir si aprueban o no esta segunda propuesta constitucional.
