Si una persona no paga la pensión de alimentos durante tres meses consecutivos puede caer a esta base de datos y sufrir fuertes sanciones. Esta ley nació luego de que cientos de mujeres pidieran retener el retiro del 10% de las pensiones de algunos deudores en plena pandemia.
Solo un mes de funcionamiento lleva el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y ya cuenta con 2.118 personas inscritas por no pagar sus deudas.
A mediados de noviembre comenzó la implementación de este registro que busca que quienes deben pensiones de alimentos logren ponerse al día o al menos saldar su deuda.
¿Cómo funciona? Si una persona no paga durante tres meses consecutivos o cinco discontinuos, el o la demandante puede pedir a los tribunales de familia que ingrese al deudor a esta base de datos.
De un total de 452.055 causas en que se cobran pensiones de alimentos en Chile, el poder judicial ha logrado 176.443 liquidaciones, lo que corresponde al 39% del total.
De este porcentaje, se detectó que en 14.589 causas existen deudas que se ajustan a la normativa del registro. De no pagar las deudas en estos casos, esas personas podrían caer a la temida base de datos.
Ya se han sumado 2118 personas a esa lista, pero podrían ser más, porque muchos casos se encuentran en proceso de notificación o los tribunales están recabando información.
Fuertes sanciones
Gloria Ana Chevesich, jueza a cargo de la implementación de ley reconoce que algunos tribunales están colapsados, producto de la gran cantidad de demandantes que aprovecharon la nueva normativa para cobrar deudas históricas.
“Para el año 2023 están considerados los recursos para potenciar esta labor en todos los juzgados que conocen asuntos de familia, y por eso quiero destacar la inmensa tarea que están afrontando las personas que en ellos se desempeñan”, dice Chevesich.
Pero, ¿qué pasa si una persona entra en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos?
Entre las sanciones, pueden esperar no lograr obtener licencia de conducir o pasaporte, la retención de la devolución de impuestos, la retención de la mitad de los fondos si se solicita un crédito por $1.750.000 o más y la retención de ciertos beneficios estatales.
"Lo que se busca es que las personas paguen las pensiones de alimentos, disminuir los niveles de pobreza, fundamentalmente en madres y niños pequeños. Y es un incentivo para que las personas se puedan poner el día, porque la idea es que también puedan salir del registro y no quedarse eternamente".
Marcela Ríos, ministra de Justicia
Además, el deudor no podrá inscribir la compra-venta de un vehículo o vivienda, se le retendrá un porcentaje de su salario en caso de contrato o ascenso dentro de los organismos dependientes de los Poderes del Estado y tampoco podrá participar del proceso de adopción de un niño, niña o adolescente.
"Lo que se busca con este registro es que las personas paguen las pensiones de alimentos, disminuir los niveles de pobreza, fundamentalmente en madres y niños pequeños. Y es un incentivo para que las personas se puedan poner el día, porque la idea es que también puedan salir del registro y no quedarse eternamente", aseguró Marcela Ríos, ministra de Justicia.
Mecanismos de cobro
Esta base de datos permite también a ciertas entidades comunicar información relevante al tribunal para que calcule el cobro de la pensión. Entre ellas aparecen instituciones públicas y privadas, bancos, notarías y conservadores.
Si el cobro no se realiza a pesar de estar en el registro, el Juzgado de Familia puede retener fondos de cuentas bancarias o instrumentos financieros de inversión de los deudores. Incluso se puede recurrir a las pensiones en las AFP para poder pagar la deuda.
Y es que durante la pandemia, muchas madres acudieron a los tribunales de familia para retener los retiros del 10% de las pensiones de sus demandados, una situación que reveló las historias de mujeres que llevaban años peleando por una pensión alimenticia para sus hijos.
El Poder Judicial informó en ese momento que, de todas las causas en Chile por este concepto, un 84% de ellas se encontraban impagas.
Esto provocó que, en noviembre del 2021 durante el gobierno anterior, se tramitara y promulgara el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que finalmente comenzó a operar un año después.