Las acusaciones presentadas por los pueblos originarios a Jair Bolsonaro por invasiones y ataques de mafias agrícolas a las tierras indígenas, deforestación, quema de pastizales y destrucción del ambiente, minería ilegal y apoyo a mafias de la minería ilegal en tierras indígenas y propagación de la pandemia de Covid-19 en las tierras indígenas, fueron presentadas ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en el marco de una escalada inédita desde el fin de la dictadura militar, en 1985, iniciada luego de la asunción del mandatario ultraderechista, en enero de 2019.

Es la tercera denuncia presentada ante la CPI contra Bolsonaro, pero por primera vez su autoría es de abogados indígenas, reunidos por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), que representan a casi 1 millón de personas de los pueblos originarios. La presentación, anunciada por los abogados, coincide con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas establecido el 9 de agosto por la ONU.

Desde que asumió, Bolsonaro busca cambiar una ley para permitir la minería artesanal e industrial dentro de las reservas indígenas, cuya creación considera un error porque, según afirma, "obstaculiza" el desarrollo económico.

El excapitán defendió que durante su gestión no habrá más demarcaciones de tierras ancestrales para indígenas, y promueve la siembra de soja entre las tribus, para convertirlas en proveedores del agronegocio plantando en las tierras reconocidas por el Estado.

"Después de la redemocratización, sin dudas, es el peor presidente para los pueblos indígenas", dijo Dinaman Tuxá, director de APIB y uno de los firmantes del pedido, basado también en el concepto de genocidio  utilizado por la CPI en sus sentencias más determinantes, referidas a la guerra de desintegración de la eYugoslavia y a Ruanda.

El rol de Bolsonaro en el marco de la pandemia de coronavirus, que provocó la muerte de 1.100 indígenas, está incluido en el pedido, sobre todo por reducir el accionar de los organismos públicos de protección a las comunidades originarias.

"Creemos que hay hechos en curso en Brasil que constituyen crímenes de lesa humanidad, genocidio y ecocidio. Ante la incapacidad del sistema de justicia en Brasil para investigar y juzgar estas conductas, las denunciamos ante la comunidad internacional, a través de la Corte Penal Internacional ", destacó Eloy Terena, coordinador legal de Apib.

Según un extracto del pedido "el desmantelamiento de las estructuras públicas de protección social y ambiental, y también de las destinadas a proteger a los Pueblos Indígenas, resultó en la escalada de invasiones en Tierras Indígenas, deforestación e incendios en biomas brasileños, y también en el aumento de la minería ilegal en los territorios".

Para APIB, los ataques contra los pueblos indígenas y sus territorios fueron alentados por Bolsonaro en varias ocasiones a lo largo de su mandato. "APIB continuará defendiendo el derecho de los pueblos indígenas a existir en su diversidad. Somos pueblos originarios y no nos rendiremos al exterminio ", enfatizó Terena.

Para Sonia Guajara, líder de APIB, "las soluciones para este mundo enfermo provienen de los pueblos indígenas, y nunca nos quedaremos callados ante la violencia que estamos sufriendo. Enviamos este comunicado a la Corte Penal Internacional porque no podemos dejar de denunciar la política anti-indígena de Bolsonaro. Tiene que pagar por toda la violencia y la destrucción que está liderando".

El exterminio indígena fue puesto de relieve en Brasil el 24 de julio pasado durante una manifestación nacional pidiendo la renuncia de Bolsonaro en San Pablo. Durante la marcha, manifestantes incendiaron una estatua del conquistador bandeirante paulista Borba Gato, que formaba parte de los colonizadores que tomaban tierras y esclavizaban indígenas en el siglo XVII. Por haber quemado neumáticos en torno de la estatua, el líder sindical de los repartidores de comida por aplicaciones digitales, Paulo Galo, se encuentra detenido y con prisión preventiva.

Según informó la APIB en un comunicado, entre los argumentos enviados a La Haya se encuentra "la descripción de las principales consecuencias de la destrucción de la infraestructura pública para garantizar los derechos indígenas y socioambientales: la invasión y despojo de tierras indígenas; la deforestación; la minería ilegal en los territorios y el impacto de la pandemia Covid-19".|