El alcalde de la comuna de La Florida, Rodolfo Carter, aseguró que ingresarán con la fuerza policial para evitar la resistencia de los habitantes. En algunos barrios, delincuentes unen viviendas a través de ampliaciones para guardar o mantener su negocio de drogas.
Un trabajo en conjunto entre las fuerzas policiales, el Ministerio Público y algunos municipios permitirá eliminar las viviendas donde se han detectado tráfico de drogas, provocando una sensación de inseguridad en los barrios donde se instalan.
La municipalidad de La Florida, en la capital chilena, será uno de las primeras en ejecutar estos trabajos que buscan evitar que otras organizaciones se tomen estos lugares, llamados “caletas narcotraficantes”.
“La Fiscalía Oriente nos informa una vez que ellos formalizan a estas personas e indican la vivienda donde se ha ejercido este comercio ilegal. Así nosotros podemos aplicar la Ley General de Urbanismo y Construcción, que permite demoler viviendas irregulares”, explicó Rodolfo Carter, alcalde de la Florida.
Efectivamente, la ley permite al municipio ordenar la demolición de viviendas sin permiso de construcción o con ampliaciones irregulares -como un segundo piso-.
En este caso, algunas de estas organizaciones criminales unen casas a través de ampliaciones y crean nuevas viviendas para poder ejercer el tráfico de drogas.
La ocupación de este tipo de viviendas –muchas veces con lujosas ampliaciones y que se destacan claramente del resto– ha provocado que algunos propietarios de las casas colindantes simplemente decidan irse, provocando un gran daño en los barrios santiaguinos.
Fuerza policial
El alcalde Carter hizo el anuncio en un punto de prensa donde estaban presentes los funcionarios de Operaciones con maquinaria pesada, personal de Seguridad Ciudadana y Carabineros.
El jefe del municipio de La Florida indicó que, cuando comenzaron a notificar a los residentes de estas casas sobre una inminente demolición, muchos no quisieron recibir a los funcionarios.
“Esta es una actividad que va a tener un grado de riesgo. Vamos a entrar antes de que termine el juicio y probablemente nos vamos a encontrar con agresiones verbales o una eventual agresión física”, advirtió.
Los ocupantes de las viviendas son los propietarios o arrendatarios, pero los datos del Ministerio Público indican que están relacionados con estas redes de narcotráfico.
Ante esta situación, Carabineros y personal de seguridad municipal acompañarán a la maquinaria pesada para evitar que los funcionarios municipales sean agredidos.
“Vamos a estar agrediendo al narcotraficante, porque vamos a revelar que ya no es el dueño legítimo. Sin embargo, en algunos casos se les dará un plazo muy reducido para desocupar antes de demoler, pero lo vamos a hacer”, finalizó el alcalde Carter.