El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de una mujer que figura como proveedora de mobiliario para la empresa Caputo Hermanos destinado a equipar el edificio Espacio Añelo, en la región neuquina de Vaca Muerta.

Se trata de María Isabel Said y Oscar Enrique Sosa sobre quienes el fiscal busca determinar sus movimientos económicos del "periodo comprendido entre mayo 2021 hasta la actualidad y con el fin de contar con información bancaria relativa a las transferencias que pudiera haber recibido provenientes de personas involucradas en el caso".

Respecto a Sosa, se trata del padre de uno de los principales referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal, Leonardo Sosa, en cuyo poder fueron hallados 50 mil dólares durante un procedimiento.

En su caso, se trata de los movimientos de una cuenta en el banco BBVA, sobre la que el fiscal trata de establecer "las transferencias registradas: datos del ordenante y del destinatario" y sobre los cheques, "la fecha, monto, moneda, librador, beneficiario y endosante".

"Todo ello, con el objeto de determinar el origen y destino de los fondos", explicó Pollicita en un documento presentado en la investigación.

Las medidas fueron reclamadas al juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el contexto de un principio de entrecruzamiento de la causa en la que se investigan las actividades de Revolución Federal con la del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El fiscal de aquella causa, Carlos Rívolo, autorizó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a que "comparta" con su colega Pollicita o con el juez Martínez de Giorgi "toda aquella información que surja de las extracciones practicadas sobre los teléfonos secuestrados en la presente causa".

   Se trata de la causa propiamente por el intento de homicidio y entre los teléfonos aludidos –cuya información se compartirá- figura el de Fernando Sabag Montiel, el hombre que gatilló en la cabeza a la vicepresidenta Pollicita reclamó "el levantamiento de los secretos fiscal, bancario y bursátil con relación a las personas mencionadas en este punto, autorizando a esta Fiscalía y a la PROCELAC (fiscalía especializada en lavado, ndr) a cursar los requerimientos correspondientes".

Las medidas parecen apuntadas a determinar si, a través de pagos bajo la explicación de compra y provisión de mobiliario, Revolución Federal recibió financiación por parte de Caputo Hermanos para realizar sus actividades, en las que proclamaba que "los kirchneristas" debían estar "presos, muertos o exiliados".

Sobre los 50 mil dólares hallados en la casa de Leonardo Sosa, en la causa ya se había pedido a la AFIP y al Banco Central que aportaran "la totalidad de la información obrante en sus bases".

En cuanto a Said, el fiscal busca la "información bancaria relativa a las transferencias que pudiera haber recibido" desde mayo de 2021. La mujer de 63 años, figura como proveedora de mobiliario para el edificio en Vaca Muerta, pero no tiene antecedentes ni infraestructura que muestre que se dedica a tal actividad.

La mujer está sospechada de haberle facilitado facturas al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, para que pudiera canalizar a través suyo pagos provenientes de Caputo Hermanos, la empresa vinculada con un ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri.

Pollicita sugirió el rastreo de "la infraestructura y capacidad de los proveedores que habrían efectuado trabajos y/o servicios en favor del Fideicomiso Espacio Añelo".

En ese sentido, apuntó a "los importes facturados por esos contribuyentes, dentro de los periodos fiscales bajo análisis, la facturación informada por terceros a nombre de estos, la nómina de empleados que registraron respecto del período bajo investigación y los importes por ‘consumos relevantes’ que hubiesen sido informados a ese organismo por parte de las empresas prestatarias de servicios".