El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas, Tomás Lagomarsino, presentó un proyecto de ley que permite la creación de un nuevo fondo dentro del sistema de salud público Fonasa.

Actualmente, los chilenos que pertenecen a este régimen se dividen en tres fondos: A, B, C y D de acuerdo a sus ingresos. La iniciativa parlamentaria agregaría un fondo E, con el fin de reunir a todos los cotizantes que queden sin cobertura.

“Es un régimen especial en el cual las personas que estuvieron afiliadas a una Isapre que quebró tienen que seguir pagando lo que establece su contrato y recibiendo las prestaciones establecidas en dichos planes firmados por los afiliados”, explica el diputado Lagomarsino.

En diciembre del año pasado, la Corte Suprema acogió una serie de recursos de protección presentados por usuarios contra las Isapres –sistema privado de salud creado en 1981- para que no subieran más sus planes y ajustaran sus valores a los establecidos por la Superintendencia de Salud.

Esto significa que las Isapres ya no podrá configurar sus planes de acuerdo a cada beneficiario (donde, por ejemplo, las mujeres en edad fértil pagan más), sino en su lugar aplicar una sola tabla para todos sus cotizantes.

Además, como los niños menores de dos años están cubiertos por el sistema público de salud, las Isapres no deben incluirlos en su tabla de factores. Es decir, no deben cobrar por las prestaciones de salud para los infantes de esa edad.

El máximo tribunal chileno indicó que la Superintendencia de Salud será la responsable de elaborar un reglamento y velar porque se cumpla lo ordenado por la justicia.

Riesgo de quiebra

Según la Asociación de Isapres, este fallo podría significar pérdidas de 40 mil millones de pesos (49 millones de dólares), y muchas de estas empresas no podrían solventarse económicamente.

Esta semana, la Clínica Indisa informó a los afiliados de la Isapre Cruz Blanca que no podrán contratar prestaciones en el centro de salud, ya que Cruz Blanca no está en condiciones de cumplir el contrato que establecía un reajuste de precios.

La Isapre pertenece al conglomerado inglés Bupa, y el año pasado sus pérdidas sobrepasaron los 44 mil millones de pesos (US$ 54 millones), lo que provocó que a fines del 2022 tuviera que despedir a la mitad de su departamento de ventas.

“Los plazos apremian y no vemos que el gobierno esté ponderando el peligro de una crisis sanitaria de esta magnitud”, dijo Gonzalo Simón, representante de la Asociación de Isapres.

Medidas del Gobierno

Si bien la Superintendencia de Salud todavía no se pronuncia al papel que le toca tras el fallo de la Suprema, desde el Gobierno aseguran que se están evaluando distintas medidas ante una posible crisis de salud como consecuencia de la decisión de la Corte.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, indicó que el tema de las Isapres se está trabajando, pero fuera de la reforma que se está viendo en el Congreso, donde se crea un sistema único de salud.

“Queremos una estrategia de cuerdas separadas, porque (las Isapres) nos han preguntado al respecto a si esto va de alguna forma a empujar nuestra propuesta de reforma sectores, y les aclaré que no, que es un tema separado”, apuntó la ministra.

Actualmente Fonasa, el sistema público de salud, da cobertura al 87% de los chilenos, mientras que el 13% restante corresponde a las Isapres, una cifra que ha ido disminuyendo, debido a las constantes alzas en los planes privados de salud.

De concretarse la insolvencia de estas empresas aseguradoras, más de 3 millones de chilenos quedarían sin cobertura de salud.