Hace ocho años se destapó uno de los casos más escandalosos en la política chilena. Distintos personeros políticos, de izquierda y derecha fueron acusados de recibir dinero de la empresa minera SQM, liderada en ese entonces por Julio Ponce-Lerou, yerno del dictador Augusto Pinochet.

180 personas fueron imputadas, pero con el correr del tiempo muchas causas se cerraron sin penas ni multas. Hasta el momento, se han registrado 10 condenas y solo 8 personas pasaron al juicio oral que comenzó esta semana.

N&P conversó con Francisco Bravo, presidente de la Asociación de Fiscales de Chile sobre los últimos cuestionamientos que han surgido sobre el trabajo del Ministerio Público, especialmente la carta enviada por el Grupo de Puebla, liderado por el presidente argentino Alberto Fernández, en la cual hubo señalamientos de influencia política de algunos fiscales y critican la tardanza en la investigación.

¿Cuál es su opinión sobre la carta que envió el Grupo de Puebla?

Es una carta que tiene un trasfondo político y en lo que atañe a los fiscales es absolutamente injusto lo que señala y no tiene fundamento en la realidad. No hay antecedentes que revelen una conspiración, un complot contra ninguna persona. Acá hay un trabajo que se ha hecho durante años, que no ha sido fácil, por supuesto, pero en ningún caso hay un atisbo de un sesgo político.

¿Por qué se ha demorado tanto la investigación? ¿Qué desafíos han enfrentado los fiscales durante este tiempo?

Son casos que tienen una gran cantidad de imputados, tienen una relevancia política y comunicacional importante. Además, son delitos que no son fáciles de investigar porque necesita mucho análisis de prueba documental. Es imposible que este tipo de casos lo lleve un solo fiscal, porque no dejan de ver otras investigaciones. La misma fiscal a cargo, Claudia Perivancich, además es fiscal regional. La región de Valparaíso tiene los indicadores más altos de carga laboral, por lo que no es extraño que tenga a cargo fiscales de dedicación exclusiva que la apoyen.

¿Qué tan difícil es perseguir delitos de corrupción en Chile?

No es fácil, no solo del punto de vista investigativo, sino también porque a quienes se persigue son funcionarios públicos o ex funcionarios públicos y eso evidentemente genera una reacción del mundo político defensiva -hasta corporativa muchas veces-, de salir a decir que aquí hay una persecución política. Y la verdad es que los fiscales siempre estamos al margen de los debates de la política contingente, obviamente todos tenemos nuestras ideas, pero no afecta en absoluto las decisiones técnicas que vamos tomando en el día a día. No conozco un caso donde un fiscal haya tomado una decisión técnico-jurídica incidido por una visión política o porque tenga animadversión por un político. Aquí se han condenado y perseguido políticos de distintos partidos, no hay ningún sesgo y eso es una crítica bien injusta que particularmente la resentimos los fiscales adjuntos.

¿Cómo se podría mejorar el trabajo de los fiscales para este tipo de casos tan complejos?

Nosotros hemos planteado crear una Fiscalía Supraterritorial que vea casos de corrupción o de alta complejidad, con fiscales dedicados solo a esta unidad, especializados y formados que también tuvieran apoyo logístico, de infraestructura, con analistas. En este tipo de causas a veces no tienes lo que se denomina “prueba directa”, tienes una prueba que se llama de contexto, indiciaria, por lo tanto, hay que construir una sentencia a través de un proceso inferencial. Cuando se diseñó el Ministerio Público se hizo para los casos más simples: robos, homicidios. Hace 20 años, el tema de la corrupción no era relevante en Chile. Pero con el tiempo se tuvo que acomodar la situación cuando aparecieron los casos más complejos y recién en el año 2010 se creó la primera Fiscalía de Alta Complejidad. Actualmente, se sacan a fiscales de otras unidades para ir en apoyo del fiscal regional, pero en muchos casos no pueden ser exclusivos de la investigación por la carga de trabajo.

Volviendo al caso SQM, ¿Cree usted que el Servicio de Impuestos Internos (SII) tuvo incidencia en la reducción drástica de imputados y condenados ya que no presentó querellas cuando debía hacerlo?

El SII tomó una decisión política de no perseguir este tipo de causa, eso es evidente. La fiscal Perivancich la ofició en más de 10 oportunidades para que tomaran la decisión de querellarse respecto a ciertos delitos y no lo hicieron. Al principio eran querellas con nombre y apellido y fueron restringiéndose hasta no seguir el curso de la investigación. Claramente hubo una decisión del SII de marginarse; y sin su intervención, la ley no permite que el Ministerio Público pueda seguir adelante con estas causas.

La salida de los fiscales adjuntos Carlos Gajardo y Pablo Norambuena al inicio de la investigación también fue cuestionada por la opinión pública.

Ahí hubo una decisión del Fiscal Regional (Manuel Guerra) que le propuso una salida alternativa al senador Iván Moreira (UDI, todavía en ejercicio) para la suspensión del procedimiento. Los fiscales adjuntos no estaban de acuerdo a tal punto que no les pareció admisible seguir en el Ministerio Público porque el senador Moreira ya había sido desaforado. Entonces hasta el día de hoy no se entiende por qué se llegó a una suspensión condicional cuando tenías al Fiscal Nacional, Jorge Abbott diciendo que llevaría todos los casos a juicio oral.  Eso provocó una sensación de desconfianza hacia el Ministerio Público que afectó la legitimidad de la institución.

Otra polémica fue esta misma semana, cuando por la falta de un documento no se pudo comenzar el juicio oral. ¿Es algo que pasa generalmente?

Es algo que no pasa. Los autos de apertura pueden demorarse un poco más, dependiendo de la complejidad de la causa, pero los jueces de garantía, quienes son los que presiden la audiencia de preparación, van con el tiempo redactando el documento. Es una cosa que es inusual y ciertamente complicó el inicio del juicio porque no se puede partir sin el auto de apertura, ya que este documento les permite a las partes saber cuáles son las pruebas que rendirá la contraparte.