Un nuevo revés ha sufrido el intento de acercamiento de Venezuela a Colombia para abordar de manera conjunta las acciones a tomar luego de los enfrentamientos entre el Ejército de ese país y grupos armados colombianos en el estado venezolano de Apure, fronterizo con el Arauca colombiano.
Este "conflicto tercerizado", como lo ha llamado el Gobierno venezolano, se extendió durante dos semanas y dejó un saldo de ocho militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) muertos, más de 30 soldados heridos, ataques con minas antipersona y zozobra en la población.
Luego de que esta semana el canciller venezolano, Jorge Arreaza, asomara la decisión de solicitar a México , que ocupa la Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la actuación como mediador para dialogar con Bogotá y atender la situación fronteriza, su par colombiana, Claudia Blum, le dio un portazo a la posibilidad de algún acercamiento en un mensaje institucional colgado en las redes sociales de la Cancillería colombiana, que fue rechazado por Caracas.
¿Qué ha dicho Colombia tras los ataques?
La ministra de Relaciones Exteriores colombiana dijo en un video que el Gobierno de Nicolás Maduro es una "dictadura" y lo acusa de ser "cómplice" de los grupos "narcotraficantes y terroristas" que supuestamente tienen acogida en el país vecino, sin que Colombia aún haya mostrado evidencias.
Hasta ahora, la única prueba de Duque para respaldar estas afirmaciones fue presentada en 2019 durante su intervención en la 74.ª sesión de la Asamblea General de la ONU y resultó ser falsa. El mandatario mostró un conjunto de fotos que señalaban la presunta existencia de campamentos guerrilleros en tierras venezolanas con imágenes hechas en su país.
La canciller, sin ahondar en las medidas que ha tomado su Gobierno ante la situación en la porosa frontera, donde se ha denunciado además de la presencia de organizaciones narcotraficantes y de paramilitarismo procedentes de Colombia, rechazó las acciones de Caracas para repeler la permanencia de estos grupos en su territorio.
"Recientemente esa dictadura intenta mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, pero el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad", agregó Blum.
En su opinión, el combate de los grupos irregulares por parte del Ejército venezolano es un recurso de Maduro para "desviar la atención internacional " de su "relación cómplice" con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "que por años han tenido refugio en Venezuela".
La alta funcionaria también ratificó la postura de la Administración de Duque sobre "la presión diplomática internacional para lograr el retorno de la democracia" en el país vecino. Bogotá aún reconoce como legítimo al exdiputado Juan Guaidó, autoproclamado "presidente interino", y respalda las medidas para deponer a Maduro.
Ante estas declaraciones, que parecieran romper nuevamente una oportunidad para el restablecimiento de las conversaciones entre ambos países en medio de un escenario de conflicto, el canciller de ese país, Jorge Arreaza, calificó de "insólito" al gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, en un trino en su cuenta de Twitter, donde respondió a su par colombiana.
El máximo representante de la diplomacia venezolana escribió que "aunque los grupos armados vinculados con el narcotráfico son colombianos y agreden a Venezuela", ese país envió un mensaje a su canciller "para buscar canales de diálogo" y esta respondió " con un guion primitivo, irresponsable e ideologizado".
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) será el encargado de realizar controles migratorios en los municipios fronterizos, por lo que exigirá que se informe sobre el cambio de domicilio o residencia en la zona señalada y quede el registro digital de las huellas de quienes salgan o entren de Venezuela.
En estas acciones, Venezuela reportó la muerte de ocho miembros de las FANB, 34 militares heridos y ataques con minas antipersona, a pesar que desde 2013 el país fue declarado territorio libre de estos explosivos. Por ello, Caracas enviará una carta a la ONU solicitando ayuda para su eliminación.
Los combates también dejaron nueve miembros de los grupos armados colombianos fallecidos, la disolución de seis campamentos ilegales y la detención de 33 personas, presuntamente vinculadas con estas organizaciones.
La imposibilidad de diálogo entre los dos países, que mantiene una frontera de más de 2.000 kilómetros con mucha actividad, a pesar de las restricciones por el coronavirus y la ruptura de relaciones diplomáticas desde 2019, está acompañada por señalamientos mutuos. Caracas culpa a Bogotá de desatender la seguridad su territorio, lo que ha propiciado la operación de estas organizaciones armadas en Venezuela y los ataques recientes.|
