Por 313 votos a 166, la Cámara baja envió en la noche del miércoles al Senado el proyecto, que es un decreto provisorio firmado por Bolsonaro y que tiene fecha de vencimiento para ser aprobado el 22 de junio. El proyecto no incluye a Eletronuclear y a la central hidroeléctrica binacional brasileño paraguaya de Itaipú, la segunda mayor del mundo después de Tres Gargantas, de China.

Para la oposición, se trata de una venta del patrimonio público tan importante como la privatización de la gigante minera Vale do Rio Doce en 1997, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.

Según el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y líder opositor favorito en las encuestas para 2022, "está en marcha un crimen más contra el pueblo brasileño y el futuro de Brasil con la venta de Eletrobras, a la que Bolsonaro quiere vender a precio de banana, poniendo riesgo la seguridad energética de Brasil".

La más codiciada en la fila del plan de desestatización del ministro de Economía, Paulo Guedes, es Correios, la mayor empresa postal de América Latina, que pretenden adquirir empresas como la versión brasileña de Mercado Libre y la estadounidense Amaz.

Eletrobras tiene 48 centrales hidroeléctricas, 62 eólicas, 12 termoeléctricas, dos termonucleares y una solar, además de 70.000 kilómetros de líneas de transmisión. En Brasil, la distribución por estados fue privatizada en los años noventa. De acuerdo con el proyecto, el estado federal debe reducir su participación actual de 60% del paquete accionario al 45%, y el aumento del capital social será por medio de oferta pública de acciones para que cada accionista no pueda tener más del 10%.

El Gobierno federal de Brasil tendrá la llamada acción de oro que dará poder de veto en el directorio. La Asociación de Grandes Consumidores y Consumidores Libres de Energía (Abrace), por ejemplo, estima que la tarifa de la factura eléctrica puede aumentar hasta un 10% para los consumidores en general y un 20% para el sector productivo.

La contratación de termoeléctricas en cantidad y localizaciones preestablecidas puede tener un incremento, según la entidad, de unos 5.000 millones de dólares anuales para todos los consumidores. "La propuesta actual da la señal contraria, de un país que mira hacia atrás e impone a los consumidores la obligación de comprar energía cara. Se socializan costos y privatiza beneficios", dijo el presidente de Abrace, Paulo Pedrosa.

El oficialismo defendió la privatización y el plan ambiental y de empleos ante la crisis hídrica que sufre el país durante 2021, la más grave de los últimos 20 años, que activa de inmediato las centrales térmicas y genera aumentos en las tarifas. El miembro informante del proyecto, Elmar Nascimento, del oficialista Demócratas, afirmó que el texto recibió más de 500 modificaciones y que preserva derechos de los trabajadores ya que los empleados de Eletrobras que serán despedidos y podrán ser enviados a otras empresas del estado.

Dijo que los empleados podrán comprar acciones de Eletrobras con parte de la indemnización en caso de despido. La presidenta del opositor PT, la diputada Gleisi Hoffman, dijo que en caso de llegar al Gobierno nuevamente, habrá una re estatización de la empresa. "Estos liberales brasileños tienen que mirar lo que está ocurriendo con la participación del Estado, y no de las empresas privadas, para rescatar la economía de Estados Unidos y el Reino Unido", afirmó tras detallar las ganancias y la inversión que tuvo Eletrobras en los últimos años. Eletrobras tuvo su capital abierto, así como Petrobras, en los años noventa, y por eso cotiza en la Bolsa de Valores de San Pablo.|