El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú seguía revisando las decenas de apelaciones presentadas por los partidos de los contendientes del balotaje del 6 de este mes y aún no había una fecha estimada para la proclamación del presidente electo, que según el escrutinio oficial es el sindicalista de izquierda Pedro Castillo.
El JNE reiteró en un comunicado que es “falso” que haya ampliado el plazo para la presentación de pedidos de nulidad de actas de votación, lo que reduciría el tiempo del trámite, pues, según fuentes del tribunal, de las 1.090 solicitudes de nulidad de actas de votación presentadas, solo 270 ingresaron dentro del término legal.
El pleno del JNE tenía previsto debatir y votar esta tarde sobre 10 de esas apelaciones. “Nos encontramos cumpliendo los parámetros constitucionales y legales para el desarrollo de nuestra función, entre ellas las de carácter temporal, es decir los relativos a plazos, teniendo en cuenta, además, las interpretaciones constitucionales emanadas del Tribunal Constitucional (TC)”, afirmó el presidente del JNE, Jorge Salas, en un acto oficial.
“Es necesario que la polarización y la división, las fake news y la desinformación no sigan siendo parte de nuestra agenda diaria; como país tenemos que pensar en el futuro”, agregó el magistrado. El expresidente del TC Oscar Urviola, quien se incorporó esta semana como asesor legal de Fuerza Popular (FP, el partido de Keiko Fujimori, competidora de Castillo en el balotaje), afirmó que “no es constitucional” que el término para la presentación de pedidos de nulidad haya vencido alas 20 del miércoles pasado y no a las 24, por lo que “no se está pidiendouna ampliación del plazo” sino que “se está exigiendo que el plazo serespete”.
No obstante, “como demócrata no puedo decir que es un fraude o cosa por el estilo”, reconoció Urviola en declaraciones al diario limeño El Comercio, y rechazó la propuesta de legisladores y militares retirados de anular los comicios porque “las nulidades están previstas en la Ley Orgánica de Elecciones y este no es el caso”, y “todo peruano no aspira a esto”.
En tanto, el asesor legal de Perú Libre (PL, el partido de Castillo), Aníbal Torres, dijo que “ninguna autoridad judicial puede interferir en la justicia electoral” y sostuvo que, con la defensa de las solicitudes fuera de término, el fujimorismo busca “encontrar un camino para un golpe de Estado o para anular las elecciones”.
Asimismo, indicó que el JNE “tiene tres días para resolver” los pedidos, pero “como son varias las apelaciones, se prolongará unos días más” y arriesgó que “máximo serían seis días” los que demorará en proclamar al presidente electo.
Castillo y Fujimori no habían vuelto a pronunciarse hasta esta tarde, tras haberlo hecho anoche, horas después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completara el escrutinio, que tuvo como ganador al primero por 44.058 votos entre más de 17,6 millones de sufragios válidos (50,125% a 49,875%).
“Un nuevo tiempo se ha iniciado; millones de peruanos/as se han alzado en defensa de su dignidad y justicia, gracias a los pueblos de todo el Perú que desde su diversidad y fuerza histórica me han brindado su confianza”, afirmó Castillo en Twitter, y prometió que su gobierno “se deberá a toda la ciudadanía”.
“No nos dejemos confundir, hoy ha salido un resultado de conteo de la ONPE pero falta lo más importante, que es la evaluación de las actas pendientes que tiene el JNE; sabemos que cuando analicen esas irregularidades, lo más probable es que ganemos”, dijo Fujimori en un acto callejero frente a la sede de su partido, en Lima.
Simpatizantes de los dos candidatos seguían movilizados en las calles de la capital, por lo que el ministro del Interior, José Elice, dijo esta mañana que la Policía estaba actuando “con mucha prudencia” con el fin de “evitar enfrentamiento” y “evitar que el proceso de vacunación (contra el coronavirus) sea obstaculizado o impedido”.
Mientras tanto, el economista Pedro Francke, quien forma parte de los equipos técnicos de Castillo, afirmó que el interés del virtual presidente electo es que la inversión privada “crezca y se desarrolle, sobre todo en la agricultura y las pequeñas empresas”, y aseguró que en sus planes “no hay estatizaciones, no hay expropiaciones, no hay confiscación de ahorros”.
“Nadie pretende que dejen de tener ganancias las empresas mineras, es positivo que los empresarios mineros sean conscientes de esto; veo buenas posibilidades de lograr una fórmula que nos ayude como país”, agregó Francke -que fue funcionario de los gobiernos de los presidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala- a la radio Santa Rosa.|