Después de tres meses de negociaciones, la mayoría de los partidos políticos chilenos firmaron un acuerdo para iniciar un nuevo proceso constituyente, luego de que el anterior fracasara.

Esto significa que los chilenos volverán a las urnas en los meses de abril y noviembre, primero para elegir a los consejeros y consejeras, y luego para ratificar o no la nueva Constitución.

Si bien los negociadores no se mostraron cien por ciento de acuerdo con este convenio, la mayoría de los partidos políticos que firmaron destacaron haber llegado a un consenso después de tantos meses.

El presidente Gabriel Boric aseguró: “Hemos dado un paso necesario y espero decisivo para avanzar en un nuevo pacto social por una nueva democracia, de más libertades y de más derechos sociales”.

Acuerdo constitucional

El documento que fue firmado por la mayoría de las fuerzas políticas del país, menos dos partidos de extrema derecha, incluye 12 puntos y dos organismos que trabajarán la nueva constitución, además de los plazos del proceso.

Una de las mayores controversias de las negociaciones fue justamente en torno a estos puntos bases –llamados también “bordes” – que presentó el conglomerado de derecha Chile Vamos y que buscan establecer límites a lo que puede o no puede aprobar el organismo constituyente.

Hemos dado un paso necesario y espero decisivo para avanzar en un nuevo pacto social por una nueva democracia, de más libertades y de más derechos sociales

Gabriel Boric, presidente de Chile

Entre los bordes figura la declaración de que “la Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los Derechos Humanos; también que "Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos”; y que "la Constitución consagra cuatro estados de excepción constitucional; asamblea, sitio, catástrofe y emergencia".

Todos estos puntos marcaron polémica en el anterior proceso constituyente, por lo que los partidos de derecha insistieron en que fueran establecidos como base.

El Consejo Constitucional estará integrado solo por 50 personas electas de manera democrática (en la Convención Constitucional la cantidad de integrantes era 120). Será elegidos de la misma manera que los senadores, es decir, las regiones de mayor demografía tendrán más representantes.

Conformación

Las elecciones tendrán un carácter obligatorio y se realizarán en el mes de abril.

La novedad en este nuevo acuerdo constitucional es la Comisión Experta, entidad conformada por 24 personas que deberán tener “indiscutible trayectoria profesional, técnica y académica".

Serán designados por el Congreso Nacional: 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado. Esta comisión deberá redactar un anteproyecto que servirá de base para la discusión de la nueva Carta Magna.

Este es otro de los puntos polémicos del acuerdo, ya que no se establece qué tipo de criterios tendrán los parlamentarios para proponer a los expertos, excepto su carrera profesional o académica.

Críticas

Una vez conocido al acuerdo, ex constituyentes de todos los espectros de la política criticaron este nuevo proceso.

Marcela Cubillos, de la derechista Unión Demócrata Independiente, expresó: “Pensar que expertos, a los que no les darán derecho a voto, podrán en la práctica ejercer derecho a veto, solo puede existir en el imaginario de algunos negociadores”.

Tania Madariaga, ex constituyente del conglomerado de izquierda Lista del Pueblo, dijo: “El nuevo acuerdo de los partidos propone un órgano ilegítimo, en el que los constituyentes son los “expertos” designados y los electos meros revisores. Es una fórmula anti democrática por donde se le mire”.

El senador del Partido Republicano Rojo Edwards –uno de los que se abstuvieron de firmar el acuerdo- afirmó que este nuevo proceso es igual que el anterior. “Actúan a espaldas de la ciudadanía y se saltaron un plebiscito de entrada, donde los chilenos podíamos rechazar su cocina política”, indicó.