La defensa de Marco Enríquez Ominami presentó su alegato de apertura dentro del juicio SQM, que investiga el financiamiento de la política hace ya 8 años.
Fueron casi 200 personas las involucradas en este caso, entre parlamentarios, ex presidentes y empresarios, pero solo 8 terminaron en el juicio oral que comenzó hace unas semanas.
Ciro Colombara, abogado defensor de Enríquez Ominami comenzó apuntando sus dardos al Ministerio Público, calificando su investigación como “plaga de irregularidades, gravemente negligente y claramente torcida”.
La defensa pidió la absolución total de las acusaciones de delito tributario y citó otras investigaciones donde se ha visto involucrado el político y cineasta que han llegado a los máximos tribunales.
“Desde el 2015 se suceden muchas otras acusaciones y en todas las que llegaron a tribunales hemos obtenido sentencias favorables. El caso del señor Marco Enríquez Ominami ha sido catalogado ya por la justicia como no constitutivo de delito”, explicó el abogado en relación al caso OAS donde fue absuelto y pudo participar de la campaña presidencial.
Su trayectoria política se ha visto gravemente afectada por el caso SQM. Para Colombara, “cuando una persona inocente ha sido víctima no de una sino de varias investigaciones penales, claramente la persecución de un inocente provoca que todos sus proyectos personales, familiares, profesionales y políticos se vean severamente afectados”
Esto debido a que Marco Enríquez Ominami trabaja como consultor a nivel internacional además de cineasta. La defensa mencionó que, debido a las cautelares de este juicio que le impiden salir de Chile por dos años, no podrá cumplir compromisos relevantes dentro de Sudamérica y en Francia, donde preparaba un documental.
Caso político
En su alegato, el abogado Colombara definió el caso SQM como un caso político.
“A partir del 2009 cuando fue parlamentario, el señor Marco Enríquez Ominami participó en una campaña presidencial, desafiando al duopolio de ese momento, la Concertación y la derecha. En octubre del 2015 apareció en el primer lugar en todas las encuestas de las presidenciales, hasta el inicio de este juicio y esto es parte de las irregularidades que denuncio, porque las autoridades de la época decidieron cristalizar el caso del financiamiento de la política protegiendo a unos”, dijo el abogado defensor.
Esto en relación a que, al principio del caso, el Servicio de Impuestos Internos se querelló contra algunas personas, pero dejó fuera a otras, lo que impidió que el Ministerio Público iniciara una investigación en su contra.
“Ha querido hacerse un juicio al financiamiento de la política sin considerar que, a la fecha de los hechos el marco regulatorio era muy distinto al actual, antes existía un financiamiento privado, hoy solo se permite el financiamiento público”, explicó Colombara.
“El presidente Aylwin, el Presidente Frei, el Presidente Lagos, la Presidenta Bachelet y el Presidente Piñera, todos tuvieron financiamiento privado y algunos de ellos fueron protegidos en este caso”, agregó el abogado.
Errores de la fiscalía
En su alegato de apertura, la defensa de Marco Enríquez Ominami también apuntó al gasto de recursos fiscales con una investigación de 8 años y con abogados de dedicación exclusiva que no lograban resultados.
“Los ex fiscales, ante la presión de la opinión pública, decidieron buscar atajos jurídicos e inventar tesis para perseguir conductas de manera oblicua. Se inventó el concepto de ‘boletas ideológicamente falsas’. Un buen título, pero sin sustento jurídico; después hablaron del político ‘facilitador’ de estas boletas y a partir de eso se crean megacasos comunicacionales con filtraciones y con fiscales que se transformaron en estrellas de televisión, de radio y redes sociales”, argumentó.
El abogado apuntó también a errores en la propia investigación de la Fiscalía que señala que el Enríquez Ominami emitió 12 facturas por 4 millones de pesos con un total de 44 millones de pesos. “12 por 4 es 48, señores del Ministerio Público”, indicó Colombara.
Después de casi una década de persecución, 51 personas quedaron con la medida de decisión de no perseverar, 68 imputados con sobreseimiento definitivo y 10 personas condenadas en juicio abreviado. 127 terminaron con suspensión condicional del procedimiento, siendo una de ellas la propia empresa SQM que tuvo que pagar 900 millones al Fisco y 1.650 millones de pesos a distintas organizaciones de beneficencia.
