La migración ilegal ha sido un verdadero dolor de cabeza para los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
Reforzamiento de fronteras, cambios a la ley de Migraciones y otras medidas no han impedido que cientos de personas caminen durante kilómetros y se sometan a las reglas de las bandas de los coyotes para llegar a Chile.
La última medida presentada por el Gobierno es el despliegue militar en la frontera, algo que comenzó este lunes. Fue posible gracias a la aprobación de la ley de Infraestructura Crítica, que permite que las Fuerzas Armadas resguarden la frontera, aunque bajo condiciones específicas.
El general Guillermo Altamirano, jefe de las fuerzas de Arica y Parinacota, aseguró que se ha comenzado a “gestionar todos los movimientos del personal y las unidades que ya se desplegaron en la frontera”.
Esto significó que entre los hitos 1 y 24, los efectivos militares aumentaron de 38 a 186. Integrantes de Ejército y Carabineros se unieron en patrullas mixtas para resguardar la frontera.
Los militares solo pueden realizar labores específicas, como controles de identidad y la revisión del equipaje. Sin embargo, la ley les permite utilizar su armamento en caso de que su vida corra peligro.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, llegó a Colchane -la comuna más cercana a la frontera- para inspeccionar el trabajo de las Fuerzas Armadas.
“Establecimos que se instalen en las zonas fronterizas donde hay circulación irregular y en esos lugares hagan tres cosas: controles de identidad, registro de equipaje y detenciones, en el caso de indicios de delitos como un paso irregular por la frontera, drogas o armas en el equipaje o indicios de trata de personas”, dijo la ministra.
Los efectivos pueden detener momentáneamente a una persona, pero deben referirlos a las policías, quienes son los que deben procesar la detención.
Pasos irregulares
Si bien autoridades de la zona norte reconocen que la explosión migratoria habría disminuido, los alcaldes de las comunas de la frontera insisten en que cientos de personas cruzan de manera irregular todos los días.
De acuerdo a los datos del Gobierno, en el año 2020 se registraron 16.848 ingresos por pasos no habilitados, mientras que en el año pasado fueron 38.410. Respecto a la cantidad de migrantes que vive en Chile al año 2021 eran 1.482.390, sin contar a las personas en situación irregular.
Javier García es alcalde de Colchane y el más crítico sobre las medidas que ha implementado el Gobierno para disminuir el flujo migratorio. “Según la unidad de seguridad del municipio, más los videos y fotografías que envían los vecinos, hemos podido constatar el ingreso de 200 a 400 personas diarias por pasos no habilitados”.
El alcalde indicó que el Gobierno maneja cifras de ingresos basados en las autodenuncias, trámite que deben hacer los extranjeros que entran a Chile para poder regularizar su situación. Sin embargo, serían muy pocos los interesados en hacer esta gestión.
Además, García aseguró que “el traslado de los coyotes se ha desplazado a kilómetros del complejo fronterizo de Colchane. Llegan con vehículos desde Bolivia y pasan la frontera hacia Chile, luego esperan vehículos chilenos informales que los trasladan a Alto Hospicio, Iquique y Santiago”.
Actualmente, los extranjeros que llegan a Chile solo pueden ser reconducidos a Perú, ya que Bolivia solo permite que se reconduzcan ciudadanos bolivianos.
El año 2022, 1.070 personas fueron expulsadas del país. Existen las expulsiones administrativas, ordenadas por el Servicio Nacional de Migraciones y las judiciales, que son ordenadas por tribunales para personas que han cometido delitos y tienen condenas menores a 5 años y un día.
