Tres líneas de investigación fueron archivadas. El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón firmó dos decretos acordando que no presentará querella contra el padre del actual monarca. En las causas, se investigaba el presunto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca, la supuesta utilización por parte de don Juan Carlos y algunos parientes de tarjetas de crédito opacas, y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.
Si bien se habían demostrado comportamientos irregulares por parte de don Juan Carlos, se entendieron que no eran perseguibles penalmente, debido a la inviolabilidad de la que gozó el rey hasta junio de 2014, (fecha de su abdicación al trono) la prescripción de determinados hechos, y las regularizaciones tributarias voluntarias que llevó a cabo recientemente.
Esta jugada de archivarse las causas, abre las puertas de España nuevamente al rey emérito desde Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020. Pero aún no ha informado su decisión, a su abogado Javier Sánchez-Junco, quien transmitirá lo que decida a la fiscalía. Pero aún en Reino Unido, continúa pendiente la demanda que presentó Corinna Larsen ante el Tribunal Superior de Londres en la que acusa al monarca y al servicio secreto español por "acoso" y "espionaje" contra ella. Además de una indemnización millonaria, la mujer solicitó que no pueda acercarse a menos de 150 metros de ninguna de sus residencias.
En la denuncia establecida en diciembre del 2020, la empresaria acusó al rey emérito y a los servicios secretos españoles de acosarla desde 2012 mediante amenazas, difamación y encubrimiento.
Esto "incluía un seguimiento vehicular y personal, con allanamientos en las propiedades en la que residía, además de sufrir el hackeo de sus teléfonos y computadoras". Afirma también que fue amenazada por el rey emérito, quien presuntamente le dijo que “las consecuencias para ella "no serán buenas" si "no hacía lo que él quería”.
La mujer, nacida en Dinamarca y conocida también como Corinna zu Sayn-Wittgenstein, denunció públicamente en diversas entrevistas e incluso durante su comparecencia como testigo en un juicio en España, que el acoso y la persecución comenzó cuando terminó con su relación con Juan Carlos.
De acuerdo al Financial Times, en el trasfondo del caso está un pago de 65 millones de euros en 2012 por parte de Juan Carlos a la empresaria utilizando fondos que se originaron con un regalo de 100 millones de dólares que recibió el entonces rey español por parte del difunto monarca Abdullah de Arabia Saudita en 2008.
En su demanda, Larsen dice que Juan Carlos le expresó que "quería asegurarse de que ella y sus hijos estuvieran bien, pero le preocupaba que su familia impugnara cualquier cosa que le dejara en su testamento, después de su muerte".
Pero posteriormente, detalla que Juan Carlos le pidió que le devolviera el dinero "o que lo pusiera a su disposición" y cuando ella se negó, él la acusó de robar los fondos y la difamó ante su familia y socios comerciales, así como ante el rey Salman y el príncipe heredero Mohamed bin Salman de Arabia Saudita.
Esto, según ella, le supuso una pérdida de ingresos en su trabajo como "consultora estratégica", ya que trabaja con personas de alto poder adquisitivo y con empresas líderes de todo el mundo. La empresaria también declaró en otra oportunidad que el sultán de Omán le compró un departamento de 50 millones de libras esterlinas en el exclusivo barrio londinense de Knightsbridge, para uso del monarca español.
Según Larsen, Juan Carlos, le pidió que pagara un depósito por los gastos de servicio de unas 200.000 libras esterlinas de la propiedad, pero ella se negó. Mientras tanto, la defensa de Juan Carlos I, aún no respondió al reclamo, aunque está por decidir si la justicia británica es competente para investigar a un exjefe de Estado de otra nacionalidad y que no vive en Reino Unido, señaló un periódico británico.|
