Los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay pidieron a Argentina que suspenda el cobro de un peaje en el tramo de la hidrovía Paraguay-Paraná que atraviesa ese país y que garantice la libre navegación y tránsito por ese corredor natural que tiene salida al océano Atlántico.

En un comunicado conjunto, los cuatro países lamentaron las medidas impuestas por Argentina que, consideran, restringen la navegación en la hidrovía "a partir de la aplicación de un peaje unilateral y arbitrariamente establecido al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras disposiciones reglamentarias internacionales vigentes".

En ese sentido, advirtieron que, pese a los cuestionamientos presentados en el ámbito intergubernamental de la hidrovía, Argentina "continúa impulsando medidas de esta naturaleza". En concreto, se refirieron a una orden de embargo e interdicción de salida de una barcaza cargada y lista para zarpar con rumbo a Paraguay, con base en "la pretensión de cobro del referido peaje".

Los cuatro países -que comparten con Argentina el uso de ese corredor fluvial- expresaron, en ese contexto, su "especial preocupación por tratarse de una restricción a la libertad de tránsito de bienes estratégicos y sensibles para un país signatario" del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que establece el marco normativo para la navegación por esa arteria.

Además, alertaron que el país afectado "tiene comprometido el abastecimiento de combustible", lo cual puede afectar el precio de este insumo.

Esto, agregaron, puede representar "una afectación grave que exacerba la vulnerabilidad de dicho Estado por su condición de país sin litoral". Los cuatro Gobiernos reiteran su solicitud a Argentina de "suspender la aplicación de las resoluciones" del  Ministerio de Transporte por medio de las cuales se estableció el peaje.

De igual forma, piden al Gobierno "adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad de navegación y tránsito y se abstenga de aplicar otras medidas restrictivas" hasta tanto "se resuelva la controversia en el ámbito intergubernamental de la hidrovía".

El pasado jueves, la naviera Mercurio Group S.A. dio a conocer que recibió un día antes de la Prefectura Naval Argentina una "notificación de embargo e interdicción de navegar sobre la barcaza MGT-05". A raíz de este hecho, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, convocó ese mismo día al embajador argentino en Asunción, Óscar Domingo Peppo, para expresar la protesta de su país.

Un día después, anunció en una conferencia de prensa que Paraguay acudirá al Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercado Común del Sur (Mercosur) para resolver la controversia con Argentina, decisión que fue ratificada por el propio presidente de Paraguay, Santiago Peña, en una comparecencia ante los medios.

Paraguay también decidió aumentar el retiro de la energía producida por la hidroeléctrica de Yacyretá -compartida por ambos países-, debido a una deuda que Argentina mantiene con la binacional.